Demetrio Sodi de la Tijera
Conforme pasa el tiempo, en lugar de que cada vez esté más claro el impacto de la reforma fiscal en las finanzas públicas y el crecimiento económico del país, la confusión sobre sus efectos va en aumento.
Mientras que el presidente Calderón sigue insistiendo en que la reforma fiscal propuesta mejorará la competitividad, generará empleos, aumentará la inversión, permitirá construir carreteras, reducirá la evasión y combatirá la pobreza, las cifras que ha hecho públicas la Secretaría de Hacienda desmienten todo lo anterior.
Hace tres semanas, en la quinta reunión del grupo Huatusco, y ante la presencia de más de 50 economistas, el subsecretario de egresos presentó varios cuadros en donde deja claro que la reforma fiscal propuesta, que pretende aumentar los ingresos públicos en 3% del PIB, sólo sirve para evitar que el gobierno caiga en una crisis financiera al final del sexenio, que lo llevaría a un déficit de 3.1% y a un aumento del endeudamiento público de 22.1% a 26.5% del PIB.
Según los datos de Hacienda, el costo de las pensiones del sector público aumentarán de 2.2% del PIB en 2006, a 3.2% en 2012, los Pidiregas pasarán de 50 mil millones de pesos a más de 160 mil, un 0.9% adicional del PIB, los gastos de operación no programados y los subsidios aumentarán otro 1.1 % del PIB y calculan que habrá una reducción de 1% del PIB en los ingresos petroleros. Por otro lado, esperan ahorros de 0.4% en servicios personales, y un aumento de ingresos no petroleros de 0.5%, lo que da como saldo 3.1% del PIB de recursos adicionales que le urgen al gobierno para no caer en una situación crítica en el 2012.
De ser veraces las cifras de Hacienda, la reforma fiscal no representa la panacea que dice el gobierno, y no va a provocar ni más crecimiento, ni más empleo, ni más inversión; sin embargo, sigue siendo muy urgente, ya que de no aprobarse, las repercusiones en la estabilidad financiera y económica del país serían muy negativas.
La reforma fiscal urge, la propuesta por el gobierno o cualquier otra, y en estos momentos es responsabilidad del Congreso encontrar la mejor fórmula para lograr aumentar la recaudación en tres puntos del PIB. Si bien no es fácil incrementar los ingresos en tres puntos para finales de sexenio, hay que tomar en cuenta que 1.2% de los ingresos adicionales que se requieren vienen de mayor eficiencia por parte del SAT, o sea que la reforma fiscal o miscelánea que apruebe el Congreso tiene que garantizar un 1.8 % más del PIB, que es lo que podría dar la CETU.
El gobierno, y en especial la Secretaría de Hacienda, deben estar tranquilos, ya que el Congreso no puede dejarlos colgados, ignorando el problema financiero, y poner en riesgo la estabilidad económica nacional.
Esta es la parte buena de la historia que estamos viviendo, el gobierno ha logrado sensibilizar a la opinión pública sobre la urgencia de la reforma, y todas las fuerzas políticas y sectores productivos están conscientes de que ya no podemos seguirle dando largas al problema de la bajísima recaudación.
La necesidad de la reforma fiscal es incuestionable para todos, pero como queda claro por los datos de Hacienda, no es la solución a los problemas de falta de inversión pública, y por lo tanto no es una reforma suficiente para impulsar la economía y el empleo.
Eso es lo malo de toda esta historia, la discusión se ha limitado a ver cómo se resuelve el problema financiero del gobierno en el corto plazo, y no existe ninguna propuesta para incentivar la economía y crear los empleos que se requieren. Lo que cada día queda más claro, es que el gobierno no sabe, o no nos ha dicho, qué estrategia tiene para salir de la mediocridad económica en la que hemos estado sumidos los últimos 25 años.
demetriosodi@hotmail.com Analista político