Mario Tassías
Por unanimidad de votos el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Soyaló, Chiapas, 2008 – 2010, acuerda que “queda estrictamente pactado que ningún regidor podrá de manera unilateral presentar escritos de inconformidad o denuncia ante otras dependencias o medios de información, tendientes a perjudicar la imagen del Ciudadano Presidente Municipal o del Honorable Ayuntamiento. En caso de que llegare a presentarse, carecerá de toda legitimidad y validez a excepción de los que sean presentados por la mayoría de los integrantes de este Honorable Ayuntamiento…”
Es decir que en Soyaló, contrariando el espíritu del Artículo 6° Constitucional, la manifestación de las ideas es objeto de inquisición.
Tampoco se puede decir nada que perjudique la excelsa imagen del Ciudadano presidente porque de antemano lo que se diga en contra de su persona o el Ayuntamiento que preside, carece de legitimidad y validez.
Se entiende que perjudicar es sinónimo de lesionar, damnificar, afectar, inquietar y fastidiar, en pocas palabras decir algo en contra de este paladín de la intolerancia carece de sustento.
La legitimidad tiene que ver con la legalidad y la justicia. Validez, es sinónimo de fuerza y vigor.
Si el anterior texto demuestra que la ignorancia es atrevida y cruel, lo que sigue, retrata de pies a cabeza a quien gobierna a los soyaltecos: “A todo aquel regidor que no cumpla con el presente acuerdo, será suspendido de sus labores por el término de seis meses sin goce de sueldo y, en caso de reincidencia, se procederá a su expulsión del cuerpo edilicio, previo acuerdo de cabildo. En ambos casos, se dará vista su partido político y al Honorable Congreso del Estado para los mismos efectos”.
Preguntado sobre el tema el Presidente del PAN Estatal Carlos Palomeque Archila, ha dicho que recomendará a un psicólogo para que atienda los desvaríos del alcalde.
El pequeño poder inquisitorial de Freddy Espinoza Hernández, que es el nombre al que responde este petimetre de la política chiapaneca, señala a través del referido acuerdo que “…ningún regidor podrá ausentarse del Municipio, sin la autorización del Honorable Ayuntamiento Municipal o del Ciudadano Presidente Municipal” porque además “…todo aquel regidor que tenga que salir del municipio a gestionar asuntos no acordados en cabildo, podrá hacerlo bajo su responsabilidad y propios medios, pero tendrá la obligación de hacerlo del conocimiento del Honorable Ayuntamiento o del Presidente Municipal”.
Es decir que por arreglo del Cabildo que encabeza el tal Espinoza Hernández el artículo 11 de la Constitución de la República también es letra muerta en el municipio de Soyaló, y es que para salir del municipio se necesita o carta de seguridad, pasaporte o el salvoconducto del Ciudadano edil.
El acuerdo interno, que así se titula el mejunje firmado al calce y al margen por 10 de los 11 regidores, más el secretario municipal licenciado Brodely Calvo González, tuvo como testigos de calidad y asistencia a los ciudadanos ingeniero José Antonio Pavón Hernández y el licenciado Marco Antonio Hernández Hernández, con el rimbombante titulo de asesor del diputado local Rodrigo Trinidad Rosales Franco.
Nada más leer el documento para darse cuenta que los representantes populares que se alzaron con el triunfo en las elecciones municipales, se han visto mareados por el ladrillo en el cual gobiernan.
Reunidos en lo absurdo los miembros del cabildo, no han encontrado otra forma de unirse que a través de la estulticia. Buscan acaso demostrar ¿quiénes son los dueños del pueblo, quiénes deben ser respetados, quiénes pueden hacer y deshacer a su antojo? O en la parte más primitiva de la política entienden que ahora es la oportunidad para superar traumas familiares, baja autoestima y demás choques emocionales que han producido daños duraderos en el inconsciente.
Sería interesante conocer mediante auditoría cómo anda la administración municipal en Soyaló, podría ser que algo más arbitrario o disparatado se pretenda esconder.
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