* Equidad de género no es cuestión de números
* Empoderamiento, maquillaje del discurso oficial
ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Gobiernos, políticos y organizaciones feministas suelen congratularse con recurrencia de que aumente el número de mujeres funcionarias o en puestos de representación popular, como una forma de reconocer que la igualdad de género en los diferentes ámbitos de la sociedad se está consolidando. Sin embargo, el problema es que los logros de esa lucha por la equidad están quedándose sólo en una cuestión de números, relegando a un segundo plano la importancia de su potencial transformador del andamiaje institucional y cultural sobre los que está cimentado el machismo.
Es loable que cada vez haya más diputadas, senadoras, alcaldesas, regidoras, ministras, juezas y secretarias en los gabinetes del Ejecutivo, pero el debate que debería plantearse es si esa mayor presencia en los espacios de toma de decisión pública, se ha traducido en avances sustanciales en las condiciones de vida de la mujer y en una sociedad más equitativa entre géneros, o bien está convirtiéndose en un mecanismo legitimador del sistema que por un lado cede posiciones pero que en lo fundamental sigue oprimiéndolas.
A juzgar por los hechos y por las demandas que el sector sigue reivindicando, la hipótesis es que sigue habiendo un gran déficit de respuestas a la problemática de la mujer y que la equidad es todavía un espejismo. A través de años de lucha es innegable que se han conseguido importantes avances legislativos y se han elaborado políticas públicas con visión de género, pero es evidente que no han sido suficientes para resolver problemas como la violencia intrafamiliar, los feminicidios, los delitos sexuales, la trata de personas, la precariedad laboral de las empleadas domésticas o las meseras de bares y cantinas, entre otros.
Bajo estas circunstancias queda claro entonces que un mayor número de mujeres en espacios de poder no es directamente proporcional a mejores condiciones, y que el tan publicitado “empoderamiento” funciona más para vestir el discurso oficial que para ofrecer soluciones concretas.
Una de las explicaciones a esta paradoja es que la gran mayoría de quienes están en el Congreso, los gobiernos o los ayuntamientos, no son las activistas o luchadoras por los derechos de la mujer, sino personas vinculadas con las burocracias partidistas, grupos políticos de peso o son producto de negociaciones cupulares, que por lo mismo desconocen o no les interesa impulsar los puntos fundamentales de una agenda de género.
Si aterrizamos el fenómeno al caso Chiapas, los resultados son más que elocuentes. En el sexenio pasado hubo presencia inédita de mujeres en el Congreso (39 por ciento) y el gabinete, pero ello no se tradujo en soluciones eficaces. ¿Podríamos haber esperado algo en ese sentido de Rosario Pariente Gavito, María Elena Torres Abarca, Ana Elisa López Coello, Guadalupe Rovelo Cilias, Alejandra Peralta Velasco, Claudia Trujillo Rincón, Esther Almazán o Alejandra Hernández Fitzner? Sí se aprobaron leyes en la materia publicitadas como de “vanguardia”, pero en los hechos son prácticamente letra muerta porque no han logrado cambiar la hiriente realidad que viven cotidianamente las chiapanecas.
HoyAñadir un evento para hoy la LXV Legislatura también puede presumir de un significativo porcentaje de mujeres (40%) pero dudamos que Mirna Camacho Pedrero, Sasil de León Villard y su hermana Itzel, Alma Rosa Simán, Rhosbita López Aquino, María Soledad Sandoval Martínez, Blanca Ruth Esponda, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Hortensia Zúñiga, entre otras, nos garanticen una férrea lucha por los derechos de la mujer.
En este sentido, corresponde a la sociedad civil, a las organizaciones pro género, sensibilizar a las legisladoras sobre los puntos más urgentes de la agenda, asesorarlas en la construcción de iniciativas de ley, pero también les corresponde exigirles que cumplan con sus compromisos, que cabildeen, que negocien y que defiendan las propuestas asumidas. O, mejor todavía, debieran impulsar a los puestos de elección popular o a la cartera de gobierno respectiva, a activistas experimentadas que desde esos espacios den una lucha genuina por los derechos de género.
De lo contrario, el empoderamiento de la mujer seguirá siendo una bonita frase para lavarle la cara al gobierno en turno, que en sus propias oficinas sigue reproduciendo los esquemas de dominación y discriminación de género. Más que en el número, el asunto de la equidad debe plantearse en el terreno de la calidad de las iniciativas, en el seguimiento y fiscalización de las políticas públicas aplicadas, pero también en la educación de las conciencias que permitan transformar la mentalidad machista en actitudes cotidianas tolerantes, respetuosas y solidarias.
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