Ernesto López Portillo
Mientras nos aprisiona la violencia diaria me niego a mirar el problema de la inseguridad desde el escándalo. Voy al análisis de los problemas complejos y estructurales que están atrás de este escándalo que sitia a tantos políticos y comunicadores. Voy al tema de los municipios.
Me pregunto cuántos municipios en México cuentan con una política pública moderna e instituciones profesionales en materia de seguridad pública, o cuántos tienen al menos un diagnóstico actualizado del problema (demográfico, socioeconómico, urbano, perfil de servicios públicos y de seguridad, perfil de demandas y percepciones y perfil de integración entre organizaciones de la sociedad e instituciones públicas) (Azun Candina, 2006).
Cuántos presidentes municipales le dedican tiempo a entender la inseguridad y a construir nuevos enfoques y métodos para enfrentarla; cuántos tienen al menos un asesor que conoce las experiencias prometedoras o exitosas en curso en América Latina; cuántos han diseñado propuestas, implementado acciones y evaluado sus resultados sobre ejes metodológicos recomendados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU o por el foro especializado nacional e internacional.
No hay fuentes de cobertura nacional que permitan saber si alguno lo ha hecho, si bien puedo afirmar que jamás he visto documentado un solo caso.
Resulta que las más avanzadas propuestas para construir seguridad ponen en el primer nivel de relevancia el liderazgo por parte de la autoridad local. Sin autoridades locales comprometidas los esfuerzos son vanos, no importa qué se intente hacer y cómo. Detrás de esto la tesis es muy clara: la inseguridad es, primero, un problema local que se debe atender de manera local, y sólo de manera subsidiaria a través de mecanismos de coordinación y apoyo nacional. Las soluciones locales vienen de la gestión de gobierno y comunitaria de base. Vienen de abajo, no de arriba. Los municipios no resuelven los problemas de fondo que provocan inseguridad si esperan las soluciones desde el centro o si son avasallados por las medidas tomadas desde el centro -para México, léase gobierno federal.
Uno de los varios motivos que han dado al traste con el Sistema Nacional de Seguridad Pública es que éste ha logrado promover sinergias entre sus miembros sólo en iniciativas coyunturales, no en procesos de largo aliento. En cuanto a los municipios el asunto ha sido de doble vía; por un lado los operadores del Sistema, todos ellos leales a cadenas de autoridad del gobierno federal, han buscado desde siempre imponerse sobre los municipios; por el otro, éstos no han consolidado modelos sólidos de políticas públicas e institucionales que puedan ganar influencia en el Sistema Nacional precisamente por su fortaleza técnica. Resultado: no fluyen propuestas desde abajo.
A los presidentes municipales les informo que circulan guías precisas, claras y de aplicación factible para construir formas seguras de convivencia; todo motivo para no aplicarlas se desploma porque muchas de las buenas prácticas no dependen de recursos, sino de la voluntad de hacer las cosas siguiendo un método y con transparencia. Colombia muestra, además, que la violencia tampoco cancela las posibilidades para los municipios. El tema se llama gestión institucional, social y comunitaria de la seguridad. No hay pretextos. Ustedes deciden.
Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.