Diego Valadés
La vida institucional pasa por un mal momento. En los últimos años el gobierno y la oposición se acusan y acosan de manera respectiva; para cada uno la acción ajena es una coartada que justifica la animosidad propia.
Ni siquiera el Presidente de la República ha podido superar esta actitud agresiva. El discurso es predecible: descalificar al rival.
Desde la perspectiva de los ciudadanos, pasa más o menos lo mismo: unos agradecen a la oposición que impida los desvíos del gobierno, así un sector lo haga con instrumentos de fuerza; otros postulan que el gobierno está maniatado por la oposición. Este panorama de hostilidad dificulta las acciones del gobierno y de los partidos.
Aunque hay quienes se esfuerzan por devolver a la política su jerarquía intelectual y ética, el fenómeno político se ve erosionado por el banalismo, el personalismo y el sectarismo. O bien la cosa pública es vista como algo sin importancia, o bien las posiciones se adoptan en virtud de la identificación con los protagonistas, o bien lo que procede de un extraño al grupo es objeto de rechazo. A los simpatizantes del gobierno se les exige apoyo incondicional hasta para la reconocida venalidad de algunos altos funcionarios, pues de lo contrario su afinidad es cuestionada; de los opositores se esperan siempre cuestionamientos frontales, porque de otra suerte inspiran sospechas. Hay actitudes conciliatorias, pero no son las predominantes ni las mejor valoradas.
Ese panorama febril propicia el imperio de las emociones y afecta el funcionamiento de las instituciones. Los consensos siguen siendo indispensables, pero con frecuencia se actúa para eludirlos. Los deslices de la pasión propician un lenguaje iracundo que trastoca el sentido de la política.
No tengo datos para afirmar que el gobierno alentó un mensaje publicitario que es típico de la retórica de la intransigencia; pero si no es demostrable que lo auspiciara, sí es ostensible que lo toleró, y cuando una dependencia gubernamental se pone en manos de un grupo beligerante, tenemos una institución menos y una facción más. Quizá en el gobierno aprecian las posiciones extremistas que coinciden con sus argumentos, sin advertir que también lo aíslan.
No resulta comprensible que una reforma en materia de energía suscite tan fragorosas expresiones de antagonismo, pues aunque son fundadas las sospechas de que se quiere trasladar al dominio privado una parte del patrimonio público, nuestro verdadero dilema no consiste en enajenar o preservar el petróleo; el problema de fondo reside en la caduquez de nuestras instituciones políticas, en tanto que no garantizan una deliberación democrática. Las discusiones relevantes, incluido el tema de la energía, nos conducen al mismo paradero: el enfrentamiento.
En el caso del petróleo las posiciones tienden a exacerbarse porque todos sabemos que la crisis de Pemex resulta de una decisión deliberada; la asfixia que padece nuestra industria petrolera es intencional, no accidental ni estructural. Pero si llegamos hasta este extremo de la ficción, es porque el diseño institucional lo permitió: no hay responsabilidad política de los funcionarios; no existen medios suficientes de control por parte del Congreso; no se cuenta con incentivos para auspiciar conductas cooperativas entre los agentes políticos; no disponemos de instrumentos para impulsar políticas de Estado.
En los últimos lustros el disenso se ha hecho rutinario, y así seguirá siendo si no remediamos la cuestión de fondo. Ahora hay una pugna desbordada en torno al problema energético porque carecemos de instituciones que inspiren confianza. La principal disyuntiva no está en reformar o no la energía, sino en reformar o conservar un sistema institucional que propicia el conflicto.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM