El fenómeno de las adicciones en México ha adquirido dimensiones alarmantes en las últimas décadas, tanto por el incremento en el consumo como por las implicaciones sociales, legales y de salud pública que representa. Las drogas legales —alcohol y tabaco— siguen siendo las más consumidas, pero las sustancias ilegales, como la marihuana, las metanfetaminas y los opioides sintéticos, han ganado terreno entre distintos sectores de la población, incluidos adolescentes y jóvenes.
El alcohol, la droga más utilizada, tiene una fuerte presencia entre menores de edad, seguido por el tabaco. En cuanto a las drogas ilegales, la marihuana ocupa el primer lugar, pero preocupa el avance del consumo de metanfetaminas, cocaína y más recientemente el fentanilo, una sustancia con alto poder adictivo.
El consumo de drogas legales está socialmente aceptado y en muchos casos promovido en contextos familiares y festivos. Esta normalización dificulta los esfuerzos de prevención, especialmente en edades tempranas. En paralelo, el debate legislativo sobre la regulación de la marihuana contribuyó a una percepción social menos negativa de su uso, sobre todo en jóvenes.
El tráfico y la distribución de drogas ilícitas están vinculados con los altos niveles de violencia que afectan a distintas regiones del país. El fenómeno del narcomenudeo en zonas urbanas, así como el cultivo y trasiego en zonas rurales, generan enfrentamientos, extorsión y corrupción.
La infraestructura disponible para el tratamiento de adicciones es insuficiente, especialmente en zonas rurales e indígenas. Existen pocos centros públicos especializados y varios centros privados de rehabilitación -popularmente conocidos como albergues- operan sin regulación ni personal capacitado, lo que en algunos casos ha derivado en violaciones de derechos humanos y tratamientos ineficaces; sin embargo, es alentador citar a Alcohólicos Anónimos y a los Centros de Integración Juvenil; ambos organismos integrados como asociación civil, distribuidos en todo el territorio nacional y con importantes logros terapéuticos en su cotidiana labor.
El estigma social asociado a las personas con adicciones continúa siendo una barrera para que accedan a servicios de salud y apoyo psicosocial, particularmente las mujeres.
La política nacional en materia de adicciones ha estado marcada por la fragmentación entre los sectores de seguridad, salud, educación y justicia. Aunque existen programas como los Centros de Atención Primaria en Adicciones y estrategias impulsadas por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, su impacto ha sido limitado -a juicio del autor del este artículo- por falta de recursos, de coordinación interinstitucional y continuidad política.
A manera de conclusión cabe mencionar que el fenómeno de las adicciones en el país requiere una estrategia integral que combine prevención, tratamiento, reducción de daños y reinserción social. Sin este enfoque, los esfuerzos seguirán siendo aislados e insuficientes frente a una problemática que afecta profundamente al tejido social de toda la República Mexicana.