Poder Judicial, resistencia a la austeridad
Exorbitantes sueldos de la alta burocracia
ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
En el proceso de control de daños que la élite gubernamental chiapaneca implementó para atenuar las graves consecuencias del despilfarro de las arcas públicas, la alta burocracia del Poder Judicial (PJ) del estado es la que más se ha mostrado reticente a asumir los costos de la efímera abundancia que generó el sobreendeudamiento y de la cual se benefició vía el presupuesto.
Al plan de austeridad que convocó el gobernador Manuel Velasco, fue la última instancia que se sumó a la propuesta y lo hizo con reservas. Mientras que el Ejecutivo y el Legislativo anunciaron una reducción del 50 por ciento de los salarios de funcionarios de alto nivel –y otros recortes administrativos—, el magistrado presidente del Consejo de la Judicatura, Óscar Rolando Ramos Rovelo, sólo anunció medidas de ahorro que pretenden “eficientar los recursos públicos y eliminar los gastos innecesarios, procurando ante todo la transparencia en las finanzas públicas”.
En este sentido, se indicó la restricción en la contratación de personal eventual de confianza; cancelación de contrataciones de asesoría, capacitación, consultoría, estudio e investigaciones; reducción de las comisiones de trabajo y el número de comisionados, para ahorrar en viáticos y pasajes; adquisición de bienes y la contratación de servicios “de manera consolidada”; suspensión de adquisición y sustitución de mobiliario y equipo; así como otras medidas orientadas a comprimir gastos en combustible y telefonía fija y móvil.
Sin embargo, el magistrado nada mencionó sobre la posibilidad de reducirse los espléndidos salarios que se pagan en el Poder Judicial (Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, Tribunal Electoral y Tribunal del Trabajo Burocrático), que van desde 27 mil pesos mensuales para un jefe de departamento hasta 208 mil y 227 mil para los magistrados presidentes; y donde un asesor puede llegar a percibir hasta 67 mil pesos al mes.
Fue el 28 de enero, 19 días después del primer anuncio, que los titulares de las instancias del PJ dieron a conocer el “Pacto Solidario a la Función Judicial por Chiapas” que establece la “reducción voluntaria de sueldos a titulares del Consejo de la Judicatura, magistrados y jueces que integran el Poder Judicial del Estado de Chiapas, así como de diversos funcionarios adscritos a áreas administrativas, con la finalidad de unir esfuerzos y solidarizarse con las medidas de austeridad propuestas por el gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, ante la adversidad financiera que atraviesa la entidad”.
No obstante lo anterior y pese a que se ha recalcado el compromiso con la transparencia, dicho pacto resulta opaco y hasta dudoso en el cumplimiento de su objetivo, pues omite mencionar el porcentaje de la reducción de las percepciones o si éste queda a la voluntad de cada quien; tampoco se sabe cuál será el mecanismo administrativo o la justificación jurídica para salvar la prohibición constitucional de reducirse sus salarios, y también se desconoce el destino que tendrá ese eventual ahorro. Sólo se menciona de manera general que con el Pacto se ahorrarán 140 millones de pesos en el ejercicio fiscal del 2013.
Pero además, Ramos Rovelo mintió a los chiapanecos y a los trabajadores del Poder Judicial, pues nunca mencionó que el plan de austeridad contemplaba la reducción de personal, medida que ya se está materializando con el velado despido de 400 empleados, a quienes se les ha exigido su renuncia “voluntaria” sin los beneficios de la liquidación laboral respectiva que por ley les corresponde.
De acuerdo con lo anterior, es evidente que las autoridades judiciales de nuestro estado, entre los que habría que incluir al titular del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, Alberto Peña Ramos; y al presidente del Tribunal del Trabajo Burocrático, José Lauro Castillejos Matuz, se resisten a que sus privilegios pecuniarios se vean afectados, pretendiendo trasladar el mayor costo de la austeridad a la base trabajadora. Y eso es un infame acto de injusticia, muy alejado de la solidaridad que se proclama.
Sin duda la alta burocracia del Poder Judicial se acostumbró a vivir en la abundancia cuando en el 2012 ejerció un presupuesto de 825 millones de pesos, 300 millones más que en el 2011 y 450 millones superior al de 2010; pero ahora que a la institución se le redujeron sus egresos a casi la mitad (430 millones), se resiste a la vida austera a la que obliga la crisis económica gubernamental.
En esta grave coyuntura, el magistrado Óscar Rolando Ramos Rovelo, debiera recordar –y aplicar— esta frase de su autoría: “Las Instituciones dedicadas a servir a la ciudadanía, están obligadas a cumplir los compromisos de transparencia, honradez, austeridad y el pleno respeto a los derechos humanos”.
AVISO: El vínculo web que ofrece la información de Transparencia del Poder Judicial, específicamente el que remite a las remuneraciones de los integrantes del Tribunal Constitucional, se encuentra inhabilitado desde hace varios días. ¿Coincidencia o premeditación?
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