Porfirio Muñoz Ledo
Asistí el lunes anterior al foro sobre garantías sociales, en el marco de los trabajos previstos por la Ley para la Reforma del Estado. Fue impresionante la enjundia y contundencia de numerosos legisladores —con la notable excepción de los del PAN— en el trazo de los componentes fundamentales de un estado de bienestar. Las aportaciones de los especialistas resultaron pertinentes y avanzadas.
Se reveló particularmente atinada la denominación del capítulo de la reforma sujeto a debate. Hablar de garantías sociales significa equipararlas a las individuales, consagradas en el capítulo primero de la Constitución. Equivale a reconocerlas como derechos inalienables y a establecer obligaciones ineludibles para los poderes públicos. Supone la decisión de establecer un Estado garante y cancelar por ende el añejo pacto de simulación que ha corroído la moral de la República.
De no habernos ajustado a la terminología constitucional vigente, pudimos habernos referido a los derechos económicos y sociales, y aun a los llamados de la tercera generación, a efecto de connotar que se trata simple y llanamente de derechos humanos. Técnicamente hubiese sido más apropiado y las implicaciones jurídicas hubiesen sido aún más amplias ya que éstos son por naturaleza universales, indivisibles e interdependientes.
Ello subraya que la más relevante asignatura de la reforma es el establecimiento de un capítulo integral de derechos humanos en la Constitución, eludido en 1917. A estas alturas de la historia del derecho, tal ausencia resulta un imperdonable anacronismo y una violación confesa de tratados internacionales, cuyo carácter definitorio reside en que se encuentran por encima de la legislación interna. Habría por ende que actualizar y homologar ese texto conforme a los compromisos que hemos adquirido en el ámbito multilateral.
El tema central a discusión es la exigibilidad de todos esos derechos. Los recursos materiales y legales de que dispone el Estado para hacerlos valer y, desde luego, los métodos eficaces de reclamación de la sociedad. Éstos son de carácter jurídico, político, económico y ciudadano. Se trata nada menos que de la vigencia del estado de derecho, que depende del conjunto del andamiaje constitucional y, en este caso, también de una profunda modificación del modelo de desarrollo nacional.
Durante sucesivas generaciones nos inculcaron en las escuelas de jurisprudencia la aberrante tesis de que la Constitución estaba dividida en dos partes: la dogmática y la orgánica. ¡Como si los derechos fundamentales fuesen artículos de fe en vez de normas de observancia obligatoria! Respecto de las garantías sociales, se decía que eran “paradigmáticas”: tan sólo un ideal por alcanzar. El maestro Lanz Duret destacaba en su texto la inmensa distancia que había en México entre la norma jurídica y la realidad, de la que no se hacía responsable la facultad.
Semejante esquizofrenia se ha acentuado desde entonces, sobre todo por la que hace a la profundización de la desigualdad acompañada, sexenio a sexenio, por planes, instituciones, leyes y mandatos constitucionales supuestamente dirigidos a combatirla. Siendo, como se sabe, reformador por vocación, me he vuelto sensible a la crítica persistente de los escépticos que juzga nuestros esfuerzos como la fabricación electorera de nuevas apariencias y pone en duda la congruencia y honestidad intelectual de nuestra clase política.
Prefiero pensar que se trata en esencia de un equilibrio de fuerzas. Ciertos partidos y legisladores, así como una porción abrumadora de la ciudadanía, plantean una política social garantista y el ingreso a la sociedad del conocimiento como premisas imprescindibles para la conquista de la dignidad humana y para una inserción inteligente en la globalidad. Quienes detentan los poderes fácticos y formales se empeñan por el contrario en acentuar una estrategia que hace nugatorios esos derechos.
Lo que está en juego es la credibilidad de la democracia. Por eso el recordatorio de la defraudación masiva del 2006, la urgente reconstrucción del sistema electoral, la pluralidad de los medios y el combate a la corrupción y a los monopolios son parte del mismo debate. También la inviabilidad de la preceptiva del Consenso de Washington: la incompatibilidad para nuestros países de la democracia representativa con esta globalización asimétrica.
De nada serviría introducir ambiciosas reformas en materia de protección a las mujeres, a los niños, a los campesinos, a los indígenas o a los discapacitados, cuando son víctimas inevitables del modelo prevaleciente. Menos todavía las disposiciones legales a favor de la elevación de la calidad y cantidad de la educación o de la universalidad de los derechos a la alimentación, a la salud, a la seguridad social y a la vivienda, cuando las decisiones de política real corren en sentido inverso, como se probó en el caso de las pensiones.
Las decisiones que finalmente se adopten en el campo de las finanzas públicas, el programa y la distribución del gasto, tanto como sobre la solidez, funcionalidad y autonomía de las instituciones públicas, definirán el resultado de este juego en su fase parlamentaria. Pero los cambios de gran calado que el país requiere pertenecen a la jerarquía de la historia; demandan la edificación de una nueva República.
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