Leonardo Curzio
En este país nos gusta idealizar, hablar del México que podríamos ser, de las oportunidades que estamos perdiendo, pero a la hora de hacer lo necesario para que algunos proyectos se materialicen, empezamos a encontrar resistencias que reflejan nuestra peculiar idiosincrasia.
Una idiosincrasia que refleja siempre su desdén por el interés común. Tendemos a defender exclusividades, tratos preferenciales, arreglos históricos y otra larga serie de exclusiones para cumplir con la regla general.
En México, el particularismo es una pesada realidad que explica nuestra historia e hipoteca nuestro futuro. Todos los grupos se sienten legitimados para pedir un trato diferenciado por razones que consideran inobjetables. No paso revista a todas las exclusiones por no aburrir al lector, pero van desde los microbuses que ahora se amparan para no cumplir el reglamento de tránsito, ¡porque las multas les parecen muy elevadas! hasta un debate poco decoroso que se ha dado en los sectores económicamente más poderosos respecto a la CETU.
Si ponemos sobre la mesa un razonamiento simple, es difícil no alarmarse por el débil compromiso que las grandes empresas tienen con el erario público. Si el pago por concepto del ISR asciende a 28% por ejemplo, se podría suponer, extrapolando lo que sucede con los asalariados, que con las deducciones que la ley autorice, el monto de los impuestos a pagar difícilmente bajará de 20%. Por lo tanto, si se establece un impuesto de control entre 19 y 16% una empresa que tribute su ISR correctamente no debería tener problemas con la CETU salvo por la doble contabilidad. Pero a juzgar por los datos agregados y las reacciones de sectores empresariales, la contribución al erario debe ser bastante más baja, de allí la alarma que suscita la CETU.
Se habla mucho de los “Pactos de la Moncloa” y su benéfico efecto en la modernización de España, pero éstos no fueron otra cosa que un arreglo político-social para distribuir las cargas fiscales. Aquí somos muy celosos de la honra pero a la hora de tributar, todo aquel que tiene alguna influencia en la decisión hace valer su causa para pagar menos y casi siempre lo logra. Cambiar supone un sacrificio que en este país nadie parece dispuesto a hacer. Otra evocación frecuente es ese lugar común de que el ciudadano se resiste a tributar porque no sabe bien en qué se gasta y no ve servicios decorosos a cambio. Esta afirmación me parece una simpleza disfrazada de teoría social. Claro que es mejor tributar y recibir a cambio servicios públicos, pero los que eluden al fisco no lo hacen por eso, sino porque tienen poder para hacerlo.
¿O acaso el trabajador de clase media se resiste a pagar el IVA o la tenencia o el ISR hasta no ver servicios decentes? No se paga porque se tiene el poder de no hacerlo. El gran historiador John H. Elliott, al explicar el orden colonial nos recuerda en su monumental libro Imperios del mundo atlántico lo siguiente: “A pesar de los intentos de las autoridades de poner fin a sus exenciones (fiscales), los mestizos compartían con los criollos el privilegio de no pagar impuestos directos. Esto les daba pleno aliciente para diferenciarse de los indios tributarios” (pág. 266).
Hemos forjado una sociedad que considera que la jerarquía social se marca, entre otras cosas, por la posibilidad de no contribuir equitativamente con el erario público. En la Colonia se pensaba que para eso estaban los indios, después de todo los criollos y los mestizos se sentían los continuadores de la edificación de esta nación. En los tiempos modernos los indios tributarios parecen ser los asalariados que son los que con entereza pagan y no tienen ni deducciones ni servicios de calidad.
Analista político