Demetrio Sodi de la Tijera
Bienvenido el nuevo intento del gobierno por lograr una reforma fiscal que aumente los ingresos públicos y reduzca la dependencia del petróleo. Más allá de que es necesario un programa permanente de austeridad para hacer más eficiente y eficaz el gasto del gobierno, lo que ya casi nadie discute —salvo algunos radicales que siguen queriendo debilitar al Estado— es la urgencia de aumentar la recaudación fiscal, ya que somos uno de los países en el mundo con menor ingreso y gasto público en relación con el tamaño de la economía.
La propuesta de reforma es buena porque da la posibilidad de lograr en forma gradual una recaudación anual adicional de 300 mil millones de pesos (3% del PIB) para 2012 que garantizaría, más allá de lo que pase con el precio del petróleo, contar con los recursos necesarios para evitar recortes al gasto público o un déficit fiscal creciente. Es buena porque en estos momentos es la única posible para aumentar los ingresos, ya que la posibilidad del IVA en alimentos y medicinas no es viable políticamente. Es buena porque busca aumentar los ingresos al combatir la elusión y evasión fiscal.
El nuevo impuesto de tasa única (CETU) que propone Hacienda busca tapar hoyos que aprovechan las empresas, muchas de ellas transnacionales, para evadir impuestos o para pagar mucho menos de lo que deberían. México no debe atraer inversiones por ser en la práctica, un paraíso fiscal, sino por las grandes oportunidades y proyectos que ofrece.
Que si la propuesta del gobierno es una reforma o sólo una miscelánea fiscal es lo menos importante, lo que realmente importa es que puede lograr consenso en el Congreso, algo que no ha sido posible en los últimos años.
Es, sin embargo, una reforma insuficiente y no es verdad, como dice el gobierno, que vaya a permitir aumentar la inversión y el gasto público para impulsar la economía y combatir la pobreza. Los ingresos adicionales que logrará servirán sólo para evitar un déficit fiscal al final del sexenio. Es una reforma, por lo tanto, que no va a impulsar el crecimiento económico e inclusive puede desalentar la inversión y el empleo como lo ha señalado el sector privado.
Si bien la reforma va a aumentar los ingresos del gobierno, esto no puede hacerse a costa del crecimiento económico y del empleo, mal resultaría una reforma fiscal que por resolver la escasez de recursos públicos fuese a afectar el ya de por sí lento crecimiento de nuestra economía.
Gran parte de la actual debilidad fiscal del gobierno se debe al insuficiente crecimiento económico que ha tenido del país durante los últimos 25 años, ya que si la economía hubiese crecido a un ritmo del 6% anual no tendríamos la escasez de recursos que tenemos. Es más, si durante el actual sexenio la economía creciera a un ritmo de 6% anual, los ingresos adicionales, sin cambio mayor a las leyes, serían casi del doble de lo que pretende recaudar Hacienda con la nueva propuesta de reforma o miscelánea fiscal.
La prioridad de cualquier reforma, en especial la fiscal, debe ser aumentar la competitividad y el crecimiento económico y del empleo del país y no sólo buscar más recursos para el gobierno. El Congreso debe, por lo tanto, exigirle al gobierno del presidente Calderón las medidas y programas que va a tomar para que el país crezca a 6% y cumpla con su compromiso de campaña de que su prioridad sería el empleo.
Qué bueno que ya hay una propuesta de reforma o miscelánea fiscal; qué malo que después de siete meses el gobierno no tenga claro cómo va a echar a andar la economía y cumplir con su prioridad del empleo. El gobierno de Felipe Calderón le sigue apostando, igual que en los últimos años, a reducir la pobreza a través del gasto público en lugar de hacerlo con crecimiento económico y empleo.
demetriosodi@hotmail.com
Analista político