Leonardo Curzio
Los atentados en contra de Pemex han reabierto el debate sobre el papel que juegan los servicios de inteligencia en una democracia. He leído varios artículos en los que los autores asumen tener información concluyente sobre la situación del Cisen en este particular y a partir de la misma sacan conclusiones que no puedo admitir o descartar. Ignoro la profundidad de las refriegas burocráticas o el alcance de los desacuerdos entre el secretario de Gobernación y el director del Cisen, lo que sí tengo claro es que al gobierno se le debe juzgar por sus resultados y el simple hecho de que los atentados se hayan perpetrado en dos oleadas, significa que por lo menos un eslabón de la cadena está fallando.
A los aparatos de seguridad se les juzga siempre por sus fracasos. Es una regla dura, pero es la regla de oro. Siempre que se eviten atentados o se detecten las células disruptivas en fase embrionaria, el aparato de inteligencia no será noticia, ni motivo de preocupación. Pero cualquier error puede ser fatal pues deja ver que algo no funciona.
Los problemas de operación de un órgano de inteligencia pueden tener diversos orígenes. En el caso que nos ocupa creo que el origen de la falta de resultados descansa en una débil integración de la comunidad nacional de inteligencia. Resulta poco alentador que sumados los sistemas de inteligencia civil, policiaca y militar no consigan acoplarse mejor. Falta confianza mutua que sólo se desarrolla con el tiempo y la interacción.
Esto puede deberse a competencias burocráticas o franca desconfianza (ésta es muy frecuente en la interacción entre civiles y militares) que dificulten la existencia de una auténtica y funcional comunidad que comparta información. Otro problema asociado a esta débil integración son las agendas de cada órgano y de sus dirigentes. Es muy probable que en una democracia el órgano de inteligencia civil tenga una carga política. No hay duda de que la dirección del Cisen ha recaído en un hombre muy cercano al presidente Calderón y no resultaría descabellado suponer que una buena parte de las reflexiones del centro estuvieran centradas en dar viabilidad y hasta lustre al gobierno. El problema se plantea cuando la agenda política desplaza a la agenda de seguridad y el órgano pierde su foco.
A Salinas le reventó en 1994 la paradoja de contar con un órgano de inteligencia politizado, peor aún partidizado, que fue incapaz de ponderar el riesgo que supuso el EZLN. Probablemente no perdían palabra de lo que dijera Cárdenas o Diego Fernández al teléfono, pero fueron incapaces de detectar y ponderar el golpe de 1994. La lealtad partidista sirve para muchas cosas en el gobierno, pero no en los aparatos de inteligencia.
En este 2007, me pregunto francamente si, salvando las distancias legales y políticas, algo similar está sucediendo. El servicio de inteligencia debe como principio general tener un creciente impulso de Estado y esto pasa por reducir su sesgo político, acotar la cultura del botín burocrático y profesionalizar más el órgano.
La profesionalización es el mejor antídoto conocido para reducir los sesgos políticos y centrar en los temas de la seguridad nacional el foco de atención, ya que un político puede limitarse ante un profesional de la materia (no es tan fácil pedirle por ejemplo a un general del Ejército que haga seguimientos telefónicos de opositores) que ante un operador de confianza al cual se le puede pedir eso y más.
En suma, creo que revisar la cohesión de la comunidad de inteligencia, difundir más la agenda de trabajo del órgano y profesionalizarlo más, son las tareas más apremiantes.
Analista político