Mauricio Merino
Las elecciones de Baja Califor-nia han sido ejemplares varias veces, por buenas y malas razones. Las que tuvieron lugar el domingo pasado pertenecen al segundo estrato: en ellas no sólo se repitieron las malas artes y los errores que vulne-raron las elecciones federales de 2006, sino que además se añadieron los conflictos enderezados contra las autoridades electorales y un acrecentado índice de abstención. La buena noticia, en cambio, es que el PRI parece haber aceptado su derrota.
Ya se han publicado varios recuentos de lo que sucedió el domingo en las elecciones locales del país y no es necesario recordarlo una vez más. Pero vengo al tema para preguntar si las propuestas que se han hecho hasta ahora para corregir la pobre calidad de nuestras elecciones se corresponde con el diagnóstico correcto. En materia de políticas públicas (y la organización de los comicios es una de ellas), es frecuente que los errores principales se comenten durante la definición de los problemas. Dicho de otro modo: es común que se propongan soluciones para problemas que no existen o que no representan el nudo principal de los asuntos que se quieren resolver.
Recuerdo, por ejemplo, que cuando la inseguridad pública comenzó a ser un problema mayúsculo para el país, a alguien se le ocurrió la “peregrina” idea de incrementar las penas por los delitos cometidos. El Legislativo aprobó aquellas reformas y generó más dificultades: la inseguridad siguió creciendo, pues sus causas estaban en la ilegalidad, en la delincuencia organizada y en la corrupción de los cuerpos policiacos y de justicia, de modo que se creó un nuevo conflicto de sobrepoblación y deterioro en la vida de las cárceles, que por añadidura gestó nuevas injusticias y nuevas formas de cometer delitos. Era obvio que el problema estaba muy mal definido y que la solución propuesta no tenía ningún sentido. Pero se adoptó de cualquier manera, pues así convenía a los intereses políticos de aquel momento. Y el resultado fue, como bien sabemos hoy en día, un total desastre.
Algo así le puede suceder a los procesos electorales por venir. Una y otra vez, como lo demuestra el caso de Baja California, salta a la vista que los partidos se están portando mal, que tienen dinero en abundancia para hacerlo sin reparos, que los medios de comunicación no tienen ningún escrúpulo a la hora de cobrar facturas, que hay demasiado tiempo para cometer toda índole de despropósitos, que los aliados de cada bando actúan con toda libertad y que las autoridades electorales apenas cuentan para instalar casillas y procesar los votos. Hemos convertido las campañas electorales en negocios descarados, tanto por su duración como por sus montos; hemos sustituido el debate de programas y propuestas por la guerra sucia basada en descalificaciones y difamaciones; hemos asumido que todo el mundo puede entrar en la contienda con toda impunidad (incluyendo a los gobiernos, a los empresarios poderosos y a los sindicatos nacionales); y hemos aceptado que lo más importante es, acaso, que después de esa larga cadena de hechos lamentables el derrotado acepte que perdió.
Como si no fueran elecciones sino lucha libre, el espectáculo puede ser tan sucio como sea preciso, a condición de que al lograr las tres caídas se levante un vencedor indiscutible.
La falta de calidad en nuestros procesos electorales está, a todas luces, en la impunidad con la que están actuando los partidos. El instrumento indispensable para integrar y articular la voluntad de los electores se ha convertido en el propósito en sí mismo. Pero las propuestas para resolver ese problema son más bien tibias, cuando no francamente equivocadas. En lugar de reducir de un tajo la oprobiosa relación que se ha formado entre el dinero público y los medios de comunicación, se propone incrementar la capacidad de fiscalización de las autoridades electorales, a toro pasado y cuando ya todo ha sucedido; en vez de prohibir definitivamente y convertir en un delito la incursión de empresas y personas morales de toda índole (incluyendo al poderoso SNTE) en los comicios, se proponen sanciones administrativas a los partidos que utilizan esos medios, siempre que se les demuestre que hubo una relación de voluntad entre ambos; en lugar de reducir drásticamente el tiempo de campañas y reunir el calendario electoral en una sola fecha, se recomienda crear un nuevo instituto electoral.
La verdad es que la corrupción está calando hasta los huesos del sistema de partidos. Y lo que vemos en los procesos electorales no es más que la proyección amplificada de esa imagen. Hay mucho dinero, mucho tiempo y muy poca responsabilidad en la forma en que se están llevando a cabo las campañas. Además, con el argumento de que lo más importante es ganar el puesto, los partidos están reforzando mutuamente sus conductas más pedestres, mientras las autoridades tiemblan y titubean ante cada nueva decisión.
En efecto, las campañas se hacen para ganar los puestos. Y tienen que ser duras y directas. Pero las mexicanas son las más caras del planeta (con la única excepción de las que se han llevado a cabo en países que han pasado por la guerra, según los datos de la ONU), y seguramente son las más corruptas, por las enormes cantidades de dinero que se invierten en ellas. Pero convertidos en enormes y poderosas burocracias, los partidos no quieren aceptar la única solución plausible al problema ya identificado: perder el dinero que han ganado, renunciar a las campañas largas y a su influencia comprada en los medios de comunicación, y concentrar sus esfuerzos políticos en una sola fecha al año, sin intervención de nadie más. Es decir, no quieren ser partidos en el sentido literal del término. Se han convertido en los dueños del negocio y se niegan a renunciar a ese privilegio.
Seguramente los amigos más cercanos de los vencedores deben estar contentos. Pero cada vez es más grande la distancia entre los ciudadanos y la política que están desplegando los partidos. Y espero que la dignidad republicana que hay en ese hartazgo no se venda. Ojalá.
Profesor investigador del CIDE