Alberto Begné Guerra
Recientemente he leído y escuchado versiones sobre un presunto arreglo entre los cárteles del narcotráfico en México, según las cuales los principales capos se habrían puesto ya de acuerdo para poner fin a la disputa territorial, sangrienta y sin cuartel que ha plagado nuestras calles de crímenes y ajusticiamientos. Si esto fuera cierto, probablemente veamos una sensible disminución de la violencia asociada a este fenómeno depredador; pero lo cierto es que enfrentaríamos también un problema aún mayor: organizaciones más eficaces, más fuertes, ante el Estado y la sociedad.
Todos los gobiernos y las sociedades de nuestro tiempo enfrentamos un serio dilema frente al desafío de la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Aunque el problema no es nuevo, la evolución del mismo en años recientes no tiene precedentes. Los grandes desarrollos tecnológicos y el perfeccionamiento de las estructuras del crimen organizado han permitido que el mercado de las drogas ilegales se anide, en mayor o menor medida, en todas las economías del mundo. A su vez, la expansión del mercado de las drogas ilegales ha provocado que la mayor parte de los gobiernos tengan que dedicar cada vez más recursos para combatir a los cárteles del narcotráfico, enfrenten problemas crecientes de corrupción, y fuertes incrementos en los costos de salud pública asociados con el consumo de drogas.
Lo sorprendente es que aun frente a los magros resultados obtenidos en el combate al narcotráfico por la vía policial, es decir, bajo una lógica más punitiva que preventiva, las políticas públicas de la gran mayoría de los países se mantengan ancladas en esa visión, y que los países principalmente involucrados continúen imputándose mutuamente la responsabilidad sobre este problema; y es que nadie quiere reconocer que la relación actual entre el Estado y el narcotráfico se encuentra en un callejón sin salida.
¿Quiénes ganan bajo las condiciones actuales? Es claro que los cárteles y sus cómplices en los aparatos gubernamentales, ya que la prohibición de la producción, el tráfico y el consumo de drogas es la fuente del negocio, el factor determinante de los precios y la rentabilidad, y la coraza de su monopolio. Pero no sólo ellos. Ganan también diversos segmentos de la sociedad asociados de una u otra manera a la economía de las drogas, incluidos, desde luego, los sectores más marginados que no tienen opciones efectivas de desarrollo y bienestar.
¿Quiénes perdemos? Quienes estamos expuestos a la violencia derivada del narcotráfico; los servidores públicos dedicados honestamente al combate al narcotráfico, cuyas vidas están en permanente peligro; y, por supuesto, el creciente número de consumidores, sobre todo jóvenes, quienes pagan altos precios por las drogas (lo que, además, los atrapa en el círculo vicioso de la delincuencia) y están expuestos a consumir productos ajenos a cualquier tipo de control público que, por lo menos, evite que consuman veneno puro, drogas de la peor calidad, las más dañinas.
Un Estado democrático, cuyos órganos son producto del mandato de los ciudadanos, no puede renunciar en principio a la responsabilidad de prohibir y sancionar aquellas cosas que dañen a la sociedad, y las drogas lo hacen. Pero tampoco puede sostener unas normas y unas políticas que no son eficaces y son extraordinariamente costosas.
El dilema del Estado frente al mercado de las drogas ilegales no tiene una solución sencilla. Pero lo cierto es que las políticas punitivas han fracasado y lo seguirán haciendo. Peor aún: seguirán sosteniendo precios altos, gran rentabilidad y monopolios regionales. Desde un punto de vista ético, resulta difícil asimilar la idea de que el Estado deje de sancionarlo. Pero la realidad exige otra visión y otras estrategias. Por esa razón, insisto en la necesidad de colocar el debate en otros términos, con énfasis en el combate a las adicciones y la generación de oportunidades reales de desarrollo allí donde el narcotráfico no sólo se ha tomado el control del uso de la fuerza, sino incluso la recaudación de recursos por la vía de la extorsión y otras formas ilícitas de obtención de dinero, funciones que, por definición, el Estado debe ejercer en forma exclusiva.
Presidente de Alternativa Socialdemócrata