José Luis Calva
“La elaboración de leyes y pro-cedimientos administrativos que obligaran hasta a los más recalcitrantes o astutos millonarios de América Latina a ceder al Estado una parte razonable de su ingreso o de su riqueza a través de la tributación —escribió hace casi medio siglo el destacado economista Nicholas Kaldor— no es una tarea que exceda las capacidades de imaginación humanas”. “Pero lo que en realidad pueda avanzarse en esa dirección”, señaló Kaldor —en un notable artículo publicado en 1963 por la revista Comercio Exterior— “no depende meramente de la correcta apreciación intelectual de los problemas técnicos que la reforma fiscal entraña. Es, predominantemente, un problema de poder político”.
Cuarenta años después, el ex secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog —quien, para decirlo con José Martí, conoce bien al león porque vivió en sus entrañas—, señaló: “En México, el sistema fiscal tiene muchos años con temor a gravar en serio a los grandes contribuyentes”. “Aun con la elevada concentración del ingreso —agregó— el sistema fiscal dejó de ser enérgico y de captar recursos de la gente más rica del país”. “Hay muchos huecos por medio de los cuales se evade el pago de impuestos y la verdad es que en México no hay conciencia fiscal” (Reforma, 10 de noviembre de 2003). Es algo indudable.
La ancestral renuencia de la clase política dominante a realizar una reforma fiscal realmente progresiva, ciertamente no deriva de las complejidades técnicas de la tributación, sino de su miedo a recaudar. Sea por su sobrerrepresentación en el gobierno federal y en el Congreso, o por su capacidad de chantajear con huelgas de inversiones o fugas de capitales, los poderosos intereses económicos han bloqueado una y otra vez los proyectos de reforma fiscal progresiva.
De hecho, nos hallamos hundidos en una típica causación circular o trampa de la pobreza: la prevalencia de un sistema fiscal raquítico e inequitativo, incapaz de atemperar la enorme concentración del ingreso, se perpetúa por la abismal desigualdad socioeconómica y de representación política. En un excelente artículo —publicado en Revista de la Cepal, No. 80, 2003—, el profesor Joseph Stiglitz observó precisamente: “La concentración de la riqueza, incluso en regímenes democráticos, puede dar origen a la concentración de poder político, lo que limita las posibilidades de tributación redistributiva”. Asimismo, en su acuciosa investigación sobre “Equidad y desarrollo”, que integra su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2006, el Banco Mundial, encontró que las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales tienden a reproducirse a través de generaciones. Por eso, las reformas orientadas a equilibrar las condiciones económicas, tales como la tributación progresiva, la reglamentación contra abusos de poderes oligopólicos, etcétera, suelen toparse con enormes dificultades. “Cuando las políticas hacen peligrar determinados privilegios —subraya el Banco Mundial— puede haber grupos poderosos que procuren bloquear las reformas”.
No obstante, la esperanza de un futuro mejor deriva de la experiencia histórica universal: ninguna de las naciones con mayor desarrollo humano en el planeta nació democrática ni con su actual estado de bienestar basado en la tributación progresiva. “A comienzos del siglo XX, Francia, España, Reino Unido y Estados Unidos —observó el Banco Mundial— habían tenido niveles altos de desigualdad en el ingreso. Sin embargo, lograron reducir drásticamente la desigualdad en el transcurso del siglo y en periodos relativamente cortos (de dos a tres décadas)”. Desde luego, estos logros guardan relación con el establecimiento de estados benefactores sumamente redistributivos. No hay que olvidarlo: en Irlanda, por ejemplo, el coeficiente de distribución del ingreso (coeficiente de Gini) antes de impuestos y transferencias resulta ser de 0.53; mientras que el coeficiente de Gini después de impuestos y trasferencias, se reduce a 0.34; y en Dinamarca, el país más feliz del planeta precisamente por su generoso estado de bienestar, el Gini antes de impuestos y transferencias es de 0.49, pero se reduce a 0.29 después de la redistribución fiscal. En contraste, en América Latina el coeficiente de Gini para los ingresos antes de impuestos asciende a 0.56, mientras que el Gini después de impuestos y transferencias apenas se reduce a 0.52.
De allí la enorme importancia de una reforma fiscal progresiva. Pero si el enorme atraso de nuestro sistema tributario deriva del subdesarrollo de nuestra clase política, que tiene miedo a recaudar, el punto está en “quién le pondrá el cascabel al gato”. La experiencia de los países más prósperos del planeta, que han registrado una drástica reducción de la desigualdad, demuestra que es factible la construcción de fuertes coaliciones políticas comprometidas con una tributación progresiva en favor del desarrollo, la inclusión social y la democracia, que han roto las trampas de la inequidad.
En México, durante los próximos meses se elucidará si nuestra clase política ha perdido el miedo a recaudar, alcanzando la madurez necesaria para forjar coaliciones capaces de iniciar la ruptura de nuestras trampas de desigualdad.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM