Manuel Camacho Solís
En Oaxaca ha fracasado la estrate-gia del gobierno federal de manos libres a la autoridad local y contención a la protesta social. Las elecciones legislativas ya no lograron su principal objetivo: regresar la lucha política a la institucionalidad. El uso de la fuerza, tampoco dio resultado: no frenó la movilización social, ha dado lugar al ascenso en la protesta nacional e internacional por las violaciones a los derechos humanos y ha contribuido a la radicalización de una parte del movimiento. La guerrilla, que estaba en una tregua tácita, ha encontrado condiciones propicias para irrumpir en el escenario nacional. El balance es desastroso. Sin una concepción democrática de Estado que lleve a un cambio de política, a un golpe de timón, se seguirá escalando el conflicto.
Recuérdense los antecedentes. Ulises Ruiz gana en una elección cuestionada. Al llegar al gobierno, en vez de llamar a la reconciliación y ofrecer garantías, actúa contra su competidor Gabino Cué y cierra las puertas a sus adversarios. Recurre a los viejos métodos de la cooptación y la amenaza.
Aún así, su gobierno parecía consolidarse. Los maestros, como era la costumbre, se movilizan en vistas de la revisión del 15 de mayo. Al no haber respuesta, se suman otros sectores. Se intenta contener el movimiento. Se le reprime. El resultado fue que se formó un movimiento más amplio y duro contra el gobernador.
El gobierno federal, con irresponsabilidad y oportunismo, no interviene. El conflicto le era funcional. Golpeaba a un operador de Madrazo y, sobre todo, contribuía a alimentar la estrategia del miedo contra AMLO. Cierran los ojos y se frotan las manos. Como era natural, el conflicto se desborda. Obliga a Gobernación a intervenir. El secretario no se quiere manchar las manos de sangre y busca una negociación. No obtiene el respaldo que requería para retirar al gobernador. Al final, acepta convalidar la intervención de la fuerza federal para despejar la entrada del nuevo presidente. Parecía que todo se había resuelto. Si se evitaba la movilización, se dividía y cooptaba a la oposición, se celebraba la Guelaguetza y ganaba el PRI, con el PAN, se habría resuelto el problema. No fue así.
En las formas se ha logrado lo que se perseguía. La izquierda perdió terreno en las elecciones locales. La presencia de las fuerzas federales y la amenaza de las locales mantienen intimidado al movimiento de protesta. En la realidad, la situación es gravísima. Los derechos humanos están siendo pisoteados. La legitimidad y la institucionalidad están hechas añicos. La economía y la sociedad han sufrido mucho. El conflicto, lejos de resolverse, ha adquirido expresiones más preocupantes.
Pero frente a estos hechos, el gobierno federal se esconde: juega con la estratagema de que no ve ni escucha. Renuncia a la responsabilidad de conducir políticamente al país, bajo el argumento de la presencia de la guerrilla y el pretexto de un falso federalismo: ¿En Estados Unidos, un presidente se mantendría al margen de un conflicto estatal de esa proporción? El gobierno federal está atrapado en su propia debilidad, el chantaje de sus aliados y su visión autoritaria del conflicto. Está en la pura táctica: en la defensa de los intereses y del statu quo. Está siendo arrastrado por la iniciativa de otros. No tiene hoja de ruta. ¿Hasta dónde y hasta cuándo pretende seguir “cerrando la vista y los oídos” frente a lo que ocurre en Oaxaca?
La solución es exactamente la contraria a la que ofrece el gobierno federal. Ha llegado el momento de que, desde los poderes federales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), se diseñe y convenga una solución política a la crisis. Si está claro el rumbo de la solución (interés público, democracia y respeto a los derechos humanos), las decisiones consecuentes (cambio de gobernador, justicia pareja, garantías, inclusión, pluralidad y encauzamiento del conflicto al espacio institucional) ayudarán a recuperar pronto la tranquilidad en Oaxaca. Hay que hacerlo ya, antes de que sea demasiado tarde, con plena determinación y por encima de cualquiera otra consideración táctica, partidista o intención de encubrimiento.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista
