Lorenzo Córdova Vianello
La cerrada elección presidencial del año pasado provocó que el tema de la segunda vuelta se instalara en la agenda de las reformas políticas del país con insistencia. Mucho se ha discutido sobre esa cuestión en los últimos meses, pero la reciente elección presidencial francesa, que una vez más se resolvió recurriendo al ballotage , representa una buena oportunidad para seguir reflexionando sobre esta figura, sobre todo de cara al recién inaugurado proceso de reforma del Estado en nuestro país.
Los apologistas de ese sistema de elección han fundado su conveniencia en dos razones principales: a) que se trata de un mecanismo que permite una mayor legitimidad al ganador de la elección en la medida en que le asegura una mayoría absoluta de al menos 50% más uno de los votos, y b) que permitiría resolver el problema político que se deriva de elecciones con resultados tan estrechos como los que se presentaron en 2006.
Ninguna de las dos razones es, a mi juicio, atendible. La primera porque el problema que tenemos en nuestro país no es un problema de legitimidad derivada del mayor número de votos. En el año 2000, Fox fue elegido por una mayoría de 42.5% de los sufragios (algo más de seis puntos arriba de su más cercano competidor) y fue el presidente que mayor legitimación democrática ha tenido hasta ahora.
Claro, seis puntos no son el 0.56% de ventaja que obtuvo Calderón el año pasado, pero cabe preguntarse si la “crisis de legitimidad” con la que éste inició su mandato es producto del margen estrecho de votos, o bien de las acusaciones de fraude y de las irregularidades (que a juicio del Tribunal Electoral no fueron determinantes) que se presentaron durante el proceso electoral. Si ello es así, el problema está en otro lado.
La segunda razón me parece baladí porque una segunda vuelta electoral no garantiza necesariamente que el margen de preferencias entre los candidatos más votados se ensanche respecto de la primera votación. Es más, en un escenario altamente competido, nada implica que la diferencia no llegue incluso a reducirse.
Pero hay otras razones que deben tomarse en cuenta:
1. Nada garantiza que en la segunda vuelta el porcentaje de participación ciudadana sea igual que en el primer turno. El caso francés, en el que los índices de participación rondaron 85% en ambas vueltas, sorprendió hasta a los mismos galos (y ello se explica, en buena medida, a la gran polarización que produjeron esas elecciones). Basta ver lo que ocurre en los países que han adoptado este sistema, por ejemplo en Latinoamérica, en donde el segundo turno generalmente trae consigo una baja (a veces significativa) de la votación.
2. Los costos de operación son otro factor que debe tomarse en cuenta, sobre todo en un contexto como el nuestro en donde el blindaje de los comicios (seguimos votando en boletas impresas en “papel seguridad”) trae consigo un incremento sustantivo en el gasto electoral.
3. Tampoco puede olvidarse la serie de complejidades técnicas que nuestro diseño actual plantea, y que haría que el tiempo entre una y otra ronda fuera muy amplio. Tal es el caso de la impresión de las boletas necesarias para una segunda vuelta, lo que, según me comentaba hace poco un viejo y respetado funcionario del IFE, supondría más de un mes. Además, ¿confiaríamos las casillas a los mismos ciudadanos que las instalaron en el primer turno (esos sobre los que en el año pasado se vertieron graves dudas y acusaciones), o insacularíamos y capacitaríamos a otros? Por supuesto, la segunda vuelta podría realizarse, como en Francia, dos semanas después, pero sin duda no con las condiciones de confianza y seguridad que hoy prevé la ley.
4. Tampoco tendríamos que olvidar que una segunda ronda implicaría una nueva etapa de campañas electorales (por breves que éstas fueran) con el consecuente desgaste y el encono político que se acentuaría aún más.
5. Lo peor de todo es que, en términos de gobernabilidad, la situación no mejoraría un pelo, pues el verdadero problema con el que hoy tenemos que hacer las cuentas en México es el fenómeno de los “gobiernos divididos”, y eso no es algo que resuelva la segunda vuelta.
Creo, en fin, que el del balotaje es una de esas “malas ideas” que, como un lugar común, ronda en el ambiente y de las que tenemos que hacernos cargo analizando, seriamente, todas sus implicaciones.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM