Manuel Camacho Solís
Nada es más importante en este momento para la tranquilidad de los ciudadanos y la confianza en la economía que fortalecer a las instituciones. Debemos salir del círculo vicioso donde: las instituciones se debilitan por no defender el interés general; y por su propia debilidad, no logran defenderlo. En un momento en el que un Estado fuerte es indispensable, las enormes fragilidades institucionales sólo se podrán empezar a revertir si algunos de sus integrantes se deciden a actuar con honestidad y valentía. La Suprema Corte de Justicia le puede hacer un gran servicio a la nación, si pone un límite -sólo un límite- al poder de las televisoras.
Nada es más importante en este momento para la tranquilidad de los ciudadanos y la confianza en la economía que fortalecer a las instituciones. Debemos salir del círculo vicioso donde: las instituciones se debilitan por no defender el interés general; y por su propia debilidad, no logran defenderlo. En un momento en el que un Estado fuerte es indispensable, las enormes fragilidades institucionales sólo se podrán empezar a revertir si algunos de sus integrantes se deciden a actuar con honestidad y valentía. La Suprema Corte de Justicia le puede hacer un gran servicio a la nación, si pone un límite -sólo un límite- al poder de las televisoras.
Los senadores que presentaron la acción de inconstitucionalidad contra la reforma al régimen legal para los medios electrónicos, encabezados por Manuel Bartlett y Javier Corral, actuaron con dignidad republicana. El ministro ponente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en su proyecto de resolución, está demostrando que, independientemente de las posiciones ideológicas, hay funcionarios del Estado que piensan en el Estado. Que saben de la importancia de defender el interés público y estar por encima de los intereses. Se espera que ese acto de responsabilidad pueda ser acompañado por la mayoría necesaria.
La ponencia que presenta el ministro es equilibrada. No pone en riesgo los intereses legítimos de las grandes televisoras. Viene a corregir los excesos en los que se incurrió durante el sexenio foxista y a recordarles que, aun debilitado, sigue habiendo gobierno. Fue vergonzosa la manera como, por el interés en las elecciones, la clase política entregó su autonomía en años 2005 y 2006, tanto con el apoyo a la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, como con el freno a la reforma electoral, en la que se ponía un límite al poder de las televisoras y a la falta de transparencia en la relación de los partidos con los medios.
La Suprema Corte viene a jugar el papel de última instancia en lo que toca al procedimiento de la acción de inconstitucionalidad, pero también respecto a los equilibrios políticos, pues si no es ella la que rescata a las instituciones, quién más podrá hacerlo. A nadie escapa la importancia de la decisión que habrán de tomar los ministros y ministras. Si ellos deciden con autonomía y con base en la razón, el conjunto de las instituciones recibirá una bocanada de aire fresco. El Congreso se sentirá obligado a dar pasos serios para la recuperación de la democracia. En el propio Ejecutivo habrá funcionarios honestos que se sentirán respaldados para cumplir con sus responsabilidades.
En cambio, si la Suprema Corte flaquea, todos pensarán que los intereses especiales son invencibles. El mal ejemplo continuará. El oportunismo se verá reforzado. El patrimonialismo seguirá viento en popa. Aumentará el número de quienes creen que no hay salida institucional en nuestro país. Se dará un paso adelante, adicional, en favor de la política de la fuerza y un paso atrás en la política de la razón.
Para los dueños de las televisoras será difícil entenderlo, pero incluso a ellos les conviene que se fortalezca el estado de derecho. También, por paradójico que parezca, al gobierno federal le es funcional una decisión digna de la Suprema Corte. De no ser así, en muy poco tiempo el Presidente se verá en la disyuntiva de enfrentar esos intereses, o echar para atrás la reforma electoral y, con ello, las posibilidades de reencauzar la inconformidad social y fortalecer al Estado frente al crimen organizado. A la oposición de izquierda también le conviene: en el derrumbe institucional no ganan la democracia ni la justicia; tampoco en la política testimonial, que conduce a la derrota permanente.
Ya es hora de que se empiece a cerrar la política de la mezquindad que inició con el desafuero y la consecuente falta de legitimidad que marcó a la elección de 2006. Ambas desprestigiaron y debilitaron a las instituciones. La Suprema Corte no fue la excepción. Ahora ella tiene la oportunidad de dar un ejemplo de dignidad republicana.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista