Mario Tassías
A un mes de la conferencia de Naciones Unidas Río+20, los pueblos del mundo no ven resultados positivos del proceso de negociación que se realiza en la conferencia oficial. Empiezan a movilizarse.
Allí no se discute un balance del cumplimiento de los acuerdos de Río 92 ni cómo cambiar las causas de las crisis. El foco de la discusión es un paquete de propuestas llamado “economía verde” y la instauración de un nuevo sistema de gobierno ambiental que lo facilite.
La causa estructural de las múltiples crisis es el capitalismo, con sus formas clásicas y renovadas de dominación, que concentra la riqueza y produce desigualdades sociales, desempleo, violencia contra los pueblos y criminalización de quienes lo denuncian.
El actual sistema de producción y consumo produce y profundiza el calentamiento global y la crisis climática, el hambre y la desnutrición, la pérdida de los bosques y la diversidad biológica y sociocultural, la contaminación química, la escasez de agua potable, el aumento de la desertificación de los suelos, la acidificación de los mares, el acaparamiento de tierras y la mercantilización de todos los aspectos de la vida en las ciudades y en el campo.
La “economía verde”, es otra fase del proceso de acumulación capitalista. Nada en la “economía verde” cuestiona o sustituye la economía basada en el extractivismo y los combustibles fósiles, ni sus patrones de consumo y producción industrial, sino que extiende la economía explotadora de la gente y el ambiente a nuevos ámbitos, alimenta el mito de que es posible un crecimiento económico infinito.
El fallido modelo económico, ahora disfrazado de verde, pretende someter los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la privatización y mercantilización de la naturaleza y sus funciones, así como de los conocimientos tradicionales, aumentando los mercados financieros especulativos a través de mercados de carbono, de servicios ambientales, de compensaciones por biodiversidad y el mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación de bosques).
Los transgénicos, los agrotóxicos, la tecnología /Terminator/, los agrocombustibles, la nanotecnología, la biología sintética, la vida artificial, la geoingeniería y la energía nuclear, entre otras, son presentadas como “soluciones tecnológicas” a los límites naturales del planeta y a las múltiples crisis, sin encarar las verdaderas causas que las provocan. Además se promueve la ampliación del sistema alimentario agroindustrial, que es uno de los mayores factores causantes de las crisis climáticas, ambientales, económicas y sociales, ya que profundiza la especulación con los alimentos, y favorece los intereses de las corporaciones del agronegocio en desmedro de la producción local, campesina, familiar, de los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales, afecta la salud de toda las poblaciones.
Como una estrategia de negociación en la conferencia Rio+20, algunos gobiernos de países ricos plantean un retroceso de los principios de Rio 92, como el de responsabilidades comunes y diferenciadas, el de precaución, el derecho a la información y la participación, amenazan derechos ya consolidados, como los de los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales, campesinos y campesinas, el derecho humano al agua, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los migrantes, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la ciudad, derechos de la juventud y de las mujeres, el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación y derechos culturales.
Se intenta instalar unos llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que serán utilizados para promover la “economía verde”, con lo que se debilita los insuficientes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
El proceso oficial propone instaurar formas de gobierno ambiental mundial que sirvan como administradores y facilitadores de esa “economía verde”, con protagonismo al Banco Mundial y otras instituciones financieras públicas o privadas, internacionales y nacionales, lo cual incentivará un nuevo ciclo de endeudamiento y de ajustes estructurales disfrazados de verde. No puede haber una gobernanza global democrática sin terminar con la actual captura corporativa de las Naciones Unidas.
Este proceso es repudiado y subsiste un llamado a fortalecer las movilizaciones y construcción de alternativas. La lucha es un profundo proceso de cambio frente al actual modelo de producción y consumo, concretización del derecho al desarrollo con modelos alternativos, basados en las realidades y experiencias de los pueblos democráticos, respeto a los derechos humanos y colectivos, en armonía con la naturaleza y con justicia social y ambiental.
El planteamiento es por la afirmación y construcción colectiva de nuevos paradigmas basados en la soberanía alimentaria, la agroecología y la economía solidaria, la defensa de la vida y los bienes comunes, la afirmación de todos los derechos amenazados, el derecho a la tierra y territorio, el derecho a la ciudad, los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones, la eliminación de toda forma de colonialismo e imperialismo.
El llamado es para apoyar la lucha del pueblo brasilero contra la destrucción de uno de los principales marcos legales de protección de los bosques (el Código Forestal) el desastre abre caminos para una mayor deforestación, a favor de los agronegocios y de la ampliación de sus monocultivos; y contra la implementación del megaproyecto hidráulico Belo Monte, que afecta la sobrevivencia y las formas de vida de los pueblos de la selva y la biodiversidad amazónica.
Hay una convocatoria a participar en la Cumbre de los Pueblos que se realizará del 15 al 23 de junio en Rio de Janeiro, importante en la trayectoria de las luchas globales por justicia social y ambiental que se construyen desde Río-92, particularmente a partir de Seattle, Federación Sindical Mundial, FSM, Cochabamba, donde se han catapultado las luchas contra la Organización Mundial de Comercio, OMC y el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, por la justicia climática y contra el G-20. Además se solidarizan con las movilizaciones masivas como Occupy, indignados y la primavera árabe.
Las noticias es que el 5 de junio se llevará a cabo una movilización (día mundial del medio ambiente), el 18 de junio contra el G20 (se centrará en el “crecimiento verde”) y a la marcha de la Cumbre de los Pueblos el 20 de junio, en Río de Janeiro y en el mundo, por la justicia social y ambiental, contra la “economía verde”, la mercantilización de la vida y la naturaleza y por la defensa de los bienes comunes y los derechos de los pueblos.