Ambulantaje, “política del garrote”
Combatir la pobreza, solución real
ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Si en verdad se quisiera acabar con el ambulantaje, la fórmula es muy sencilla: erradicar la pobreza, la pobreza de quienes viven de él, la del ejército de reserva que está siempre listo para incorporarse a esa práctica y la de los compradores que retroalimentan ese fenómeno provocado por un sistema económico injusto y por la incapacidad de los gobernantes de generar políticas alternativas de desarrollo eficaces.
Pero como ninguna autoridad de cualquier nivel está dispuesta a asumir una decisión de esa trascendencia social, por los cuantiosos recursos que consumiría y porque iría en contra de los fundamentos de la desigualdad, lo que hace es tolerar la economía informal, controlarla, sacar provecho político y económico de ella y, si el problema se le sale de las manos, reprimirla.
Los disturbios que se vivieron el sábado en el centro de Tuxtla por los enfrentamientos entre inspectores y policías municipales contra grupos de ambulantes, es la consecuencia de la irresponsabilidad de las administraciones locales recientes que en lugar de generar políticas públicas de contención del fenómeno de la informalidad, lo consecuentaron, se aprovecharon de él electoralmente e incluso lo fomentaron hasta hacerlo crecer a niveles incontrolables. Basta con recorrer la zona sur del centro, para constatar cómo el comercio informal ha ido devorando los espacios de esa zona de la ciudad. Y ese desmesurado crecimiento a la vista de todos, que se propaga a cruceros, parques y zonas aledañas a mercados, no pudo darse sin la complicidad de las autoridades capitalinas.
Pero lo peor de todo es que después de la negligencia con la que se han conducido, ahora el Ayuntamiento encabezado por Samuel Toledo Córdova quiera controlar el problema de la manera más burda y pedestre –aplicando la “política del garrote”—, cuando se sabe que en otras ciudades del país que sufren el mismo fenómeno la coerción no funciona, que es más costosa socialmente si no va acompañada de diálogo y alternativas concretas, viables, de reordenamiento.
Y en esta situación riesgosa para la estabilidad de la capital chiapaneca, los comerciantes establecidos y los empresarios afectados no están exentos de responsabilidad, pues de un tiempo a la fecha han venido exigiendo sistemáticamente que se erradique a los vendedores ambulantes con argumentos que van desde los económicos hasta de imagen urbana, pasando por aquellos que conllevan tintes discriminatorios. Cabe señalar también que este sector se ha autoexcluido del proceso de solución del problema; su papel, además de presionar para que se implementara el “Operativo Limpieza”, se ha reducido a respaldar las acciones coercitivas de las autoridades y a denostar a los ambulantes, cuando debería tener una participación primordial en el diseño y en la aplicación de los programas de reordenamiento, aportando ideas, pero también recursos para adquirir terrenos o construir la infraestructura que dé albergue a las cientos de personas que saldrán perjudicadas con las medidas.
La llamada “economía subterránea”, que ya no lo es porque 60 por ciento de la población ocupada del país forma parte de ella –según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía—, se debe a que no hay creación suficiente de empleos formales, pero también a que –al menos en Chiapas— dichos empleos no son bien remunerados, o cuando los hay no existe mano de obra calificada que los ocupe; o a las olas migratorias del campo a la ciudad de jóvenes y familias completas de indígenas desposeídos en cuyas comunidades no hay más futuro que la miseria.
En este sentido, la solución del ambulantaje como fenómeno económico-social, no como problema de imagen urbana, debe ser integral, que contemple diálogo, convencimiento, espacios alternativos de venta, incentivos de capitalización, apoyo publicitario, beneficios educativos y sanitarios, pero sobre todo atacar las causas de fondo que impida la reproducción de las condiciones de desigualdad que generan cada vez personas más pobres. Si la pobreza no disminuye de manera significativa, siempre habrá “materia prima” dispuesta a ganarse la vida fuera de los esquemas económicos convencionales que hasta el momento, para miles de chiapanecos, no han significado una vía segura para una existencia digna.
El ambulantaje, debemos recordarlo, es una consecuencia de un modelo económico injusto; y su combate, es una exigencia de sus beneficiarios, de los que están en la cima de la pirámide. Por eso, la cúpula empresarial del país recomienda a los gobiernos “que todas las medidas que buscan mejorar nuevos empleos formales se deben basar principalmente en un estímulo a la inversión, para lo cual es indispensable conjuntar diversos cambios en materia fiscal, legal, laboral, entre otras, de tal forma que se genere un entorno seguro para el capital”. De empleos mejores pagados, de combate a la marginación, de reducción de la desigualdad, nada.
REMOLINO.- No sorprende que el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor aproveche cualquier coyuntura para hacerse publicidad y estar siempre presente en los medios, pero actúa mal al mostrar preferencia por una de las partes en el conflicto entre ambulantes y autoridades capitalinas; como representante popular, debiera asumir una postura neutral y escuchar a todos los sectores involucrados y, a partir de ahí, coadyuvar a la solución del problema; su tarea debiera estar orientada a generar consensos no a polarizar a los capitalinos. De hecho es una buena coyuntura para conocer el trabajo de los legisladores locales, aunque lo más seguro es que primero quieran crear una comisión más que bien podrían denominar de “Ambulantaje” o de “Economía del Triciclo”.
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