Manuel Camacho Solís
El primer plan nacional, después de los sexenales previos a la Segunda Guerra, fue el Plan Global de Desarrollo (1979). En pleno auge petrolero, anticipó las reformas que vendrían después de la crisis de 1982 y preparó el campo para las reformas a la Constitución, a sus artículos 25, 26, 27 y 28 que serían promulgadas en 1983. Ambos ejercicios tuvieron lugar en condiciones muy diferentes a las actuales, al punto de que algunos consideran que ya están agotados frente a la realidad del mercado global y la apertura.
El PND y las reformas no están agotados. El concepto de rectoría que establece la Constitución permite fortalecer al Estado y al mercado. Es completamente actual. La posibilidad de la planeación, en una economía de mercado, es un instrumento de la mayor utilidad. Desde luego no como una planeación centralizada, pero sí, como en Asia, para una sectorial y regional que permitirían definir una verdadera política de ciencia, tecnología, educación, infraestructura, industrial, medio ambiente; o comprometer proyectos de desarrollo regional con los cuales detonar el crecimiento y disminuir las desigualdades. La definición del régimen de propiedad que reforzaron las reformas al 27, de 1983, es hoy una piedra angular de la estabilidad social. La reforma al artículo 28 que adicionó el concepto de práctica monopólica, abre la posibilidad de tener una verdadera política antimonopólica.
Lo que hoy se necesitaba no era un ejercicio de definición de los criterios de política económica, donde se establecen las metas de crecimiento del sexenio. ¿5%, al final del sexenio, en base a qué; a un juego econométrico sancochado por el cálculo político?
Tampoco procedía el ejercicio de elaborar una prospectiva al año 2030 y pensar que eso es tener visión de Estado y construir políticas de Estado. No. El PND que el gobierno estaba constitucional y legalmente obligado a presentar, ofrecía la oportunidad de definir auténticas políticas de Estado, frente a una realidad social lacerante y una estrategia fallida de crecimiento económico.
No está lejos 2006. La campaña presidencial, antes de que dominara la estrategia del miedo, se dio como un gran debate entre dos proyectos de desarrollo. El tema de 2006 fue la economía. AMLO ofreció enfrentar el problema de la pobreza con un proyecto alternativo de desarrollo. FCH propuso atender el problema del empleo. Ambos sabían que los ciudadanos no estaban de acuerdo con los resultados económicos de las últimas décadas; con la falta de crecimiento, la migración, el abandono del campo, la desindustrialización, los bajos salarios. En las campañas de 2006 se sabía que el programa de las “reformas estructurales” conservadoras no permitía ganar la elección. También que había un problema de pobreza y desigualdad al que AMLO respondía ofreciendo terminar con los privilegios, y al que FCH tuvo que adecuar su campaña -haciendo suyas esas banderas- para estar en posibilidades de competir.
En 2007, la agenda sigue incluyendo el problema de la falta de crecimiento y la desigualdad. Sólo que ahora, como resultado de lo ocurrido, incluye ya, con la misma jerarquía, el de la democracia y la seguridad pública. El PND ofrecía la posibilidad de definir las políticas de Estado que se requieren. Pero eso sólo era posible, a partir de un diálogo de fondo con la mitad del país que no votó por FCH. Con ese 40% que aún cree que la elección fue fraudulenta.
No puede haber políticas de Estado sin tomar en cuenta a la oposición. Sin un compromiso de fondo -concretísimo- con la democracia, la justicia y una nueva estrategia de desarrollo. El ejercicio 2030, en la actual coyuntura, no es otra cosa que una elegante evasión respecto a una compleja realidad social y política. Por eso, la presentación del PND no pasó de ser una repetición de adjetivos sin sustancia: “deliberación plural e incluyente”, “visión clara de futuro”, “acción conjunta y corresponsable”, “democracia efectiva que se traduzca en resultados concretos”, “mirar alto y mirar lejos”. No se supo aprovechar la oportunidad del PND para hablar en serio sobre los problemas del país y sus opciones de solución.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista
