Mario Tassías
Entre la búsqueda de responsables y culpables, el reloj ha seguido su curso y los hechos convertidos en historias a partir de 1960 y quizá antes, proyectan señales de que los conflictos de orden político, social o cultural calificado como “religiosos” en Chiapas tienen patente y se han convertido en uso y costumbre cotidiana.
El garante de la estabilidad social ha fallado en al menos un área que fue en aquellos años, 65 de 111 municipios y que, según declaración de prensa de los investigadores Carolina Rivera, Miguel Lisbona y María del Carmen García a la periodista Patricia Espinosa, ahora se localiza dentro del mapa social de Chiapas en por lo menos 39 de 118 municipios. El porcentaje es elevado si hablamos del territorio, pero es inmenso si nos concentramos en el aspecto social.
Culpar, enjuiciar y castigar a los responsables de los conflictos, ha servido hasta hoy, para un roto y un descocido, celebradas excepciones, la situación actual ha enardecido posturas y ha revolucionado circunstancias.
Quizá en el horizonte cultural de nuestros paisanos principalmente de la región de lo Altos de Chiapas, el tema es en blanco o negro, día o noche, es decir de acontecimientos bipolares. Lo comprimido del horizonte cultural permite que la influencia religiosa se convierta en dogma de fe que deriva forzosamente en lo político, social o cultural y no en una preferencia razonada en conciencia.
Desde aquellos tiempos, ahora cercanos al medio siglo, la intolerancia se enraizó en las comunidades: primero fueron los caciques y terratenientes los que usaban el método de expulsión para saldar cuentas o ajustar destinos. Luego los mismos católicos conocidos como tradicionalistas se convirtieron en el arma flamígera que quemó viviendas, derribó templos, destrozó convivencia y desarraigó a seres humanos que se convirtieron en nómadas en sus propios espacios.
“Desarrollar la política del ejecutivo federal en materia religiosa, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes” según lo celebra la Dirección General de Asociaciones Religiosas dependiente de la Subsecretaría de Población Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, no ha sido hasta hoy suficiente para impedir la intolerancia y el respeto a la pluralidad. Las evidencias lo confirman.
Son miles los testimonios de los desplazados de sus comunidades que han sido agredidos, muchos son los relatos de aquellos que cambiaron de “partido, de tradición y de pensamiento” que no son soportables por quienes gobiernan esa ínsulas de poder que otorga la representatividad comunitaria.
Muchos son los relatos de lo difícil que se ha vuelto la convivencia entre grupos que profesan una u otra religión, la diversidad y la pluralidad es un delito que los “tradicionalistas” consignan como desobediencia a los usos y costumbres y se castiga con expulsión, encarcelamiento, pago de las cuotas para las celebraciones tradicionales o muerte.
El origen tiene matices perfectamente delimitados, es verdad a luz del día, que quienes han provocado por siempre los problemas que derivan en intolerancia religiosa, son los tradicionalistas, cuyo modo de operar es conocido y que se rigen por sus usos y costumbres.
La guerra no es entre católicos y protestantes, es entre aquellos que convertidos en caciques, como antaño, detentan el poder económico, político y social de la comunidad.
“No es valido calificar el conflicto como una guerra entre católicos y protestantes, y mucho menos seguir presentando a los católicos como intolerantes”, ha dicho don Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de Las Casas.
Aunque el tema es intrincado el garante de la libertad religiosa en México ha fallado en la aplicación de la solución.
Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicarla, en forma individual o colectiva. Abstenerse de practicar actos y ritos religiosos. No obligar a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso. No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas; y asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos, son garantías que son superadas por la realidad.
comunicologo10@yahoo.com.mx