Jorge Montaño
Los mexicanos no hemos logrado interpretar co-rrectamente los ciclos perversos que condicionan y definen la agenda bilateral, lo que conduce a errores imperdonables con altos costos políticos. Los vaivenes que en años recientes han priorizado el conflicto centroamericano, el asesinato de Camarena, la negociación-aprobación del TLCAN, la lucha contra el narcotráfico, la seguridad en la frontera o la reforma migratoria no se han descifrado correctamente. La relación asimétrica o un orgullo mal entendido nos han hecho pensar equivocadamente por décadas que tenemos el peso específico que nos permite participar en la determinación de esas prioridades. Nada más equivocado, ya que son las conveniencias estadounidenses las que inclinan sus decisiones con todo el mundo, pero con mayores efectos inmediatos en sus vecinos del sur.
La reforma migratoria fracasó debido a razones políticas internas, no obstante que actualmente hay 36 millones de personas nacidas en el extranjero, de los cuales una tercera parte son ilegales. Las principales fuerzas políticas ignoraron esta obviedad, porque no tenían valor electoral suficiente para incidir en la próxima contienda presidencial. El silencio de algunos precandidatos y la beligerancia intolerante de otros, singularmente Giuliani y Romney, sobre el tema confirman las interpretaciones contradictorias que tiene el electorado. La seguridad interna, obsesión legítima ciudadana, se resolvió cosméticamente con medidas de dudosa efectividad y alto riesgo para los ilegales.
La percepción optimista de expertos y activistas respecto al futuro de estas reformas cambió después del voto en el Senado. Según algunos, no es posible visualizar un retorno al tema hasta fines de 2009, mientras otros considerados realistas auguran un silencio ininterrumpido en el Capitolio durante los próximos siete años. Este panorama político responde a necesidades internas y cualquier intento por romper el congelamiento será contraproducente. Reconozcamos las realidades unilaterales y concentremos esfuerzos en lo factible.
El silencio del Congreso federal no coincide con la estridencia con que se están llenando los vacíos a nivel local, donde se ha respondido con un activismo inédito que ha generado más de mil 400 “ordenanzas” o edictos abiertamente antimigrantes. Seamos claros en el análisis e identifiquemos la orientación de estas disposiciones dirigidas a las comunidades de ilegales mexicanos dada su abrumadora mayoría. El ambiente negativo se está reproduciendo en toda la Unión Americana. La gobernadora de Arizona, favorable a la reforma migratoria, defendió recientemente una legislación que envió a su Congreso: “A falta de reforma federal, debemos resolver los problemas crecientes, penalizando severamente a quienes contraten ilegales”. Esta fue una decisión práctica si desea permanecer viable políticamente.
A las sanciones para quienes utilicen el español o la amenaza de ser expulsados por gestiones de policías municipales se añaden mensajes de odio que han roto la armonía en comunidades consideradas como bien integradas. Los comentarios en medios locales y hasta en hojas dominicales de diversas iglesias comparan el comportamiento positivo de la migración polaca, italiana o irlandesa del siglo pasado con la reciedumbre negativa de los mexicanos que rechazan las reglas de su nuevo hábitat. La argumentación es falaz, ya que no es equitativo el criterio de poner en la misma balanza a quienes están llegando al llamado sueño americano y los que tienen tres o cuatro generaciones viviendo en ese país.
En estas circunstancias y con este horizonte de tiempo debemos ser pragmáticos. El caso de Elvira Arellano se reproducirá en todo Estados Unidos. Las delaciones a las autoridades se han multiplicado ante el embate de hombres y mujeres dispuestos a trabajar en forma incondicional en busca de sustento y avance, actitudes que paradójicamente los convierten en amenazas sociales. Esto obliga a reflexionar sobre una estrategia del gobierno mexicano que incluya el reforzamiento de los consulados, convirtiéndolos en activistas locales como ya lo hicieron durante la aprobación del TLCAN. Lo anterior supone que el Congreso destine recursos para que salgan de la inopia de personal disponible e instrumentos de trabajo en que se desenvuelven actualmente y que la SRE revise la plantilla de titulares entregándoles una estrategia convertida en pliego de instrucciones para hacer frente a esta situación hostil. La peor política sería la inacción y, aún peor, desarrollar actividades que actúen en contra de los intereses de nuestros connacionales, que deben enfrentar un innegable brote de racismo y xenofobia que afecta mayormente a los migrantes mexicanos.
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Vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales