Mario Tassías
Entre avances y retrocesos, la reforma de la justicia penal abona incertidumbre por la seguridad y la justicia con democracia. El cuestionamiento es severo y no debería dejarse de lado respecto de las grandes decisiones a la hora de instrumentar políticas públicas.La necesidad de una reforma profunda del sistema de justicia penal mexicano ha sido ampliamente discutida. La reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal iniciada en 2008, ha suscitado observaciones positivas y cuestionamientos severos. Avances a propósito del enjuiciamiento acusatorio; retrocesos en garantías penales y problemas en la concepción y aplicación del sistema procesal. El resultado es un crucigrama para responder con detenimiento.
Según lo previsto en las nuevas normas constitucionales, es preciso revisar en forma integral, objetiva y documentada, para establecer aciertos y sus deficiencias. La revisión debe tomar en cuenta tanto la eficacia de las soluciones procesales planteadas como la inclusión de figuras regresivas, incompatibles con el marco democrático y con el derecho internacional de los derechos humanos, adoptado por la Constitución a través de las reformas de 2011.
Nuestras leyes penales deben pasar por una profunda revisión para despenalizar conductas inocuas y revisar las sanciones penales al justo grado del daño causado a la sociedad en cada caso, teniendo en mente el objetivo de la readaptación social.
La gran transformación requiere instituciones suficientemente fuertes y desarrolladas como para administrar el cambio. No debe sorprendernos, por ejemplo, cuán poco saben los superiores jerárquicos de lo que hacen sus subordinados en el campo, en el caso de las instituciones jerárquicamente organizadas. La gestión profesional será prácticamente una herramienta nueva para estas instituciones.
Por ello, para impulsar la aplicación de criterios uniformes, difundir buenas prácticas e identificar y resolver problemas de manera conjunta, se debe favorecer la formación de comunidades profesionales en las labores de investigación, procuración y administración de justicia.
Es imposible avanzar en el mejoramiento de la justicia penal sin un compromiso claro y respaldado con el presupuesto necesario para profesionalizar a los cuerpos de investigación del delito y a los agentes del Ministerio Público.
La profesionalización de los MP es incompatible con cualquier forma de manipulación o interferencia política de los poderes del Estado. La autonomía constitucional del MP debe garantizarse en la ley y en los hechos. La ejecución de mandatos políticos a través de estos cuerpos sólo transmite a los funcionarios el mensaje de que su permanencia en las instituciones depende de su lealtad al poder y no de su capacidad profesional. La incorporación de parámetros técnicos de decisión en esta área es fundamental.
Las procuradurías de justicia deben transformarse en órganos constitucionales autónomos, cuya actuación esté sustentada en el adecuado nombramiento de los procuradores, la creación de consejos del ministerio público y los de la policía de investigación y la existencia de una verdadera carrera ministerial, contando con autonomía presupuestal y técnica. Esta medida contribuiría a la lucha en contra de la corrupción, la impunidad, la inseguridad pública, el ejercicio de la acción penal por razones políticas o “de Estado” y prevendría injusticias, en particular para los que tienen menos recurso para defenderse. Es indispensable que la tarea de los agentes ministeriales sea efectivamente supervisada y que la persecución de los delitos sea eficaz y ágil.
El documento que ha hecho circular la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, indica que: “El fortalecimiento institucional debe comenzar por mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de quienes se espera la ejecución de una de las funciones más delicadas de la política de seguridad del país. Es indispensable avanzar en el fortalecimiento de un servicio civil de carrera, así como en la implantación de sistemas de evaluación por resultados.
No menos importante resulta la operación de mecanismos de control externo sobre las instituciones que combaten el crimen organizado y el lavado de dinero. Pero ese será otro Punto de Vista, porque la propuesta “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, realmente tiene bastantes argumentos. Razones suficientes para tomarse en cuenta.