Sara Sefchovich
Para vivir en sociedad, escribió Agnes Héller, se requiere aceptar un conjunto de normas y reglas que, aunque no siempre son acordes a nuestro interés o deseo particular, reúnen y representan los intereses y deseos de los distintos grupos sociales, tal que articulan y sintetizan la diversidad social en un conjunto más o menos coherente. “La sociedad necesita ser regulada jurídicamente para poner un dique a los deseos ilimitados de los individuos” , afirma Pietro Barcellona.
Esta regulación consiste en una serie de preceptos, reglamentaciones, normas, ordenamientos y leyes que tienen carácter obligatorio para todos los miembros de una sociedad.
México presume de ser un país con las mejores leyes, y en efecto, las hay para todo lo imaginable: para garantizar el derecho de los ciudadanos a la salud, la educación, la alimentación, el trabajo y hasta a la cultura, para proteger la soberanía del país y los recursos naturales, para exigir la responsabilidad social de las empresas, para erradicar la violencia intrafamiliar, la pornografía infantil y las adicciones, para defender a los animales y cuidar el medio ambiente, para lograr la paz en Chiapas (Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz), en fin, hasta para prohibir “el financiamiento, la planeación y la comisión de actos violentos de grupos extremistas en el territorio”.
Y sin embargo, una y otra vez los ciudadanos nos quejamos de que en México no hay ley, una y otra vez las empresas extranjeras y las embajadas acusan de lo mismo, y una y otra vez nuestros candidatos a cualquier puesto y nuestros gobernantes nos vuelven a prometer que ahora sí, en el país va a imperar el “estado de derecho”.
¿Qué sucede?
Lo que pasa es que:
1. Una cosa es que exista la ley, y otra que ella funcione. La forma en que se la promulga entre nosotros es tan general que no pasa de ser un enunciado que cada quien puede interpretar como le venga en gana. Además, la mayoría de las veces no existe ninguna reglamentación ni normatividad que la haga aterrizar en modos concretos de operación, lo cual también abre la puerta a que se le pueda dar la vuelta.
2. Una cosa es que exista la ley y otra que existan los mecanismos para obligar y vigilar su cumplimiento así como para sancionar su incumplimiento.
Y sin embargo, nos cuesta un dineral pretender que sí hay ley: desde mantener un Congreso que se supone está dedicado precisamente a eso, pero que no lo cumple a cabalidad (recientemente un diario publicó estos datos para el 2006:
“4, 629 millones de pesos en gasto y 45 iniciativas”, (lo que equivale a más de 100 millones de pesos por iniciativa) hasta mantener un ejército, montones de corporaciones de policía (Casi mil 500 en el país) y un sistema de jueces, tribunales, ministerios públicos y cárceles que se supone estarían dedicadas precisamente a eso.
El punto es entonces otro: no hay cumplimiento de la ley porque no hay voluntad de que las leyes efectivamente se cumplan. Y eso, dicen los estudiosos, ha sido un propósito deliberado. Escribe César Cansino: “la ambigüedad normativa fue un componente del sistema político mexicano porque eso convenía a un régimen sustancialmente autoritario que tenía en la ley a un aliado, pues podía interpretarla a su conveniencia en ciertas circunstancias”. Y según Fernando Escalante Gonzalbo: “Este país ha podido ser gobernado porque se han violado todas las leyes, una tras otra”.
Este modo de ser no es de hoy. Ya Horacio Labastida había dicho que “Nuestra primera gran Constitución, la federalista de 1824 no se acató, y que nadie acató tampoco las leyes del 36 ni del 47 ni la Constitución de 1857 ni las leyes de Reforma del 59”. Algo similar dicen quienes afirman que la Constitución que nos rige, la de 1917, constituye más que un conjunto normativo, una lista de buenos deseos muchas veces ambiguos e incluso contradictorios entre sí.
Lo anterior salta a la vista en varios casos recientes: el de la aplicación o no del artículo constitucional sobre las garantías individuales en la lucha del ejército contra el narco, el de la pretendida inconstitucionalidad de la ley del aborto que presentó el presidente de la CNDH o el de la violación a la legalidad del gobernador de Puebla, quien manda a funcionarios menores a defenderlo con argumentos como “la soberanía del estado”, que no tiene nada que ver con el asunto en cuestión.
El haber hecho propositivamente leyes inadecuadas para permitir un cierto tipo de gobernabilidad basada en el autoritarismo y la corrupción, es hoy por hoy uno de los obstáculos más serios para nuestro salto adelante como país.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM