Rodolfo Tuirán
El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina del Censo, dio a conocer hace unos días que el número de mexicanos residentes en ese país aumentó de 9.2 millones en 2000 a 11.5 millones en 2006 (un promedio de casi 400 mil efectivos más por año) y, dentro de este conjunto, el de indocumentados pasó —según el Departamento de Seguridad Interna— de 4.7 a 6.6 millones en el mismo lapso. Casi tres meses después del descarrilamiento de la reforma migratoria en el Congreso de Estados Unidos, estos datos no hacen más que confirmar el cuantioso flujo (sobre todo indocumentado) que año con año se dirige hacia el norte y la necesidad de brindar —desde México— respuestas de política pública en la materia.
Durante décadas, los mexicanos nos hemos acostumbrado a ver la emigración hacia la Unión Americana como una especie de “válvula de escape”, como una panacea, como un fenómeno aparentemente inevitable del cual celebramos algunos de sus beneficios. Sin embargo, el país no puede seguir cultivando esta perspectiva y mostrarse indiferente frente a un fenómeno que tienen enormes costos sociales. La migración separa año con año a miles de familias y se lleva de las comunidades a lo mejor de su gente.
México tiene que decidir si se resigna a vivir permanentemente con cuantiosos flujos hacia el norte y, al hacerlo, prescinde del esfuerzo y el talento de sus emigrantes, o bien busca atemperar activamente la intensidad de este fenómeno. Si bien es cierto que la reversión de las tendencias actuales es una tarea que podría llevar mucho tiempo, no hay duda que está en el interés de México transformar la migración en un movimiento legal, seguro y ordenado. Quizá por eso el presidente Calderón dijo el viernes pasado, en el marco del Forum Universal de las Culturas, que “la migración debe ser una elección y no la única opción, como lo es hasta ahora para millones de familias mexicanas”.
Para lograr este propósito, es preciso desplegar un conjunto de estrategias y acciones en diferentes frentes. Es claro que la solución de fondo y de largo plazo al problema migratorio sólo puede desprenderse de un enfoque que tenga como marco más amplio las cuestiones del desarrollo. La creación de empleos y la reducción de las brechas salariales y de ingreso entre ambos países constituyen una condición necesaria para desalentar la migración. Así, con el fin de multiplicar las oportunidades de los mexicanos en su propia tierra e impulsar los propósitos de la política migratoria, es indispensable identificar los obstáculos que impiden un mejor desempeño de la economía mexicana, llevar a cabo las reformas que se requieran y contar con toda la inversión que sea necesaria para alcanzar tasas de crecimiento económico superiores a 6% o 7% anual.
Además de revitalizar el desarrollo mexicano, se requiere insistir en la inclusión de consideraciones migratorias en los planes y programas relevantes, así como impulsar estrategias audaces de desarrollo local e iniciativas sociales imaginativas en las regiones de mayor intensidad migratoria, con miras a ofrecer a sus habitantes opciones viables frente a la de emigrar. Tarde o temprano, México deberá diseñar y poner en marcha —ante el eventual establecimiento en los próximos años de un programa de trabajadores temporales en Estados Unidos— un sistema de incentivos que permita canalizar la migración por conductos legales y restaurar los mecanismos de circularidad del flujo.
La agenda de trabajo de la política migratoria no puede dejar de considerar la estrecha vinculación entre los mexicanos y las comunidades de aquí y de allá, entre otras muchas razones porque la diáspora constituye una valiosa fuente de recursos para el desarrollo, de nuevas ideas y prácticas innovadoras e incluso de identidades socioculturales. Para realizar esta y otras muchas tareas relevantes, la política migratoria está obligada a adecuar su anacrónico andamiaje institucional y jurídico a las nuevas realidades.
El país debe poner manos a la obra de inmediato o pagar en el futuro el costo de las demoras y vacilaciones.
r_tuiran@yahoo.com.mx
Analista y subsecretario de Educación Superior de la SEP