Gabriel Székely
Apenas discutíamos hace días la im-portancia estratégica que ha cobrado el tema del balance entre los requerimientos de la seguridad y los de proteger a la vez los derechos de los ciudadanos cuando algunos actúan en nombre de aquélla; y ahora nos despertamos con la alarmante noticia de un segundo atentado con explosivos a instalaciones de Petróleos Mexicanos, perpetrado por el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Este hecho hará saltar a la palestra las peores preocupaciones de quienes pensamos vital el equilibrio justo en el vínculo de la seguridad con una sociedad democrática.
Están todas las condiciones dadas para que el gobierno emita una respuesta implacable ante los actos violentos registrados. La intranquilidad social provocada por los actos referidos, y sus impactos en la economía, la política y la imagen de México en el mundo llevarán a muchos a aplaudir. Otros se van a entretener, como hemos visto estos aciagos días, en la discusión de las reformas fiscal y electoral, con todo tipo de teorías conspirativas y combinaciones posibles. Pero el tema del terror y las libertades es serio, y nos convoca a un debate de altura.
México ha vivido momentos similares y uno de los resultados ominosos fue la polarización política; el problema es que ya vivimos hoy una gran distancia entre las fuerzas políticas, que se desprecian al máximo, y por eso hoy más que nunca se requiere de enorme prudencia en el discurso y en la actuación de los partidos y de otros actores políticos. Alarma, por ejemplo, la noticia con la que dio comienzo la semana: la protesta contundente de políticos chilenos por el acercamiento de Manuel Espino a partidos que permitieron florecer a la dictadura militar de Augusto Pinochet. No es aceptable, y punto.
Los teóricos de la política señalan que las acciones extremas son el resultado de las fallas del sistema para procesar las demandas políticas que se generan por parte de la población; desesperados y sin perspectiva de algo mejor, los terroristas actúan para captar la atención y por un sinfín de objetivos que han sido analizados por estudiosos de diversas disciplinas. En el caso actual, la queja por el presunto delito de haber desaparecido a detenidos, existe la opción institucional no sólo dentro de México sino ante tribunales internacionales; responder con otro delito no resolverá el tema.
En tanto la causa de las explosiones es la insatisfacción de un grupo que se asume marginado de la política, entonces entramos al terreno de qué tipo de respuesta da el Estado para afirmar su autoridad y para que los ciudadanos mantengan su confianza. En los países avanzados, en términos económicos y por sus democracias consolidadas, se han vivido estos años explosiones y atentados terroristas que sin embargo no han tocado la esencia de sus instituciones ni han llevado a restringir libertades; y cuando esto ocurrió, se discutió cómo corregirlo. Nuestro vecino es el caso más conocido.
Gana las elecciones George W. Bush y se dedica casi toda su administración de ocho años a combatir a las fuerzas del mal, que han atacado el corazón de Nueva York y el de Washington también —el Pentágono. Pero como las libertades esenciales permanecen y no son sujeto de las voluntades o caprichos de un partido o de un gobierno, aquí estamos más de 15 meses antes de las elecciones de 2008 con un presidente que todos ignoran y con una vibrante campaña presidencial en que los temas centrales son cuándo se retira ese país de Irak y cómo evitar las violaciones aberrantes a derechos de prisioneros en Guantánamo.
Las posibilidades para cometer errores crecen mucho cuando se dan condiciones como las presentes. Por eso no hay que ser condescendiente en ninguna forma con las organizaciones del terror ni con quienes las apoyan, pero tampoco caer en las tentaciones para efectuar cambios legislativos que descobijen al ciudadano de sus derechos fundamentales, como alertó en estas páginas Sergio García Ramírez; ni tolerar acciones de cuerpos policiacos que actúan muchas veces con impunidad en nombre de la seguridad.
Se avizora pues una etapa difícil en México, de la que deberemos salir adelante para fortalecer nuestra joven democracia.
Coordinador de asesores del secretario de Turismo