Por Jaime Arizmendi
*En el Aumento a Cigarros: Legisladores y Conflicto de Interés
*Crédito de Infonavit a Quienes Ganen menos de 4 Minisalarios
Argonmexico.com / Fumando espero, al precio que no quiero… Legislar contra el consumo del cigarro no es fácil. El proceso para que se apruebe una ley antitabaco puede llevar años. Sobre todo cuando se revela que legisladores tienen ese fin, con lo cual dan tiempo a las empresas de acudir a cabilderos que les ayuden a coptar a quienes impulsan o promueven tal medida.
Bajo ese marco, sacar adelante una legislación anticigarro como la aprobada en el Congreso de la Unión, que si bien no combate en forma directa el tabaquismo, al ordenar un aumento al impuesto sí genera una alza al precio del producto y con ello inhibe su consumo, tiene un costo y hubo quienes aceptaron pagarlo; también los hubo quienes ¿lo cobraron?
Ante ello, el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, el panista Ernesto Saro Boardman se prepara para librar una nueva batalla en la materia. El senador busca restringir la venta de cigarros al obligar a los expendedores a tener una licencia similar a la que tramitan las vinaterías e integrar un padrón de puntos de venta de tabacos.
A diferencia de Estados Unidos, donde los cabilderos o representantes de los intereses de las empresas están plenamente identificados, en México no existe siquiera alguna ley para regular el cabildeo. Se sabe que hay un proyecto para obligar a los legisladores que tengan un conflicto de interés a transparentarlo, pero la iniciativa está congelada.
Vale recordar que a la hora de la aprobación en el Senado, los dos legisladores de Nayarit, el priísta Raúl Mejía González, quien anda en busca de la candidatura a gobernador, y el perredista Francisco Castellón Fonseca, rechazaron el aumento de siete pesos el precio de la cajetilla de cigarros.
Shirley Almaguer Camacho es la gerente de Comunicación Externa de British American Tobacco México (BAT), empresa que maneja las marcas de Kent, Viceroy y Montana. Pocos sabían que ella es hija de la senadora perredista Yeidckol Polevnsky, quien en el pleno votó en contra de elevar el impuesto al cigarro.
La senadora Polevnsky niega que su rechazo esté en función del cargo de su hija, al aducir que como exdirigente de Canacintra, entiende al sector empresarial: “La certidumbre jurídica, no puedes cambiar a cada momento la legislación. Qué seriedad tienen los legisladores para cambiar la historia cada rato”.
¿Influye en sus decisiones la posición que tiene su hija en esta tabacalera?, se inquiere a la legisladora quien resuelve: Absolutamente no. No hay conflicto de intereses, su trabajo no influye en mi trabajo. Niego esa acusación.
Es por ello que el presidente de la Comisión de Salud, principal promotor de las leyes antitabaco, elabora un proyecto de reforma para obligar a quienes deseen vender cigarros, a tramitar un permiso como si se tratara de una vinatería. Ello permitirá crear por primera vez un padrón nacional de los puntos de venta de cigarrillos.
Y coincidimos con él. A la fecha no existe ningún control sobre los puntos de venta de tabacos. En el país hay medio millón de sitios donde se comercializan libremente los cigarros, pero no se conoce ni siquiera su ubicación.
Más aún, pese a prohibiciones como la medida adoptada hace unos meses por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impedir la venta de cigarros sueltos, en cualquier esquina o cruce de calles de esta ciudad capital del país se puede encontrar a los vendedores ambulantes con las cajetillas abiertas ofreciéndolas a los conductores de vehículos, sean incluso menores de edad.
Quieren Infonavit ¿para trabajadores informales?… El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara baja, el panista Martín Rico Jiménez augura que en breve estará lista la Ley del Infonavit cuyo objetivo consiste en otorgar créditos para casas a los trabajadores que perciben menos de cuatro salarios mínimos; pero también beneficiaría a quienes trabajan en la informalidad.
La reforma permitirá además proveer al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores de mayor capitalización a la que ha tenido en los últimos años; en lo cual existen más coincidencias que diferencias entre los grupos legislativos.
La iniciativa plantea dos fondos: uno, dirigido a aquellos trabajadores que ganan menos de 4 salarios mínimos, para que puedan acceder a un crédito de vivienda; mientras que el segundo es para aquellos trabajadores que quieran fortalecer su fondo de retiro.
Al mismo tiempo, se redistribuirán las aportaciones de los trabajadores, al disminuir en forma paulatina las aportaciones para la vivienda, en tanto se elevan las destinadas a las cuotas pensionarias; aunque la aportación total de los trabajadores se mantiene constante.
Propone también crear una Siefore –Sociedad de Inversión de Fondos para el Retiro– para administrar los recursos de la cuota pensionaria, con un gobierno tripartito apegado al régimen de inversión, cuyo cobro por comisión sería no mayor a 0.55 por ciento sobre el valor de los activos y coadyuvaría a que el rendimiento de los recursos de los trabajadores en su fondo de pensiones sea mayor.
De acuerdo a Rico Jiménez, otro beneficio que contempla la ley es la posibilidad de devolver a los trabajadores que ya se retiraron la aportación que realizaron y que no utilizaron, para conseguir una vivienda. Esto sería por medio de mensualidades diferidas.
Ahora falta saber si en esa nueva legislación, los legisladores contemplan establecer alguna forma de control sobre la directiva del Infonavit, organismo creado para beneficiar a los trabajadores y no para exponerlos ante el terrorismo cobrón de las empresas extranjeras que se sabe han adquirido la cartera vencida del instituto.
Igualmente, buscaremos al diputado Martín Rico para que nos adelante si en esa iniciativa se determinará también un esquema para que los derechohabientes, previo a la firma del contrato –de letras chiquitas– por el crédito hipotecario que se les conceda, puedan conocer la tasa de interés que se les aplicará y cuánto se cobraba hace 10, 20, 30 y 40 años, cuando nació el Infonavit.
Porque, mucha gente opina que el instituto opera actualmente para ayudar a inmobiliarias, constructoras, siefores, bancos, despachos de cobranzas, y a todos quienes decidan hacer negocio a su lado, pero nada en favor de los trabajadores. Y sí, el casado casa quiere, pero no con Udi´s, ni con caseros, ni siefores, ni constructores voraces…
jarizmx@yahoo.com.mx y argonpolitico@gmail com