Lorenzo Córdova Vianello
Lo que se avizora como una gran refor-ma electoral trae consigo una redefinición radical de las reglas del juego democrático que, de aprobarse tal como se plantea en el proyecto distribuido el jueves pasado en el Senado, tendrá un impacto muy positivo en la calidad de nuestra democracia.
Las elecciones presidenciales del año pasado pusieron en evidencia un conjunto de serios problemas de que adolece nuestro sistema electoral y que dependen directamente de la conflictiva relación que hoy guardan los medios electrónicos de comunicación con la política.
La incontinente presencia mediática del presidente Fox, las absurdas cantidades de dinero destinadas a la compra de publicidad en radio y televisión, las campañas negativas, el ilegal proselitismo de terceros (empezando por el Consejo Coordinador Empresarial) y la opacidad que caracteriza la compra de publicidad en los medios electrónicos (basta recordar que el IFE detectó más de 281 mil spots cuyo origen es “incierto”) son sólo algunos de los problemas que estaban latentes y que se presentaron con todo el efecto disruptivo posible en la controvertida elección de 2006.
Ello por no hablar del secuestro de facto en el que los concesionarios de radio y televisión han tenido sometida a la política y a los políticos, y del cual la ominosa aprobación de la ley Televisa da cuenta (y que sólo el carácter y la consistencia jurídica de los ministros de la Suprema Corte pudo revertir).
A pesar del silencio al que los principales medios electrónicos de comunicación han condenado a los contenidos de la reforma electoral —y que son, se insiste, de gran calado—, haciéndola aparecer como una reforma que tiene el único objetivo real de sustituir a los consejeros del IFE (tema absolutamente intrascendente frente a los alcances que tiene la reforma), la propues-ta de modificaciones a la Constitución debe ser reivindicada en sus méritos, porque se hace cargo, entre otras cosas, de los problemas que se derivan de la excesiva centralidad que los medios tienen hoy en las campañas electorales.
En ese sentido, los ejes de la propuesta en este tema son los siguientes:
1. Prohibir la contratación de publicidad en radio y televisión (lo que representó 80% del gasto en las elecciones de 2006), por parte de los partidos políticos así como de cualquier particular. Con lo cual no sólo se abaratan consistentemente las elecciones, sino que se eleva a rango constitucional la prohibición para que terceros adquieran publicidad incidiendo abiertamente en la equidad que debe prevalecer en las contiendas.
2. Prohibir de manera absoluta la propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno durante las campañas electorales. Con lo que se impide cualquier intervención indebida de los gobernantes en las elecciones, que deben ser una contienda entre partidos y no entre éstos y los poderes públicos.
3. La utilización de los tiempos que corresponden al Estado —que hoy ya existen, por lo que no se le “expropiaría” nada a nadie- para que durante las precampañas y las campañas sean distribuidos entre los partidos políticos y el IFE. Es decir, no se está planteando sacar a los partidos de la radio y la televisión, sino hacer más racional, equitativa y menos cara su presencia en esos medios.
4. La prohibición, ahora planteada en la Constitución, de expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnien a las personas. Con ello se ponen las bases para que las campañas centradas en la banalización y la ofensa, de las que algunos tanto se enorgullecen, queden atrás.
5. Además se convierte a las autoridades electorales, en su calidad de árbitros de las diversas contiendas electorales, en los garantes de las reglas anteriores, facultán-dolas para sancionar, mediante procedimientos expeditos, las violaciones que se cometan; incluyendo la posibilidad de suspender, de manera inmediata, las transmisiones radiofónicas o televisivas que transgredan esas prohibiciones.
6. Por último, y esta propuesta de modificación trasciende el ámbito electoral, se plantea que se prohíba la personalización —mediante la utilización de la imagen o la voz de los titulares de los entes públicos— de la publicidad que difundan los órganos del Estado, la cual deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social.
De aprobarse, esas reformas traerán consigo efectos inmediatos en la contienda democrática, mejorando su calidad y las condiciones de equidad en la misma. Pero su impacto más positivo se reflejará en la menor dependencia que los partidos y los políticos tendrán de la radio y la televisión. Nadie quiere medios electrónicos débiles ni pobres, pero su fortaleza y su riqueza no debe depender ni de la sumisión de la política ni de su mercantilización y, en ese sentido, la propuesta que se ha presentado significa un gran avance.
Profesor e investigador de la UNAM