Manuel Velasco, ¿gobierno tutelado?
Gabinete de compromisos y cuotas políticas
ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
La incógnita quedó resuelta: en Chiapas no habrá gabinete velasquista. El primer nivel de colaboradores del gobernador Manuel Velasco no reflejará la “fuerza” que le dio una apabullante victoria en las urnas; al contrario, será la expresión de la influencia de los grupos que lo llevaron a la gubernatura. Es decir, el gabinete no tendrá el sello de un equipo propio y tampoco estará ahí representada la ciudadanía como necesario contrapeso a las facciones políticas y económicas que cada sexenio se disputan las posiciones de poder. Se impusieron los compromisos con las camarillas en detrimento de un proyecto plural e incluyente.
Velasco informó el lunes durante la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo, que no hay retraso en el nombramiento de sus colaboradores porque, confirmó, varios de los funcionarios de la administración pasada “seguirán conmigo”. En una declaración que ignoraron los medios, explicó que hay una evaluación de las personas convocadas al ejercicio de la función pública y de los servidores que vienen de la pasada administración, que el procedimiento para la designación de sus colaboradores va bien, e incluso resaltó que hay funcionarios del gobierno anterior con muy buenos resultados, como es el caso del procurador Raciel López Salazar.
Con estas declaraciones queda claro que al menos hasta junio, cuando se espera que haya una reestructuración de la administración pública, seguirán en sus cargos los secretarios de Gobierno, Noé Castañón León; de Desarrollo y Participación Social, Alejandro Gamboa López; de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo; del Campo, José ángel del Valle Molina; de Transporte, Carlos Raymundo Toledo; y por supuesto, López Salazar, entre otros.
El problema de esta decisión es que es muy costosa en términos de legitimidad, pues dichos funcionarios formaron parte de un gobierno profundamente manchado por la sombra de la corrupción, circunstancia muy perjudicial para una administración que apenas está naciendo y en general para un sistema que aspira a mejorar su democracia.
En estas circunstancias, el de Manuel Velasco se advierte como un gobierno atado a los intereses de los grupos de poder, continuista y tutelado por su antecesor Juan Sabines y la poderosa facción alborista; y mientras no haya un incontrovertible golpe de timón, ante los ojos de la opinión pública tendremos un nuevo gabinete de subsecretarios comandados por lo que podría denominarse un “subgobernador”.
El titular del Ejecutivo tiene los instrumentos institucionales y la capacidad de gestión de apoyos políticos para sacudirse las rémoras, las herencias perniciosas que están obstaculizando la consolidación de su mandato; sólo tiene que voltear al pasado inmediato para conocer algunos ejemplos. Sin embargo, si en el corto plazo no logra tomar todos los hilos del poder, su gobierno podría adquirir un alto nivel de vulnerabilidad que a la postre lo acabarían convirtiendo en rehén de las disputas de los grupos políticos entronizados, con los riesgos que ello conlleva en términos de ingobernabilidad.
REMOLINO.- Es bastante discutible la apreciación de que la labor hecha por el procurador Raciel López Salazar haya redundado en una mayor seguridad para Chiapas. Sólo hay que ver el registro de las secciones policiacas de los diarios – que no reflejan todos los hechos delictivos—, para darse cuenta de que la delincuencia no ha bajado su actividad y recurrentemente nos muestra su rostro cruento. Menos creíble es esa percepción cuando las propias autoridades policiacas tácitamente se declaran incapaces de contener la inseguridad al pedir el apoyo del Ejército Mexicano en sus operativos de vigilancia. También quedan en entredicho los supuestos logros de la Procuraduría, si para procurar justicia viola la ley y los derechos humanos de los presuntos culpables, como lo constató recientemente el Consejo Estatal de Derechos Humanos al emitir contra esa dependencia dos recomendaciones por tortura. Ante estas evidencias, lo cierto es que el discurso de la “ciudad segura” o de que somos uno de los estados más seguros del país, está agotado. Además, habría que cuestionar qué tan cierta es esa reiterada declaración de López Salazar de que Chiapas está libre de la influencia de los cárteles del narcotráfico. ¿Usted qué cree?
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