Miguel Carbonell
Ahora que se ha cerrado, al menos jurídi camente, el caso de la muerte de Ernestina Ascencio, creo que es momento de sacar algunas conclusiones que puedan servir para evitar en el futuro la feria de descalificaciones y suspicacias a la que asistimos en las últimas semanas.
La primera conclusión que se impone es que hubo al menos un conjunto de infundios y juicios ligeros emitidos por diversos analistas y comunicadores, que se revelaron sin sustento conforme las investigaciones periciales iban avanzando. Pese a ello, algunos insistieron en su hipótesis inicial, aún sin contar con ninguna evidencia sólida para hacerlo. Eso demuestra la fragilidad y la superficialidad del debate público mexicano.
Hubo quien desde las páginas de un periódico exigía la inmediata remoción por parte del Senado del presidente de la CNDH, cuando todavía las investigaciones no habían terminado. Es más fácil descalificar que rectificar, no cabe duda.
Una segunda lección tiene que ver con la forma en que los órganos públicos se comunican con los ciudadanos. Y en este punto los problemas son al menos dos. ¿Cómo es posible que en el famoso comunicado número 019 la Sedena haya dado por hecho que contaba con muestras de líquido seminal, que luego no aparecieron por ningún lado y cuya existencia y/o recepción fue negada por la propia secretaría?
Segundo punto: ¿cómo es posible que la Procuraduría de Veracruz haya filtrado a los medios de comunicación una foto de la primera autopsia practicada a Ernestina, en la que se le ve acostada en la mesa del forense con una mancha de sangre junto a su cabeza, violando de esa manera su derecho a la intimidad y el derecho de sus familiares a ver resguardado correctamente el cadáver? Y más todavía: ¿cómo es posible que semanas después de ese doble desaguisado (iniciador en buena de los posteriores malentendidos) no haya un solo responsable, no se le haya pedido la renuncia a nadie en la oficina de comunicación social de la Sedena por el comunicado o en la procuraduría veracruzana por la filtración?
Parece obvio que todavía tenemos mucho por aprender en materia de comunicación social, sobre todo cuando se trata de casos tan delicados; en este aspecto también la CNDH y desde luego el presidente Calderón deben sacar sus propias conclusiones.
La tercera lección del caso de Ernestina la podemos advertir en lo sucedido durante la comparencia del doctor Soberanes en la Cámara de Diputados. Algunas legisladoras parecieron apuntarse a la actitud facilona de la descalificación y no permitieron que la CNDH ofreciera las únicas evidencias que les hubieran permitido dar con la verdad, las cuales se encontraban en los datos científicos sacados de las pruebas forenses y periciales. ¿Qué ganamos los ciudadanos viendo a los diputados linchar a un alto funcionario público? ¿Qué harán esas diputadas ahora que todas las instancias responsables han llegado a las mismas conclusiones?
Podemos ser críticos con el mal manejo comunicativo del caso de Ernestina Ascencio, pero eso no basta para acreditar una violación tumultuaria. No hay un solo juez en el mundo democrático que condene penalmente a una persona por haberse equivocado al redactar un comunicado de prensa. Eso se llama torpeza y falta de profesionalismo, no violación.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM