Julián López Amozurrutia
La campaña emprendida por el gobierno federal contra el narcotráfico ha puesto de manifiesto el ingente poder adquirido por los grupos organizados para cometer delitos y la frágil situación en la que nos encontramos los ciudadanos.
Las redes criminales se han extendido, y como un verdadero cáncer se han ido apropiando de tejidos sociales otrora sanos y honestos. Hubo un tiempo en el que los espacios de control de las mafias mexicanas parecían estar reducidos y delimitados, y si bien se les veía con malos ojos, no dejaban de ser búnkers aislados.
Paulatinamente México se fue convirtiendo no sólo en un lugar de paso de drogas, sino en un país consumidor, y la seducción del dinero rápido atrapó a muchos jóvenes. Hoy vemos con tristeza que se habla ya de generaciones de hampones, de herencias en las plazas de control y de cárteles que compiten como empresas transnacionales por el dominio de su mercado.
La sociedad vivió este tránsito de consunción entre la indiferencia y el miedo. El vecino corrompido parecía vivir a muchas cuadras de distancia. El individualismo imperante nos recomendaba “no meternos” mientras no se metieran con nosotros, sin darnos cuenta de que ya lo estaban haciendo. La certeza de una corrupción difundida en las esferas de poder, la evidencia de la impunidad y de la aplicación arbitraria de la justicia, la simpatía procurada por películas y series televisivas a personas dedicadas a actividades ilícitas, todo ello nos fue empantanando culturalmente. Cuando despertamos, el narcotráfico estaba allí.
Ante la perversidad de esta realidad, la batalla no puede ser sólo del presidente Calderón y su equipo. Habrá siempre espacio para cuestionar las estrategias y el nivel de preparación en el enfrentamiento del problema, advertir la amenaza de la instrumentalización política, reclamar el drama de los asesinatos, reprobar los abusos que se presenten, pero resulta claro que se trata de un tema que no podía postergarse más.
Sin embargo, a la campaña con las fuerzas del orden debe corresponder otra más difícil y a la larga más necesaria y eficaz: la de la educación en los valores y en los derechos humanos y la de la promoción de una sociedad civil organizada, valiente y propositiva.
La responsabilidad cívica ha sido un campo ampliamente descuidado en la formación de los niños y los jóvenes, un verdadero pecado de omisión. Y como toda responsabilidad, implica un nivel de disciplina y de sacrificio que pone en crisis la dominante tendencia al mínimo esfuerzo y máximo placer.
Con ello se fomenta, en realidad, una importante debilidad social, como consecuencia de la anorexia de individuos egoístas atrapados en el ideal de su propia imagen. Sólo el paso de la “ética indolora” a un verdadero altruismo dará lugar a una civilización de hombres y mujeres comprometidos comunitariamente y, por lo tanto, de una mejor sociedad, no basada únicamente en el éxito económico.
No basta, por lo tanto, desenmascarar lo perjudicial del consumo de drogas y enseñar a rechazarlas, ni tampoco amenazar a quienes comercian con ellas con penas más severas; es necesario librar una batalla cultural, en la que se recuperen elementos tan primarios y a la vez tan cuestionados hoy como la posibilidad de señalar algo como “malo” y el oponerse valientemente a ello como virtud de la fortaleza. La campaña educativa es más urgente que la militar, y sin ella ésta resultará inútil.
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Sacerdote y teólogo católico