Rosario Green
Esta semana se reúne la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano, uno de cuyos objetivos expresos es: “Fortalecer el reconocimiento y aplicación por parte de los gobiernos de la región de los contenidos y normas internacionales en materia de derechos humanos, contribuyendo al desarrollo democrático de los países de la región”.
Mi interés por la materia de la reunión es producto de convicciones profundas y de la experiencia personal vivida en la etapa fundacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México en los años 90 del siglo pasado.
Al observar en forma permanente lo que acontece en el campo de los derechos humanos, percibo que el tema se mantiene en buena medida en manos de personas que se han convertido en expertos en él gracias a su dedicación y compromiso, y también que su esencia está todavía lejos de ser compartida por el conjunto de la sociedad, pues no existe “una cultura de los derechos humanos” de la que participen las mayorías nacionales.
Tanto entre los ciudadanos de todos los niveles como en muchos medios informativos no está clara la línea divisoria entre los agravios en contra de personas o comunidades que pueden ser cometidos por integrantes de los tres poderes o de los tres órdenes de gobierno, los cuales constituyen violaciones a los derechos humanos, y aquellos actos lesivos que sean comentados por particulares, sean personas físicas o morales, cuyo tratamiento debe ser canalizado a las instancias civiles y penales del Poder Judicial.
Es innegable el esfuerzo realizado en nuestro país para la construcción de un andamiaje institucional en materia de derechos humanos, tanto en el ámbito federal como en los estatales. Asimismo, es un hecho insoslayable que hay un avance conceptual que permite hablar de la tercera generación de esos derechos. Sin embargo, es una gran verdad que aún no existe correspondencia entre estos avances y la percepción social del tema.
Esta situación se explica en buena medida por el abandono, desde hace muchos años, de la enseñanza del civismo como parte esencial de la formación de los alumnos de educación básica.
Es lamentable que altos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública hayan discutido en 2005, sin resultados positivos, si se reintroducía esa asignatura en los contenidos de la educación primaria; igualmente lo es que entre los objetivos generales y específicos de las bases para la implementación del programa nacional de escuelas primarias, sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, no se encuentre una referencia clara y contundente a esa necesidad.
Menciono esta carencia porque recuerdo las clases de civismo que me tocó recibir, cuyas piedras angulares eran la convivencia social y la consideración hacia los más desprotegidos. Estoy cierta de que la recuperación de este tipo de formación social temprana permitiría contar con el espacio idóneo para iniciar a los futuros ciudadanos en la exigencia al respeto a los derechos humanos y en el conocimiento de los canales que existen para la denuncia de sus violaciones, amén de que a través de ellos estas nociones llegarían a sus familias.
Es urgente que los gobiernos federal y estatales, responsables de la educación primaria, subsanen la situación señalada a fin de que los esfuerzos de la Comisión Nacional y de las numerosas organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el tema encuentren cada vez más en la sociedad un campo fértil en el que pueda florecer la cultura de los derechos humanos y podamos hablar con toda propiedad de un desarrollo democrático.
Senadora de la República (PRI)