Por Jaime Arizmendi
*Periodo
*Adelantados
La diputada federal Esthela Damián Peralta anunció que en el marco de las denuncias hechas públicas por presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante la gestión del ex gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, principalmente en los sectores de educación y salud, en el Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se contemplan 10 revisiones al Gobierno de aquella entidad.
Dijo que en total son 21 auditorías las que se realizarán al Estado de Guerrero, entre las que figuran también aquellas que se habrán de practicar a los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Acatepec, Ayuda de los Libres, Chilapa de Álvarez y General Heliodoro Castillo, todas ellas por recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
La también presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, indicó que la administración que encabezó Zeferino Torreblanca deberá rendir cuentas a la ASF por el uso de recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa, así como de los fondos Aportaciones para la Educación Básica y Normal; de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Expuso que el Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2010 para el gobierno guerrerense, también contempla revisiones a los fondos de Aportaciones Múltiples, de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Subsidio Federal del Programa Hábitat y del Subsidio Federal del Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Damián Peralta precisó que las auditorías serán de Inversiones Físicas, Financieras y desempeño y 7 de ellas serán realizadas por la Entidad de Fiscalización Superior Local en base al acuerdo de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación.
Algunas de estas auditorías, abundó, son resultado de las peticiones que legisladores de diferentes grupos parlamentarios hicieron a la ASF para comprobar el uso adecuado de los recursos con que desarrolló su gestión el exgobernador.Zeferino Torreblanca.
La legisladora perredista dejó en claro que las auditorías que habrá de realizar la ASF en Guerrero, obedecen a la demanda social relacionada con la honestidad de los representantes populares y de los servidores públicos en general, una práctica que por fortuna ya se percibe en todos los ámbitos y en todos los niveles del país.
“¡Hay que ser honestos! Y aceptar que la denominada “crisis de legitimidad” ha minado la confianza de los ciudadanos; esta crisis es producto de la corrupción, común denominador en muchas administraciones a la que todos directa o indirectamente hemos contribuido, y cuyo combate no ha sido ni será sencillo”, manifestó.
Hizo hincapié en que especialistas y analistas coinciden en las consecuencias derivadas de esta crisis: La percepción generalizada de que la sociedad no es tomada en cuenta en el proceso que tiene que ver con la toma de decisiones, que sus gobernantes carecen de honestidad y que la administración pública no ha sido eficiente ni eficaz.
“En respuesta a ello, una vertiente de las exigencias sociales se ha centrado en la construcción de las condiciones necesarias que obliguen a los servidores públicos a la rendición de cuentas, entendida ésta como la capacidad de las instituciones para hacer responsables a los gobernantes y servidores públicos de sus actos y decisiones”.
Recordó que para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el derecho a la rendición de cuentas consiste en que los ciudadanos puedan exigir información de su actuar a las autoridades y servidores públicos, quienes a su vez tienen la obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas.
Al respecto, identificó tres cimientos fundamentales de la rendición de cuentas: El primero de ellos, la información, herramienta indispensable para someter a cualquier funcionario al escrutinio público; el segundo, la justificación, que se traduce en la obligación del servidor público de explicar sus actos, no sólo en términos jurídicos sino también ante la sociedad; el último, la sanción, que se refiere a la garantía de hacer valer el Estado de Derecho. “Estos pilares son medulares para un correcto desarrollo del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas”.
Ante el reclamo lanzado la semana pasada por Elba Esther Gordillo, para que se audite al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante la etapa que encabezó su excolaborador Miguel Ángel Yunes Linares; el mismo extitular del ISSSTE arguye que en los tres años de su gestión, él sólo respondió a las órdenes del presidente Felipe Calderón.
De su lado, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos se desmarcó de Yunes, inquirido si él metería las manos al fuego por el ahora exdirector general del ISSSTE, el titular de la Ssa, repuso que él no llevaba la administración de ese Instituto.
“Entonces, yo no puedo comprometerme en algo que realmente yo no sé. La verdad es que cada una de las instituciones tenemos nuestra responsabilidad”.
Sobre las probables irregularidades con recursos públicos denunciadas por la lidereza del SNTE, Elba Esther Gordillo, el funcionario aseguró que sí hay alguna duda que se haga una auditoría, pero pidió no generalizar este caso con todo el sector salud.
Córdova Villalobos, quien es cabeza de sector, también dijo que los gobiernos actuales tienen que ser gobiernos transparentes que demuestren en que se gastan los recursos
En conferencia de prensa, Yunes dijo que el Presidente fue quien lo nombró en el cargo, luego de que la líder del magisterio nacional, Elba Esther Gordillo, dijera días antes que su nombramiento fue por un acuerdo electoral que sostuvo cuando Felipe Calderón era el candidato del PAN a Los Pinos.
El pasado 29 de junio, Gordillo Morales demandó una auditoría a la gestión de Miguel Ángel Yunes en esa institución y se deslindó de los “malos manejos” en el ISSSTE, durante una conferencia de prensa, en la que dijo que lo hacía por “razones éticas, morales y políticas.
“Elba Esther Gordillo dijo que se deslindaba, creo que no necesitaba deslindarse. Sin embargo quise asumir una de sus posturas cuando definitivamente no son temas sin embargo le pareció sencillo salir y declarar. Yo con muchísimo gusto lo hago no tengo nada que ocultar”.
Yunes dijo que durante su gestión “se hicieron muchas obras, por lo cual se pueden realizar distintas auditorías. Entre 2007 y 2010 se construyeron 39 hospitales. Se ampliaron 123 hospitales y clínicas”.
a lograr”. Sí, pero …
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