José Luis Calva
La mejor noticia económica del año es, sin duda, la reforma constitucional en materia electoral. Durante la sesión de su aprobación por el Senado de la República, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Carlos Navarrete, señaló: “La columna vertebral de la reforma es expulsar al poder del dinero de la lucha electoral en México”. Por eso, “están muy molestos los poderes fácticos”.
Por su parte, el líder de la fracción senatorial del PRI, Manlio Fabio Beltrones, señaló: “A quienes quieren hacer valer simplemente su fuerza o poder acumulado, (hay que) recordarles que no se equivoquen: podrán doblar a más de un político, pero nunca quebrar al Estado”. Y el líder de la fracción del PAN, Santiago Creel, señaló: “No festejemos, porque nos falta mucho camino por recorrer, muchos grupos de interés que reordenar en este país. Este es el primer paso solamente” (EL UNIVERSAL, 13/IX/07, www.prd.senado.gob.mx e idem PRI y PAN).
De hecho, este primer paso estuvo puntualmente sincronizado con un segundo: la reforma tributaria, signada también por la molestia de poderosos intereses económicos. Guardadas sus proporciones —relativas también a la dimensión de sus tareas pendientes (la minirreforma fiscal no representa más de 5% de la modernización tributaria que México requiere, mientras que la reforma electoral probablemente represente más de 60% del cambio requerido en este ámbito)—, ambas reformas evidencian que la reconstrucción de México como país económicamente próspero y democrático tiene como precondición el acotamiento de los poderes fácticos.
Por eso, la reforma electoral es la mejor noticia económica. Hace casi un año (7/XI/07), un estudio titulado La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento de México, elaborado por Isabel Guerrero (del Banco Mundial), Luis Felipe López-Calva (de la Universidad de Stanford) y Michael Walton (de la Universidad de Harvard), concluyó que siendo “la desigualdad y el lento crecimiento económico los problemas más impor-tantes que enfrenta México”, “existe una relación estrecha entre ambos”. “La concentración de la riqueza y del poder monopólico en el sector empresarial”, así como las estructuras sindicales corporativas, traen consigo “políticas e instituciones subóptimas que permanecen en el centro de un desempeño decepcionante en el terreno del crecimiento”.
Desde luego, el estudio reconoce que “todas las sociedades del mundo tienen estructuras desiguales de poder y riqueza. Sin embargo, en los países desarrollados, este poder está controlado en parte por instituciones que se encargan de hacer las veces de contrapeso. Estas instituciones van desde las designadas para compensar el poder del Ejecutivo, mediante la independencia de los poderes Legislativo y Judicial, hasta los organismos reguladores de sectores específicos”.
Pero en países sumidos en trampas de desigualdad, aunque formalmente existan los mismos contrapesos de poder político y similares instituciones reguladoras, tales entidades no cumplen realmente su función. Por una parte, “los reguladores débiles pueden quedar ‘capturados’ por las empresas a las que deben regular, de la misma manera que un sistema judicial débil se inclinará probablemente a atender los intereses de los más ricos y poderosos”. Por otra parte, “la política puede sufrir dos tipos de distorsión: cuando el diseño de las políticas sirve directamente a intereses poderosos y cuando los diseñadores de políticas se ven forzados a poner en marcha políticas subóptimas para alcanzar sus objetivos, dado el veto de facto de los grupos poderosos a las reformas óptimas”.
Esto último fue exactamente lo que ocurrió con la minirreforma tributaria, subóptima respecto a la que México requiere para superar su enorme rezago tributario (estimado en 10% del PIB) y para atender sus enormes carencias de bienes públicos (en educación, salud, infraestructura, etcétera), dejando en gran medida intocados los privilegios fiscales de los poderes fácticos.
Por eso, “la expulsión del poder del dinero de los procesos electorales” tiene una enorme relevancia para el desarrollo económico de México. En un estudio paralelo al arriba citado, que integra su Informe sobre el desarrollo mundial 2006, el Banco Mundial encontró: “La desigualdad de poder conduce al establecimiento de instituciones que perpetúan las desigualdades en cuanto a poder, condición social y riqueza, y que suelen ser perjudiciales para la inversión, la innovación y la voluntad de asumir riesgos en que se basa el crecimiento a largo plazo”.
En efecto, puesto que las instituciones determinan las reglas del juego y los incentivos para las actividades económicas, cuando son sustantivamente inequitativas resultan perjudiciales para la mayor parte de los agentes económicos —empresarios, asalariados y trabajadores por su cuenta—, de manera que afectan negativamente el desarrollo de la economía nacional.
En consecuencia, para encontrar los caminos de la prosperidad, la construcción de una institucionalidad equitativa es factor esencial. De allí la importancia de estos primeros pasos, así como de la conciencia del camino por recorrer.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM