Mario Tassías
En el asunto de encontrarle la cuadratura al círculo respecto de las políticas públicas de seguridad y justicia, ¿Quiénes deben ser los actores del cambio? En los “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, se dice, y no se necesita sabiduría para comprender, que la corresponsabilidad es de todos.
Se asumen que el pacto entre la sociedad y el gobierno debió estructurarse con un horizonte nacional, pero anclada en la vida local de las comunidades y diseñada a partir de la diversidad de la vida a lo largo del territorio nacional. “Todos los presidentes municipales –y, en particular, quienes gobiernan los municipios más poblados y más violentos del país- tienen una responsabilidad histórica en este proceso y al asumirla deben ser apoyados de manera decidida por los gobiernos estatales y federal”.
Además si valoramos que la politización de la seguridad y de la justicia es uno de los mayores riesgos que enfrentamos en esta crisis, debemos asumir que el Congreso de la Unión y los de las entidades, los poderes judiciales, los organismos autónomos de derechos humanos, de transparencia –y manejo de archivos-; el Consejo Nacional contra las Adicciones, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y otros órganos de coordinación, tienen valorada responsabilidad.
Al mismo tiempo, el esfuerzo por colocar a la persona en el centro de la política de seguridad y justicia no puede ser solo de las instituciones gubernamentales. Todos los actores sociales compartimos la responsabilidad de aplicar nuestro trabajo y liderazgo para sostener un esfuerzo de largo aliento. Los líderes económicos del país también juegan un papel fundamental para sostener el impulso hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Quizás sea mucho pedir, pero hay que exigir que los legisladores recaben, escuchen, analicen y debatan los planteamientos de la sociedad acerca de la seguridad y la justicia. Es el ciudadano el que sufre, pierde familiares, tiene miedo ante tanta violencia, justo es que se conozca su pensamiento y se asuma la responsabilidad que corresponda.
Conducir procesos y resolver controversias con estricto apego a la ley, motivando y fundando sólidamente sus determinaciones, con plena independencia de cualquier instancia de poder público y sectores sociales y de particulares es función que debe prevalecer en la aplicación de la justicia, el diagnóstico revela que: “Es preocupante que se pretenda interferir, orientar o predeterminar las decisiones judiciales, como ha ocurrido en ocasiones, sin perjuicio de que los juzgadores rindan cuentas y asuman la responsabilidad conforme a la ley”.
La sociedad debe hacer escuchar sus opiniones, destacar los problemas existentes y exigir las soluciones respectivas en materia de seguridad y justicia.
De lo que se trata es que los ciudadanos nos convirtamos en agentes de cambio. De ahí que las instituciones de educación, en particular las de nivel superior, deben asumir su responsabilidad social y contribuir a la solución de los problemas en materia de seguridad y justicia, generando esquemas de vinculación con la sociedad y el estado para la investigación, desarrollo de contenidos educativos y mecanismos participativos coherentes con el perfil de la nueva política de Estado en seguridad y justicia a la que se aspira.La política nacional debe articular los esfuerzos disponibles de la cooperación internacional para capitalizarla de la mejor manera posible.
El documento alude a la responsabilidad de las instituciones democráticas fuertes y transparentes.
Se insiste en que todas las instituciones de seguridad pública deben fijar prioridades y metas de desempeño y orientar los recursos institucionales al cumplimiento de ellas. Deben establecerse registros interinstitucionales que permitan seguir un mismo patrón de hechos, a través de la policía y la justicia penal.
A partir de ahí, entraríamos para ver a las acciones del cambio, otro tema que nos permitirá ampliar detalles de la propuesta elaborada por especialistas, a convocatoria de la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.