Mario Tassías
Intentar recorrer un camino de seguridad, convivencia y cohesión social en estos tiempos, en México parece utópico. Los principios de la prevención incluyen la urgente necesidad de establecer una política integral y progresista. Una propuesta que busque el debido peso y coloque en su justa dimensión cada uno de los enfoques que deberían componerla.
Eso que los políticos manosean a su antojo y en su beneficio, debería tener por lo menos tres ejes: el empleo de la fuerza pública; el enfoque del desarrollo humano y el enfoque de la prevención social de la violencia y la delincuencia. Con sus respectivas ponderaciones.
Emplear la fuerza pública e ignorar al Estado constitucional democrático de derecho, es una condición deleznable de la lucha contra la delincuencia, especialmente la delincuencia organizada. El desarrollo humano debe procurar el aumento de la seguridad humana y ciudadana de las personas.
Promover la generación de una cultura de la prevención para incidir sobre los contextos de riesgo –sociales, económicos, demográficos, urbanos y jurídicos- debe contribuir a modificar estructuras de comportamientos de la sociedad. Reaprender sobre valores culturales, que propicien un ejercicio proactivo en la generación de entornos equitativos, habitables, seguros y libres de violencia.
El control de las adicciones debe enfocarse como un problema de salud pública y seguridad social. La dependencia es una enfermedad y por lo tanto la cárcel no es la respuesta. La atención a las adicciones debe centrarse en la prevención y el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno, las recaídas y la reincorporación social incluyendo el control de la disponibilidad de las sustancias.
Especialistas como Luis Eugenio Todd, proponen que se abra un debate para evaluar los resultados de la actual política anticrimen y antidroga, la actual estrategia no ha funcionado. El autor del libro “Adicciones, enfermedades del siglo XXI” plantea como una medida de solución la legalización del consumo de drogas y que el Estado regule su distribución: “No podemos seguir la política de doble moral estadunidense; científicamente se ha demostrado que es más dañino el consumo de alcohol y el cigarrillo. Hay que abrirle la puerta al conocimiento y no a la sin razón de la política del poder” argumenta el ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ex subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.
La estrategia actual dirige más esfuerzos y presupuesto al control de la oferta que a la reducción de la demanda. Debe reforzarse la lucha contra el estigma para que la población comprenda que las adicciones son una enfermedad y no un problema de conducta.
El problema de las adicciones debe atenderse a través de un cuerpo central que coordine acciones de salud, procuración de justicia y desarrollo social. Las instituciones de salud no han incorporado la atención de las adicciones y su coexistencia con otros padecimientos psiquiátricos (comorbilidad), por ahora, se limitan a tratar las más de 60 enfermedades que resultan del abuso de sustancias.
La política de control de adicciones debe establecer sinergias con el Consejo Nacional contra las Adicciones (CANADIC) y las organizaciones de la sociedad civil y de filantropía. El reto es consolidar un sistema nacional de tratamiento, incorporar acciones de reducción de daños, atender a las personas enfermas que están en prisión y apoyar a los grupos de ayuda mutua a cumplir con la normatividad vigente asegurando el respeto a los derechos humanos.
La nueva política debe redefinir la prevención en un sentido amplio. Prevenir no es sólo advertir e informar, sino intervenir para facilitar un nuevo aprendizaje, así como resistir y tener la capacidad de enfrentar una situación adversa.
Basarse en la evidencia científica: Adoptar un foco amplio que incluya desde la prevención universal hasta la reincorporación del adicto a la sociedad; Fortalecer el CONADIC y los Consejos Estatales Contra las Adicciones para que cumplan con sus funciones.
Debe favorecerse la enseñanza y el desarrollo de modelos para ayudar a los consumidores a reconocer la necesidad de dejar de consumir, o bien, a reconocerse adictos y solicitar tratamiento, y finalmente habilitar a los terceros que forman parte del entorno del adicto.
La intervención debe ser selectiva, dirigida a los grupos más vulnerables y en quienes la brecha entre sus necesidades de atención y la prevención y tratamiento son más amplios y contemplar un componente de desarrollo social; el paradigma debe cambiar para incluir la prevención de la violencia urbana y del crimen, y reconocer el lugar que tiene el hábitat en una estrategia de prevención de adicciones y consolidar un sistema nacional de tratamiento y asegurar el acceso universal a los servicios.
Salvo lo indicado, todo lo aquí reseñado forma parte del documento “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, derivado de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia “Hacia una política de estado en los albores del Tercer Milenio”, que la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM ha propuesto al Estado Mexicano.
Añorar el pasado es correr tras el viento y aunque aceleráramos difícilmente lo vamos a alcanzar. Queda reflexionar si el país ya se le fue de las manos a quien se comprometió a preservar la seguridad nacional y velar por los mexicanos, ahora nos corresponde a todos hacer lo que quepa para que esta nación ya no se siga desangrando.