Jorge Luis Sierra
Los marinos de guerra conciben al mar como la primera línea de defensa nacional y como una región libre de fronteras donde México puede extender sus intereses nacionales, pero la política gubernamental la ha mantenido como una guardia costera y suele proyectar su fuerza militar hacia dentro del territorio nacional.
Este parece ser el espíritu del cambio reciente a los sectores navales del país y a la reorganización de la infantería de Marina, la unidad de la Armada de México que más transformaciones ha tenido en los últimos seis años.
Apenas el 1 de junio, Día de la Marina, el almirante secretario Mariano Francisco Saynez Mendoza dio a conocer una redistribución de la geografía militar naval, con la desaparición de la Región Naval Central, el paso de seis a siete regiones, de nueve a 13 zonas militares y de 11 a 14 sectores en las costas del país. A esto se le agrega la creación de 30 batallones de infantería de Marina, además de un batallón de fusileros paracaidistas y otro de guardias presidenciales.
El anuncio fue reportado en la prensa y en los boletines de prensa de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, pero los mandos de la Armada se abstuvieron de dar mayores explicaciones. Todo quedó como una modificación rutinaria de las unidades militares del país.
En realidad, la decisión del secretario de Marina podría implicar una adaptación de los recursos de la Armada a las exigencias presidenciales de usar el máximo de fuerza militar posible en la lucha contra el narcotráfico.
Cualquier modificación a las regiones, zonas, sectores y subsectores navales militares del país implica cambios importantes en la aplicación de fuerza naval en materia de seguridad interior, lo que la Secretaría de Marina llama el ejercicio de funciones de estado de derecho en la mar. Una reestructuración en las fuerzas navales como la ocurrida en diciembre de 2000 implicaría, por el contrario, una modificación en la defensa marítima del territorio nacional. Aunque ambas políticas son inseparables, el equilibrio entre ellas ha sido difícil de sostener, principalmente por la prioridad gubernamental de llevar a las Fuerzas Armadas a “mirar hacia adentro”.
Con las transformaciones anunciadas por Saynez Mendoza, veremos un incremento en las operaciones de los infantes de Marina en la zona costera y tierra firme. Casi todas las regiones y zonas navales, y la mitad de los sectores navales, tendrán a batallones de infantería de marina disponibles para operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en su jurisdicción.
Este cambio en la infantería de Marina también deja pendiente el proceso de transformación que se había iniciado en el gobierno de Vicente Fox.
Como parte de su proceso de reestructuración operativa y como respuesta a las necesidades de seguridad, la Armada de México decidió en el sexenio pasado transformar a su infantería de Marina y redistribuir a sus 11 mil 812 elementos en dos Fuerzas de Reacción Anfibia, cuatro agrupamientos de infantería de Marina para seguridad de instalaciones estratégicas y 54 brigadas navales, así como unidades de fuerzas especiales.
Según lo explican los propios documentos públicos de la Armada, las Fuerzas de Reacción Anfibia estaban más orientadas al combate regular contra un enemigo externo, mientras que las unidades de fuerzas especiales y las brigadas navales locales y móviles estaban mejor preparadas para el combate irregular en el ámbito interno.
El proceso está aparentemente interrumpido. Ahora quedará pendiente conocer el impacto que tendrá esta redistribución territorial naval y la reorganización de la infantería de Marina en el proyecto de la Armada de México para alcanzar una modernización completa en 25 años.
Las políticas de largo plazo, sobre todo aquellas que tienden a construir una fuerza naval eficaz para la defensa de la integridad del territorio y la soberanía nacional, han tenido que adaptarse y en algunos casos suspenderse tanto por restricciones presupuestales como por el énfasis de los últimos cinco gobiernos federales, incluido el del presidente Felipe Calderón, en la proyección interna de la fuerza militar.
Parte de la intensidad creciente con la que se usa el recurso militar se explica por el agravamiento paulatino de la violencia que ejerce la delincuencia organizada, la ineficacia de la policía y las presiones políticas provenientes de Estados Unidos. Otra parte de la explicación corresponde a la voluntad presidencial que se ejerce durante los seis años de su gobierno. Como ocurre en otros ramos administrativos, los planes y programas de un gobierno se modifican en el siguiente.
Sin embargo, en materia militar, la política gubernamental de los últimos 25 años ha mantenido como constante la prioridad en el uso interno de las Fuerzas Armadas y en el privilegio en la asignación de recursos a la fuerza terrestre, casi siempre en demérito del crecimiento de la fuerza naval o aérea. Mientras otros países proyectan a sus fuerzas navales y aéreas hacia el exterior, México las suele emplear hacia el interior.
Consciente de que su fuerza naval alcanza apenas la de una guardia costera, la Armada empezó un proceso de reestructuración en varios frentes a partir del inicio de la administración de Vicente Fox y que le llevará, por lo menos, tres sexenios más para cumplir con sus objetivos.
La reestructuración, descrita en los informes de labores del sexenio pasado y sintetizada en un documento de la Armada llamado La Armada, nueva realidad, abarca el ámbito administrativo, operativo, educativo, científico y supone la construcción, en un plazo de 25 años, de una fuerza naval capaz de sostener la defensa marítima del territorio y la soberanía nacionales.
Aunque la promesa del presidente Felipe Calderón es la de asignar todos los recursos que necesiten las Fuerzas Armadas, aún no está claro si esas palabras se verán traducidas en las siguientes versiones del Presupuesto de Egresos.
En el pasado, las Fuerzas Armadas y en particular la Armada y la Fuerza Aérea han tenido que elegir la fórmula más adecuada según los recursos escasos existentes: si una inclinada a responder a las necesidades de control territorial y enfrentamiento a amenazas internas o una que le dé prioridad a la construcción de una fuerza capaz de defender la soberanía, el territorio y el patrimonio nacional.
Hasta el momento, la visión de corto plazo y el enfoque interno en el uso de la fuerza militar han terminado por imponerse en la política de gobierno. Eso parece ocurrir en los primeros seis meses de gobierno del presidente Calderón. Hay pocas evidencias para decir lo contrario.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas