Mauricio Merino
El lunes pasado comenzó la cuarta Semana Nacional de Transparencia. Como en las anteriores, hay una larga lista de oradores invitados por el titular de ese organismo para debatir sobre la importancia del acceso a la información que produce el Estado. Pero a diferencia de las tres primeras, ahora tenemos una novedad y una deuda muy notables.
La novedad es la reforma al artículo sexto de la Constitución, ya aprobada por el Congreso de la Unión y por 20 legislaturas estatales, que fijará los parámetros mínimos obligatorios a los que deberán sujetarse todas las entidades federativas y los órganos autónomos para hacer posible que cualquier persona, viva donde viva, tenga la misma oportunidad de conocer la información que se produce en el país, en igualdad de circunstancias. La deuda se refiere a los partidos políticos que la aprobaron (qué paradoja), y que sin embargo optaron por quedarse fuera de su alcance, a pesar de ser entidades de interés público.
El argumento que emplearon los autores de la iniciativa para eludir en los partidos la responsabilidad asignada a todos los demás se construyó con una ambigüedad y una promesa: la primera es que esas organizaciones no forman parte del gobierno, y en consecuencia no pueden sujetarse a los mismos parámetros de rendición de cuentas, aunque empleen recursos públicos. En todo caso, esa obligación será del IFE y de los demás órganos electorales de las entidades.
No obstante, la promesa fue la de cambiar los contenidos del Cofipe para regular el modo en que se abrirá de todos modos la información de los partidos, en el marco de la reforma electoral.
Pero aun cumpliendo esa promesa, el problema de la falta de transparencia en los partidos es de mayor calado. En principio, se trata de organizaciones que pueden actuar en todo el territorio nacional, a partir del registro que obtienen ante el IFE. Por ese motivo, no sólo reciben financiamiento federal en abundancia, sino que además obtienen dineros públicos de todos los estados. Para saber exactamente cuántos recursos les otorga el Estado es necesario sumar los montos de las entidades y añadir el federal, cosa que hoy resulta muy difícil por las restricciones que todavía enfrenta el acceso público a la información.
Y aun con la reforma constitucional lograda, seguirá siendo complicado obtener el dato exacto, pues a los dineros en efectivo que reciben los partidos deben agregarse las prerrogativas que cada estado les obsequia de muy distintos modos.
A nivel federal, incluso, es muy complejo trasladar a pesos corrientes el uso que hacen los partidos de la franquicia postal que tienen a su alcance, o el valor total de los espacios de radio y de televisión que se les otorgan mediante tiempos oficiales, o el costo agregado de los apoyos administrativos, oficinas y salarios que corren por cuenta del Estado, en su calidad de representantes ante el IFE.
Y a todo eso deben sumarse las prerrogativas propias de las legislaciones estatales. De modo que aunque los órganos electorales queden obligados por las nuevas disposiciones favorables a la transparencia, para un ciudadano común y corriente seguirá siendo prácticamente imposible saber a ciencia cierta cuánto dinero público reciben los partidos y con qué modalidades. Y todo eso, sin complicar las cosas hasta el punto de descontar los montos de las exenciones fiscales de las que también disfrutan.
Por otra parte, los partidos también pueden recibir aportaciones de particulares, bajo los límites que las leyes les imponen y siempre que éstas sean menores que el financiamiento público. El problema es que esos montos no son (ni serán) exigibles mediante las normas de acceso abierto a la información pública, pues se trata de recursos regulados por la legislación electoral.
La gente puede preguntarles a los órganos electorales cuánto dinero del erario público le entregan a los partidos, pero no puede saber cuánto más obtienen del financiamiento privado. Para conocer ese dato incierto, ha de esperar hasta que concluyan los procesos de fiscalización que se realizan cada año, y confiar en que sus autoridades podrán conocer el origen de todos los recursos que obtuvieron los partidos. Cosa que hoy es imposible, como revelaron con nitidez los 281 mil spots publicados durante las campañas del 2006, y cuyo origen sigue siendo un misterio.
Además, las normas y los procedimientos que siguen las entidades federativas del país para fiscalizar los recursos partidarios son diferentes. Aunque los partidos tienen un registro nacional y actúan como unidades políticas en todo el territorio, sus dineros son fiscalizados de manera fragmentaria en cada estado. Y nadie puede asegurar que esos métodos ofrezcan resultados complementarios, pues cada órgano electoral tiene métodos distintos para llevar a cabo la fiscalización y cada uno responde a sus propias restricciones.
Y por si esto fuera poco, todavía hay que añadir que los partidos pueden hacer transferencias de dineros públicos o privados con toda libertad, para reforzar sus actividades en cualquier entidad de la República, mientras que el IFE y los órganos estatales solamente pueden revisar los montos que ellos mismos les entregaron. De modo que, al final, es técnicamente imposible hacer sumas confiables.
De ahí que la promesa de reformar el Cofipe para ganar transparencia en los partidos sea muy poco útil. Acaso obligará a abrir una parte de la información que se deriva del financiamiento público que les entrega el IFE, pero esa reforma mantendrá en sigilo el resto de los montos que reciben en las entidades. Y tampoco podrá romper el secreto obstinado que mantienen sobre el origen de las aportaciones privadas, y menos aún cuando éstas se justifiquen al amparo de legislaciones estatales.
Es mejor admitir sin matices y sin vueltas que la transparencia no ha llegado a los partidos, para evitar que la reforma constitucional que obligará a todos los gobiernos se convierta en una bola de humo para esconder ese hecho irrefutable. Los políticos profesionales, una vez más, están en deuda.
Profesor investigador del CIDE