Rosario Green
Desde mayo de 2005 se produjeron en Estados Unidos varias iniciativas de carácter bipartidista, cuyo objetivo era lograr una reforma integral de su legislación migratoria. La última de ellas —promovida por los senadores Kennedy, demócrata, y Specter, republicano— había procurado incorporar las preocupaciones más relevantes de los grupos liberales y conservadores, combinando los aspectos relativos a la seguridad fronteriza con una ruta, particularmente compleja, para la regularización, que no ciudadanización, de los indocumentados, añadiendo otros elementos que privilegiaban las cualidades de los aspirantes y abandonaban los criterios tradicionales de reunificación familiar.
No obstante, ese proyecto no alcanzó a satisfacer a los republicanos más recalcitrantes, que vieron en él un intento disfrazado de amnistía para los indocumentados que se encuentran en la Unión Americana, ni a diversos grupos sindicales y organi-zaciones de migrantes, que lo repudiaron por considerar que se trataba de un programa más de trabajadores temporales.
A lo anterior se sumaron, de manera inevitable, los cálculos de los senadores que no están dispuestos a perder de vista el proceso electoral de 2008, en el cual se elegirá a un nuevo presidente de Estados Unidos y se decidirá la composición del Legislativo.
Los anteriores elementos se conjugaron para determinar, el pasado 28 de junio, una votación que bloqueó de manera definitiva la discusión de la iniciativa Kennedy–Specter, en la que 15 senadores demócratas emitieron votos en contra. Por lo pronto, no parece que la reforma migratoria volverá a ser abordada en el Congreso antes de 2009.
El presidente Bush lamentó la determinación del Senado, pues, aunque de manera tardía, se había involucrado en el esfuerzo por conseguir la aprobación de una reforma integral con características bastante similares a la propuesta bipartidista. Por su lado, el presidente Felipe Calderón juzgó el resultado como un grave error que tampoco pondrá fin al éxodo de indocumentados con todos los peligros y problemas que ello implica.
La presencia de 12 millones de indocumentados en EU y la necesidad de mano de obra para la economía de aquel país son dos datos de una realidad incontrastable con múltiples efectos sociales, económicos y políticos para el vecino del norte, algunos de los cuales se resienten con mayor fuerza en diversos estados y comunidades estadounidenses. Es posible que ante la falta de una normatividad de alcance federal pudieran producirse acciones legislativas locales que permitan el acceso parcial de mano de obra extranjera, pero que en el plano nacional acaben cancelando entre sí los efectos positivos que pudieran generarse.
También podríamos ver multiplicarse decisiones de congresos locales y concilios citadinos robusteciendo medidas de seguridad fronteriza, exigiendo el uso del inglés como único idioma, restringiendo los servicios públicos de salud y educación, prohibiendo la renta de vivienda a indocumentados o sancionando a quienes les den trabajo, como acaba de ocurrir en Arizona.
Un proceso disperso de acciones para controlar los impactos de la migración tendrá necesariamente la capacidad para generar mayor deterioro de la situación en que viven y vivirán nuestros compatriotas que ya han emigrado a Estados Unidos y los que lo hagan en el futuro, y sin duda creará condiciones sumamente difíciles para el impulso de una reforma integral en los años venideros.
En este escenario de iniciativas inconexas y seguramente en muchas ocasiones contradictorias, el potencial de conflicto entre los gobiernos de México y de Estados Unidos podría incrementarse en forma exponencial. Tal peligro no debiera escapar al entendimiento de un buen número de legisladores estadounidenses, aunque las posibilidades de revertir lo ya decidido son prácticamente nulas y sólo cabe esperar sus indeseables consecuencias.
Senadora de la República (PRI)