Francisco Rojas
El 30 de marzo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la que se adecuó el marco legal al papel que juega el gasto público en el desarrollo económico y social del país; con ella se regulan los procesos de elaboración, aprobación, ejercicio y rendición de cuentas, estableciéndose una mejor distribución de responsabilidades, de pesos y contrapesos, entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
La ley prevé procedimientos y mecanismos de información y transparencia para que una sociedad más abierta y participativa juzgue el desempeño del gasto público en función de los resultados, y que éstos, a su vez, sean evaluables y creíbles. Se persigue también cambiar el enfoque tradicional al de obtención de resultados, devolviendo responsabilidades a los ejecutores del gasto, en un marco de incentivos y sanciones.
El proceso de negociación de la referida ley llevó cerca de dos años y medio, analizándose más de 26 iniciativas presentadas desde 2001; y se celebraron innumerables reuniones de trabajo con distintos sectores, principalmente con gobernadores y secretarios de Finanzas de los estados, así como con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de instituciones públicas de educación superior.
Hago este recordatorio porque en la propuesta de “reforma hacendaria por los que menos tienen” presentada por el Ejecutivo recientemente, aun cuando existen aspectos atendibles que deben mantenerse y que serían objeto de otro artículo, se da la impresión de que se quiere descubrir el hilo negro en materia de gasto público.
En la iniciativa se habla de incrementar la calidad del gasto mediante la propuesta “central” de contar con un presupuesto con enfoque en los resultados, cuando ese fue precisamente el corazón de la Ley de Presupuesto, de la que apenas este 2007 es el primer año de su vigencia.
También señalan que para lograr lo anterior es necesario crear para tal efecto un Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas que, coordinadas por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, verificarían periódicamente los resultados de la ejecución de las políticas y los programas de la Administración Pública Federal, con base en un sistema de evaluación del desempeño, “para identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público”.
Se “descubre” en la iniciativa que dicho sistema debe incorporar indicadores para evaluar los resultados, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia; pero, además, novedosamente proponen que dichos indicadores formen parte del Presupuesto de Egresos e incorporen sus resultados en la Cuenta Pública.
Todo lo anterior forma parte del espíritu y la letra de la actual Ley de Presupuesto. En ella se establece claramente el Sistema de Evaluación del Desempeño, tanto para la Administración Pública Federal como para el gasto federalizado.
Al “hilo negro” se le agrega la “elefantiasis” de la burocracia, ya que pretenden crear un órgano adicional a los ya existentes, lo que vendría a complicar, sobrerregular y estorbar aún más la operación de una administración pública atrofiada por tantas disposiciones basadas en la desconfianza, innumerables solicitudes de información e incuantificables disposiciones restrictivas que maniatan la iniciativa y promueven la corrupción, además de que dificultan la evaluación de resultados.
Las disposiciones actuales no distinguen entre una oficina de trámites y una empresa productiva. La administración se ve obligada a cumplir con una serie de requisitos de información que algunos han calificado como la “amiba burocrática”, ya que en la práctica son los mismos datos —y no puede ser de otra manera—, nada más que presentados de una forma para una dependencia y en forma diferente para otra.
En el caso de que los señores legisladores aprobaran la propuesta, la administración pública tendría que dedicar mayor esfuerzo para atender las demandas de información de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, de las coordinadoras de sector y del nuevo Consejo de Evaluación; a la que se agregarían las previstas por la ley en materia de transparencia y, ojo, el papel que jugaría la Comisión de Competencia que en la iniciativa de marras se prevé tenga injerencia en la naturaleza de los concursos.
Todo ello incrementaría la centralización de funciones, marginando la responsabilidad de las dependencias y entidades de la administración pública y, finalmente, seguiríamos los ciudadanos sin tener una rendición de cuentas adecuada, que nos haga creíbles los resultados del gasto público y propicie el pago de mayores impuestos.
Analista político