Pugnas de poder en el Consejo de Derechos Humanos
Ejecutivo y Legislativo dejan que se pudra el conflicto
ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Una institución que debiera ser ejemplo de prestigio, honestidad, armonía y discreta eficacia, hoyAñadir un evento para hoy se muestra como una cantina de baja ralea donde reina el escándalo, los pleitos interminables, las agresiones verbales y los manotazos sobre la mesa. El Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es el escenario de una grilla vulgar azuzada por las pugnas de poder y de protagonismos entre los cinco consejeros que lo integran, donde lo que menos les importa es la reputación del organismo encargado de promover y defender nuestras garantías individuales.
Lo peor de todo es que el conflicto está pudriéndose y nadie hace nada para impedir su descomposición. Ni el Ejecutivo que promulgó el decreto de su creación ni el Legislativo que aprobó la ley que lo rige, se han dado por aludidos sobre el problema del CEDH cuyas manifestaciones son francamente vergonzosas.
Bajo la justificación falaz del respeto a la autonomía del organismo, los dos poderes se han lavado las manos, pero lo cierto es que queda bajo su responsabilidad resolver la pugna que está dañando la imagen del Consejo y de todo el gobierno, porque se esparce la percepción de que reina la indolencia y el caos en las instituciones; es decir, que la gobernabilidad es frágil.
Entre las funciones de los gobernantes está la de dirimir conflictos entre particulares, pero también actuar como árbitros ante los diferendos institucionales; sin embargo, por negligencia o intereses políticos han abdicado de sus deberes.
¿Dónde están los buenos oficios del secretario de Gobierno, Noé Castañón, para que con discreción, respeto y firmeza siente a dialogar a los involucrados y encontrar una salida negociada al problema? ¿Por qué no ha hecho un pronunciamiento similar al que hizo recientemente para evitar pugnas por la injerencia de autoridades en elecciones partidistas?
¿Qué han hecho al respecto Neftalí del Toro Guzmán, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso; Noé Castañón Ramírez, presidente de la Mesa Directiva; Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la Comisión de Gobernación; y José Antonio Albores Trujillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos?
¿Dónde están los operadores políticos del gobernador? Por qué Juan Carlos Gómez Aranda no cumple su papel de principal asesor de Manuel Velasco y de secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, entre cuyos objetivos está el de procurar la eficacia de las políticas públicas, una de las cuales son los derechos humanos?
Por los datos y señales que han salido a relucir en la confrontación, todo parece indicar que la inacción del Ejecutivo y el Legislativo se debe a que en el seno del CEDH se libra una velada pugna de poder contra los enclaves sabinistas en la cual no quieren intervenir para dar la impresión de que las lealtades políticas con el gobierno anterior siguen intactas.
Y en este sentido, lo que hoyAñadir un evento para hoy estamos presenciando son las perniciosas consecuencias de que el gobierno promueva el arribo de consejeros ligados más a los intereses de las autoridades en turno que a una vocación de servicio a los ciudadanos, como es el caso de Florencio Madariaga Granados quien desde que llegó a la institución mostró sin pudor sus ánimos de venganza contra el exgobernador Pablo Salazar, en cuya administración fue encarcelado por presunto delito de peculado cuando estuvo al frente del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Bajo estas circunstancias y tomando en cuenta el nivel del deterioro que ha alcanzado la institución en pugna, la solución del conflicto en el Consejo Estatal de Derechos Humanos va más allá de un pacto de no agresión entre sus integrantes. Se requiere no de una salida emergente, sino de un proceso de refundación que incluya la remoción de los cinco consejeros y la elección de otros que cumplan el perfil idóneo para un organismo fundamental en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de las autoridades. Sus integrantes deben ser abogados prestigiados, de trayectoria profesional intachable, surgidos del servicio público, la academia, o bregados en las luchas sociales, comprometidos con los valores democráticos, no con degradados intereses políticos. Veremos si el gobierno, principalmente el Congreso, tiene el arrojo de encabezar una reforma de esa dimensión, la cual le haría muy bien a la vida institucional de Chiapas. Aunque, la verdad, este escenario es bastante improbable.
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