ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Las élites políticas y económicas casi siempre han caminado juntas para reproducir las condiciones del sistema de gobierno donde ambos satisfacen sus intereses de poder. En Chiapas esa relación ha sido bastante estrecha porque la prosperidad de los empresarios depende en buena medida del recurso público que haga circular el Ejecutivo y de los programas de fomento económico que ponga en marcha durante su gestión. Sin embargo, cuando el lubricante monetario es escaso, fluye con dificultad o corre por las cañerías de la corrupción, esa relación se empieza a pervertir hasta generar descontentos, fricciones o confrontación. El respaldo político mutuo que necesariamente acompaña el pacto cupular, en ese contexto también sale dañado, más si hay una relación subordinada y no de respeto entre iguales.
La pugna interna que hace poco ventiló públicamente la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)-Chiapas, así como las recurrentes críticas de algunas organizaciones de la iniciativa privada hacia el gobierno, son el reflejo de que la relación sexenal entre esos aliados dejó una crisis de estabilidad cuya solución aún está por definirse.
Los que resultaron más afectados fueron los empresarios que, por conveniencia o temor, consintieron la injerencia del gobierno en sus decisiones internas, y ya aceptado el yugo, fueron usados y manipulados para legitimar las acciones gubernamentales, además de servir de mercenarios para golpear a los enemigos políticos del Ejecutivo. En la superficie todo parecía ir bien entre las élites por mutua conveniencia, pero en el caso de la Coparmex la unidad interna empezó a resquebrajarse por la abyección con que actuaba su dirigencia. Javier Utrilla Parrilla –entronizado por Juan Sabines— desdeñó el descontento de los socios y a toda costa se mantuvo en la presidencia pasando por alto incluso los exhortos de la Coparmex nacional; sin embargo, huérfano del respaldo de Palacio al terminar el sexenio, no le quedó más remedio que retirarse del puesto para dar paso a un consejo directivo que restaure la armonía perdida.
Quienes también sucumbieron a esa relación perniciosa con el gobierno fueron los integrantes del gremio constructor; luego del consabido estira y afloja de inicio de sexenio, en el que se definen las reglas no escritas del negocio de la obra pública, la “alianza” parecía ir sobre ruedas; la fuerte inversión en infraestructura pública aceitó los engranajes de la maquinaria constructora a la vez que se armaba el andamio de la degradación. La relación contractual derivó en contubernio para esquilmar al erario y mientras todos se llevaran la tajada convenida, no había porqué cuestionar los métodos. La connivencia llegó a tal grado que un miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción llegó a ser el titular de la Secretaría de Infraestructura. Sin embargo, cuando una de las partes empezó a incumplir con el pacto, la protesta de los constructores estalló para reclamar los adeudos que el gobierno no había saldado por una “misteriosa” falta de liquidez al final del sexenio. Se sintieron traicionados e incluso arremetieron contra su colega, el secretario Alfonso Fong Dubón, quien administró el conflicto hasta donde pudo pagando una parte de la deuda y heredando el resto al gobierno entrante.
Maltrecha quedó también la relación con la Cámara Nacional de Comercio, que siempre se distinguió por formar parte del coro de alabanzas a las políticas oficialistas. En ese tenor, los comerciantes aceptaron sin chistar el proyecto de remodelación ¡Qué viva el centro!, con el argumento de que sería rápida y sumamente beneficiosa para sus negocios. Sin embargo, la obra resultó un desastre por demorada, mal planeada, fastidiosa, técnicamente mal hecha e inconclusa, que repercutió en la quiebra de muchos comercios y en pérdidas millonarias, de las cuales les será difícil recuperarse en el corto plazo no obstante los apoyos crediticios gestionados por el gobierno para paliar el descontento.
Con estas malas experiencias –descritas aquí someramente— lo lógico, lo sensato y lo más sano para la sociedad, sería que los empresarios, constructores y comerciantes replantearan a conciencia los términos de la relación entre iniciativa privada y Ejecutivo para que se cimentara en la honestidad, el respeto, la equidad y la no injerencia. Pero por desgracia no parece haber buenos augurios en ese sentido. Lo que se percibe hasta hoyAñadir un evento para hoy no es una refundación sino una restauración de los arreglos cupulares con las nuevas administraciones estatal y municipal.
Renovadas las promesas gubernamentales de apoyo, los organismos privados siguen reproduciendo los mismos patrones de conducta con tendencia a la subordinación y a ser dóciles legitimadores de los programas y acciones oficiales; se han volcado en elogios para el alcalde Samuel Toledo por el operativo policiaco contra los ambulantes y a favor del caricaturesco Pacto por Tuxtla; y ahora también se suman a la campaña contra las manifestaciones del magisterio.
Es evidente que empresarios y comerciantes tienen una alta dependencia del presupuesto gubernamental y no quieren quedar excluidos del reparto, así tengan que jugar el denigrante papel de vasallos. Francisco Nazar Alvarado, futuro líder de la Coparmex en Chiapas, ya lo dejó claro: “a los gobiernos les sirve tener organismos empresariales unidos y fuertes”.
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