Manuel Camacho Solís
Los ministros y ministras de la Suprema Corte cumplieron con su deber. Defendieron la Constitución y protegieron el interés público. Con ello fortalecen su autoridad y la del Estado. Su actuación los diferencia de la de otros órganos autónomos y, también, respecto de algunas de sus actuaciones previas. Muchos todavía no logran entender por qué fue unánime la votación, ni cuáles serán las consecuencias de lo que, se sabe, es el hecho más importante que ha ocurrido en la vida política desde las elecciones del año anterior.
Los grupos de interés se sienten traicionados y se preguntan, ¿por qué, si habíamos ganado la batalla con los legisladores y habíamos triunfado en la elección presidencial, no fue posible conseguir tan sólo dos votos en el tribunal constitucional? La percepción es que ha ocurrido un cambio mayor que altera los equilibrios anteriores. Lo que la corte decidió tiene consecuencias para el sector de las telecomunicaciones y la vida política en su conjunto.
La decisión de los ministros respondió a una estricta lógica de Estado. Cualesquiera que hayan sido sus razones particulares para inclinar su voto, su decisión fortalece al Estado. Lo hace en un momento donde se están combinando el deterioro de las instituciones con una mayor presión sobre ellas. Los ministros no podían desconocer los cuestionamientos severos y fundados a la legitimidad de las instituciones por su actuación desde el desafuero hasta el proceso electoral. De manera directa, la violencia asociada al crimen organizado ejerce presión sobre ellos. De manera indirecta, el crecimiento de las disputas ligadas a una situación económica más difícil y a un margen fiscal restringido que está afectando la economía y a diversos sectores. La situación no pinta mejor; haber desaprovechado esta oportunidad para pertrechar su capital moral habría sido irracional. ¿Por qué no ganar prestigio, cuando la decisión resultaba, además, benéfica para el Ejecutivo?
Para la Corte, alinearse en este momento con los intereses especiales, cuando era evidente que la legislación no protegía el interés público y solidificaba la concentración, habría sido un grave error. Su autoridad ya estaba siendo cuestionada. No podía, sin una decisión fuerte que consolidara su prestigio, enfrentar los grandes retos que tiene enfrente, empezando por los que corresponden a la lucha contra las organizaciones criminales. Si se hubieran alineado con los intereses, en este caso y momento, más tarde habría sido arrastrada por una ola de inconformidad social que más pronto que tarde volverá a estar presente.
La Corte ha afectado los equilibrios políticos anteriores. Al perturbar la relación medular del status quo (la vinculación del gobierno con las televisoras) afecta al conjunto. Las televisoras sufrieron un daño económico a futuro (sobre ganancias que ni la Bolsa había aún calculado) y una derrota política que nunca imaginaron. La opinión pública se vigoriza. El Presidente se fortaleció y, de no actuar con determinación el Congreso, también el viejo presidencialismo. El Congreso se abre la oportunidad de reformar en serio las telecomunicaciones y el sistema electoral. ¿Quién puede defender ahora que no haya un cambio radical en el sistema de financiamiento y la relación de la política con los medios después de la actuación que ha tenido la Corte? El conjunto de los intereses mira de reojo, al ver las barbas de su vecino cortar. La oposición festeja, pero también queda obligada a recapitular y a evaluar con objetividad las consecuencias.
Con su decisión, la Corte se protege y cambia los equilibrios de la política. Ahora toca a los demás definirse. Si la oposición (de izquierda) se repliega y deja el campo libre, el prestigio de la Corte, en una paradoja de la historia, terminará por ser capitalizado por el Ejecutivo, con un reforzamiento del presidencialismo. Por el contrario, si la oposición y el Congreso entienden el momento, estarán en posibilidad de reformar las telecomunicaciones a favor de la democracia, la libertad y el avance tecnológico. Pero más aún, tienen en sus narices la oportunidad de introducir reformas políticas verdaderas que potencien el valor de la opinión pública, reabran el juego democrático y obliguen al diálogo con los excluidos.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista