José Luis Calva
Colocar a México entre los 25 países más competitivos del mundo -brincando desde el lugar 58 que nuestro país ocupó en 2006, entre las 125 naciones evaluadas por el Foro Económico Mundial- es una meta propuesta en Visión 2030. El México que queremos , del presidente Felipe Calderón.
Para lograr dicha meta es obviamente ilusorio esperar que los demás países duerman mientras México avanza. Hasta ahora ha ocurrido lo contrario: en 1997, México ocupaba el lugar 33 entre los 59 países entonces evaluados por el Foro Económico Mundial; en 2006, si se consideran solamente los mismos 59 países, México ocupó el lugar 43 (véase World Economic Forum, Global Competitiveness Report).
“Mientras otros países avanzan, México duerme”, parecen también indicar las más recientes mediciones realizadas por el prestigiado International Institute for Management Development. La calificación de México en el escenario mundial no solamente es baja (su índice de competitividad global en 2007 fue de 45.3 puntos, contra 100 puntos para Estados Unidos y 83.8 para Canadá), sino que se ha deteriorado dramáticamente. En una lista de 47 países, México ocupaba el lugar 33 en competitividad global en 2000; en 2007 cayó a la posición 40, considerando los mismos 47 países (véase IIMD, World Competitiveness Yearbook).
Cabe recordar que este indicador global de competitividad está basado en más de 300 criterios de evaluación, agrupados en cuatro megaindicadores: 1) desempeño macroeconómico, que incluye el comportamiento del producto nacional, el empleo, el comercio internacional, la inversión, los precios, etcétera; 2) infraestructura, que incluye infraestructura básica, es decir, carreteras, puertos, agua potable y otras; infraestructura tecnológica y científica; servicios de salud y ambientales, etcétera; 3) eficiencia del gobierno, definida como el grado en que las instituciones y políticas públicas favorecen la competitividad, considerando variables como democracia, legalidad, política fiscal, regulación de mercados financieros y gasto en educación: y 4) eficiencia empresarial, definida como el grado en que las empresas logran innovaciones, rentabilidad y comportamiento responsable, considerando variables tales como prácticas gerenciales, manejo financiero y relaciones laborales.
Precisamente el concepto de “competitividad sistémica” fue acuñado por especialistas académicos considerando integralmente los múltiples factores que determinan las ventajas competitivas de las naciones. Ahora bien, cabe subrayar que los tres primeros megaindicadores de competitividad (macroeconomía, infraestructura y gobierno) no dependen de la voluntad individual de cada empresario, sino principalmente del Estado, es decir, de las instituciones y políticas públicas. Más aún, dentro del cuarto megaindicador de competitividad, la rentabilidad de las empresas conjuntamente consideradas está influida por variables macroeconómicas (como el tipo de cambio), cuyo comportamiento depende también de las instituciones y políticas públicas.
En consecuencia, los diseñadores de políticas de competitividad deberían cobrar plena conciencia de esta realidad: cada empresario quisiera ser el mejor del mundo en su respectivo campo.
Conseguirlo, sin embargo, requiere múltiples precondiciones que escapan de las decisiones individuales: variables macroeconómicas favorables (particularmente tasas de interés que incentiven la inversión física y tipo de cambio competitivo, no sobrevaluado); un sistema nacional eficiente de investigación científico-tecnológica, que permita acceder a la información de punta, seleccionar, adaptar y generar tecnologías; recursos humanos calificados; infraestructura carretera, portuaria, etcétera, suficiente y competitiva; incentivos fiscales durante la fase de despegue y consolidación de los proyectos, similares a los que favorecen a fabricantes coreanos, japoneses e incluso estadounidenses en industrias consideradas estratégicas; una política comercial pragmática que incluya instrumentos eficaces de protección contra prácticas desleales de comercio, así como salvaguardas para ramas de la producción inmaduras pero con potencial comprobado o altamente relevantes por sus efectos multiplicadores; créditos preferenciales para la micro y pequeña empresa (similares a los existentes en Estados Unidos o la Unión Europea); un sistema de compras gubernamentales favorable a la planta productiva nacional; e instrumentos sectorizados de fomento -como los aplicados en Corea del Sur y Taiwán, pero también en Japón y en países de mayor abolengo industrial- que alienten el desarrollo de la planta productiva e incidan eficazmente en la articulación de las cadenas productivas.
Por eso hasta el Banco Mundial ha reconocido la importancia de las políticas públicas en el desarrollo económico (véase por ejemplo su Informe sobre el desarrollo mundial 1997, sugestivamente subtitulado El Estado en un mundo en transformación). No obstante, durante casi un cuarto de siglo de perseverante experimentación neoliberal, la tecnocracia mexicana se ha propuesto elevar la competitividad mediante el simple accionar de la mano invisible del mercado. Los resultados negativos están a la vista.
En consecuencia, para lograr un ascenso sostenido en los rankings de competitividad internacional es necesario que México deseche la visión neoliberal, pasando a una visión realista del desarrollo donde el Estado asuma y cumpla de manera integral -mediante políticas públicas proactivas- sus responsabilidades en la competitividad global.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM