Fuero acotado no inhibe impunidad
Castigo a políticos, ajuste de cuentas
ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Los diputados locales del Partido Verde Ecologista, Emilio Salazar Farías y Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, el primero presidente de la Comisión de Hacienda y el segundo de la de Turismo, se congratulan al unísono de la decisión del Congreso federal de acotar el fuero constitucional que detentan legisladores y funcionarios públicos. Nos intentan convencer de que con la nueva figura de “inmunidad constitucional”, los representantes populares tendrán una dimensión más terrenal y jurídicamente serán iguales a cualquier ciudadano, pues en caso de ser acusados de algún delito deberán enfrentar el proceso penal en las mismas circunstancias que lo haría cualquier persona; es decir, para que puedan ser juzgados, ya no será necesario el proceso de desafuero.
Salazar y Castellanos, por supuesto, se asumen como adalides de la reforma y como ejemplo de ese legislador siempre dispuesto a conducirse dentro de los estrictos márgenes que marca la ley, e incluso la consideran un importante avance de nuestra democracia. Sin embargo, nuestros diputados no deberían entusiasmarse tanto ni echar las campanas al vuelo, porque si bien la desaparición del fuero es un logro, ello no es garantía de que se combatan los grandes males que padece nuestra clase política.
El problema aquí es la impunidad, y ésta no depende exclusivamente de tener fuero o no, sino de una compleja red de intereses y complicidades cuyos hilos se van tejiendo en el ámbito político hasta extenderse al sistema judicial. Sabemos que si un diputado comete algún ilícito, en primer lugar las probabilidades de que sea detenido son escasas y, segundo, si en el remoto caso llegara a ser aprehendido, tiene suficiente dinero, relaciones o secretos que revelar, para evitar la cárcel. En realidad el fuero nunca ha sido el problema de la impunidad política sino el régimen que lo creó y lo defendió para ocultar sus orgías de corrupción.
Así que, señores legisladores locales, no nos engañemos ni quieran dorarnos la píldora. La justicia en el ámbito político se rige por otras reglas, la mayoría de ellas no escritas. Sabemos que con fuero o sin fuero, si no hay orden expresa o consentimiento del presidente de la República o del gobernador, nunca se aplicará la ley. Pongamos un ejemplo, si alguno de ustedes dos o cualquiera de sus compañeros legisladores fuera acusado de algún delito por un ciudadano común, lo más probable es que la demanda fuera desechada en primera instancia judicial o el expediente se pierda en los inmensos laberintos del proceso; pero en cambio, si el Ejecutivo es el que les pide cuentas, la maquinaria del sistema político-judicial se mueve con sorprendente rapidez y se vuelve expedita contra aquellos que hayan caído de la gracia del “Príncipe” o estén contra él. Y ejemplos de este proceder hay varios en la historia reciente, el desafuero y encarcelamiento del senador priísta Jorge Díaz Serrano en 1983, acusado de corrupción cuando fue director de Pemex, y el intento fallido del “juicio de procedencia” contra Carlos Romero Deschamps, implicado en el “Pemexgate”, es decir, en el desvío de 500 millones de pesos de recursos públicos asignados al gremio petrolero para la campaña presidencial del PRI en el 2000. En el primer caso el régimen necesitaba lavarse la cara ante la corrupción hecha gobierno en el sexenio de José López Portillo y, en el segundo, los diputados federales priístas que recién habían perdido la Presidencia de la República, no iban a permitir que fuera desenmascarada plenamente la operación que llevó dinero sucio a la campaña en la cual ellos resultaron electos.
Bajo estas consideraciones, el que haya desaparecido la figura del desafuero, como ya dijimos antes, resulta prácticamente irrelevante en el combate a la impunidad de las élites gobernantes. En ese nivel la aplicación de la ley tiene otras motivaciones y otra lógica, la justicia va en función de los ajustes de cuentas entre los grupos de poder o como medida circunstancial para que la cleptocracia sobreviva.
En los hechos, el acotamiento de la inmunidad de los legisladores sólo tiene una intención legitimadora de esa clase política sin escrúpulos y rapaz; servirá, eso sí, para facilitarle al Ejecutivo la tarea de castigar a quien quiera desafiarlo; pero no como un mecanismo eficaz para que la ciudadanía haga rendir cuentas a sus representantes.
Así que diputados Salazar y Castellanos, contra lo que han declarado, no somos iguales. A ustedes –y al resto de sus colegas— no les debe inquietar que se queden con poco menos fuero, lo que debe preocuparles es estar siempre bien con el de “arriba”, fortalecer sus redes de intereses, porque de lo contrario, la espada flamígera puede caerles encima.
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