Alberto Aziz Nassif
Momentos de definición importantes cruzan por el México polarizado que nos dejó el proceso electoral de 2006. El país ha entrado a una fase de definiciones institucionales de fondo que se están dirimiendo dentro de los entramados jurídicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso un alto a la arbitrariedad de los poderes fácticos de la televisión: dio marcha atrás a la entrega de espacios públicos que el año pasado hizo el Congreso de la Unión -327 diputados y 81 senadores-, y que más tarde ratificó el Ejecutivo, el hoy ex presidente Fox. La SCJN ejerció a plenitud su carácter de tribunal supremo y dirimió la controversia.
Terminó el proceso y el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron 47 senadores, tuvo éxito. Después de ocho sesiones públicas la SCJN detuvo el atraco y restituyó al Estado un espacio público vital para el país: el espacio radioeléctrico que ya se habían escriturado las televisoras, con la firma de los legisladores y del entonces Presidente. A pesar de que México es un país de memoria corta, ahí quedan las imágenes de los legisladores que subordinaron a la Constitución a sus intereses particulares. A pesar de que la responsabilidad pública no tiene mecanismos jurídicos de penalización, se tiene que dar al menos una sanción pública de opinión a esos legisladores.
La Corte se somete a una complicada maquinaria democrática, en la cual hay un número necesario de votos para que una ley, un artículo o simplemente un párrafo de un artículo pueda considerarse inconstitucional. Se necesitan ocho de los 11 votos. Así que los números juegan un papel relevante. En el litigio sobre la Ley Federal de Radio y Televisión se ganaron los puntos estratégicos para la causa de los 47 ex senadores que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad, que es la causa de una visión que apoya un proyecto democrático sobre medios y telecomunicaciones. Se trata de regular a un sector clave, quitar los privilegios, garantizar la pluralidad del sector y lograr la modernización tecnológica que necesita el país. Así lo entendieron los ministros de la SCJN, que lograron los consensos, a veces con mayoría de votos y otras por unanimidad.
Una mención especial merece la forma como se hizo el procedimiento: la transparencia con la que la Corte trabajó, discutió y procesó el expediente contrasta como blanco y negro con la forma como el Congreso y el Ejecutivo se comportaron, con una negociación en las condiciones más oscuras, sobre todo en la Cámara de Diputados en aquel ya lejano diciembre de 2005, cuando se aprobó la ley en unos cuantos minutos sin ninguna discusión. Contrasta también con la cara dura de los senadores que defendieron el proyecto por consigna, sin argumentos, o el fast track en el que Fox publicó la ley; todos esos momentos serán parte de una historia vergonzosa para esos representantes y esos poderes.
Los temas importantes que se ganaron porque se decretó su inconstitucionalidad fueron los siguientes: contra el privilegio de los concesionarios de radio y televisión para prestar servicios de telecomunicaciones (artículos 28 y 28-A, Ley Federal de Radio y Televisión); contra el refrendo automático de las concesiones (artículo 16); contra la subasta como mecanismo para la asignación de concesiones (artículo 17-G ); contra el plazo de 20 años para las concesiones (artículo 16); contra la discrecionalidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para asignar concesiones (artículo 20).
Hubo varios puntos que también se decretaron como inconstitucionales, pero no se logró la mayoría de ocho votos, como el sistema escalonado para los nuevos comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y el sistema diferenciado para otorgar concesiones y permisos para radio y televisión.
También se validaron al menos unas seis de las impugnaciones en las que los ministros decretaron que no había inconstitucionalidad, sobre todo en materia de la Cofetel: se queda como órgano desconcentrado; sí hay un régimen legal diferenciado entre telecomunicaciones y radio y televisión. Al final se estableció el vacío en materia de medios para los pueblos indígenas, que ni siquiera aparece en la ley. Por eso dijo el ministro Góngora Pimentel: “Hagamos evidente en la sentencia que el legislador lleva seis años violando la Constitución e infligiendo una nueva herida a los pueblos indígenas”.
Sería lamentable que se ratificara a los actuales integrantes de la Cofetel, porque ese reparto de posiciones fue la cereza del pastel de la alianza entre televisoras y legisladores. La actual Cofetel no tiene ni un mínimo de autonomía, más bien está “capturada” por las televisoras a las que se supone que debe regular, como lo reconoció el propio secretario Luis Téllez.
Ahora el discurso políticamente correcto apunta hacia la oferta que ya hicieron algunos legisladores para hacer una nueva legislación, pero desde una perspectiva ciudadana existen razones fundadas para desconfiar en que ahora sí los mismos legisladores, que sólo cambiaron de cámara, van a legislar de acuerdo a los intereses públicos de la nación. Varios de los legisladores que apoyaron la hoy muerta ley Televisa han cambiado de cámara.
Desafortunadamente, los principales actores, las bujías que promovieron la inconstitucionalidad, están fuera del Congreso. Por eso, nada garantiza que las batallas que acaba de dar la SCJN se vayan a traducir en nuevas reglas sin privilegios, sin discriminación y sin abusos, ese es el problema de fondo. ¿Cómo lograr que los legisladores discutan de cara a la nación y que no vuelvan a predominar los arreglos en lo oscurito y los intereses de los poderes fácticos de las televisoras privadas?
La lección de la SCJN establece un clima republicano y democrático para que los intereses de los políticos, los partidos y los poderes Legislativo y Ejecutivo tengan un mínimo de visión de Estado y moderación ahora que, supuestamente, viene una reforma de las instituciones. Si eso se logra, entonces habrá tenido repercusiones el ejemplo que acaba de dar la SCJN, porque significaría que todavía hay Estado, y en estos tiempos de conservadurismo y globalización, sería un logro para la vapuleada democracia mexicana. Pronto lo sabremos.
Investigador del CIESAS