Proyecto de decreto para regular las sociedades de información crediticia

Los Senadores María Elena Orantes y Jesús Murillo Karam, presentaron un Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adicionan diversos artículos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para evitar la discrecionalidad con que las entidades financieras, empresas comerciales y Somomes, remiten información a esas sociedades, que unilateralmente considean como “cartera vencida”. Ambos legisladores del tricolor, proponen establecer disposiciones normativas en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. En la iniciativa se definen con precisión que clase de adeudos deben ser considerados como tal en la Base Primaria de Datos de dichas Sociedades. Y se regula las denominadas “claves de prevención u observación” a efecto de que reflejen con veracidad el comportamiento crediticio de los particulares.
Define a la Base Primaria de Datos, como aquella que se integra con información de cartera vencida que proporcionen directamente los Usuarios a las Sociedades, en la forma y términos en que se reciba de aquellos; y con información de operaciones crediticias fraudulentas. Y establece que se entenderá por Cartera Vencida aquellos créditos cuyos acreditados hayan sido declarados en concurso mercantil, o bien, cuyo principal, intereses o ambos, no hayan sido liquidados en los términos pactados originalmente.
Orantes López, precisó que la iniciativa, propone que las Sociedades establezcan manuales operativos estandarizados que deberán ser utilizados por los diferentes tipos de Usuarios, para llevar a cabo el registro de información en su base de datos, así como para la emisión, rectificación e interpretación de los Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales que la Sociedad emita.
Explica que la propuesta establece 4 tipos de claves de prevención y 17 claves de observación. Por otra parte plantea reducir de 72 a 60 meses la vigencia en los registros de la Base Primaria de Datos, toda vez que en ese término prescribe la mayoría de las acciones legales tanto civiles, como administrativas y fiscales.
Y por último, se otorga a los particulares la posibilidad de reclamar, a quien resulte responsable, el pago de daños y perjuicios por información errónea contenida en la Base Primaria de Datos que ocasione un daño económico o moral. Este proyecto de decreto fue turnado a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Estudio Legislativo Primera. ASICh

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