Manuel Camacho Solís
Las principales organizaciones empresariales se están movilizando para detener la reforma electoral. No lo van a conseguir. La reforma tendrá el respaldo de la mayoría de los congresos estatales. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Su actuación es un reflejo de la posición que sostuvieron durante la elección presidencial o responde a un cálculo más profundo?
A estas alturas, ningún analista serio considera que la reforma electoral sea un retroceso, incluyendo a muchos —los más prestigiados— de quienes defendieron la elección presidencial. Todos coinciden en que la reforma cambia el modelo de financiamiento y relación con los medios; también reduce el costo de las campañas y las hace más transparentes. El argumento de que ésta limita la libertad de opinión se cayó el mismo día en el que pretendieron hacer abortar la reforma, con el golpe de mano que pretendieron dar ante el Senado. Ahí, sin tapujos, quedó transparentada su principal preocupación: la reducción de los presupuestos públicos para los medios.
El otro debate —respecto a la utilidad de la propaganda negativa en una elección— es de especialistas, de politólogos. No amerita cerrar los puños, ni siquiera justifica exponerse a una derrota pública.
Si como es el caso, la reforma electoral viene a restablecer parte de la confianza perdida el año pasado en los procedimientos e instituciones electorales, entonces por qué oponerse. ¿Los atemorizó el argumento de que con las nuevas reglas no podrían haber detenido a López Obrador en 2006? ¿Siguen pensando que en el futuro él puede ganar y qué podrían repetir la misma estrategia? ¿Desean conservar una capacidad de veto, para ser utilizado en cualquier emergencia?
La elección de 2012 no será como la de 2006. Lo que entonces funcionó, no volverá a funcionar. Pretender repetir la historia es un error. En cambio, desde ahora ya hay condiciones que recomiendan quitarle presión a la caldera. Los problemas del país son enormes y no se vislumbran posibilidades de corrección profunda. Los retos a la gobernabilidad van en aumento y los próximos años no van a ser sencillos. La situación económica puede verse afectada por una posible recesión en EUA, e incluso por presiones inflacionarias. El impacto de las alzas de precios de los básicos ya lo resiente la gente. La violencia criminal está en los umbrales más altos. La guerrilla está actuante y nadie puede evitar que repita en el corto plazo ataques fuertes. El país está polarizado. Un número grande de ciudadanos no le concede legitimidad al actual gobierno.
¿En esta situación conviene cerrar las válvulas? Por eso llama la atención que se apueste contra legitimar la vida política. Contra aumentar el prestigio de la autoridad. Contra fortalecer el Estado de Derecho. Contra los partidos políticos. Contra el Senado. Contra los exiguos márgenes que tiene el gobierno para mejorar su situación fiscal y evitar el resurgimiento de las turbulencias.
Se entiende que, desde la lógica de las empresas de la comunicación, haya preocupación por el impacto adverso de la reforma en sus negocios. Pero desde el punto de vista de los líderes de la clase empresarial, francamente no se entiende por qué exhibirse como contrarios al diálogo y la democracia. Salvo que hayan sido engañados sobre el contenido de la reforma y las posibilidades reales de frenarla, sus posiciones dan la impresión de ser apuestas a favor de una salida autoritaria.
Quien conoce el mundo y tiene contacto con los empresarios más destacados sabe que, dentro del paradigma de mercado, también es necesaria la democracia, el cuidado del ambiente, la protección de los derechos humanos, el estado de derecho, la transparencia, la responsabilidad social. El empresario avaricioso, explotador, tramposo, es un prototipo disfuncional que nadie quiere seguir. Hasta en aquellos países donde había dictaduras, como España y Chile, los empresarios aprendieron a beneficiarse de las ventajas del nuevo paradigma.
Por ello sería inconveniente para el país y para las organizaciones empresariales que, por reflejo condicionado o visión corta, se separaran de las pequeñas oportunidades de reconciliación y diálogo que hoy existen en nuestro país.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista