Jorge Luis Sierra
El nuevo intento de reforma del Estado que vive el país podría enriquecerse con un proceso que conduzca a la elaboración de una política de defensa nacional y la realización de una reforma militar.
Algunas propuestas de los partidos políticos para modificar el régimen de Estado y de gobierno tienen implicaciones para las Fuerzas Armadas. Una de las más importantes es la creación de la figura de un jefe de gabinete o de gobierno que pudiera ser ratificado por el Congreso.
Esta propuesta, proveniente del PRI y del PRD, aparte de acercar nuestro sistema de gobierno a la práctica de los regímenes parlamentarios, podría implicar la creación de una figura política intermedia entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas y el Presidente de la República en su calidad de comandante supremo.
¿Habría consenso en los mandos militares para aceptar esta intermediación? Probablemente no. La última experiencia de coordinación del gabinete de Orden y Respeto que intentó al principio la administración del presidente Vicente Fox resultó ser un desastre, se precipitó con la falta de cooperación de los militares y provocó que el propio Fox terminara coordinando él mismo su propio gabinete.
Los mandos militares no parecen ser los únicos que tienen reservas ante la creación de figuras intermedias entre las Fuerzas Armadas y el titular del Poder Ejecutivo. También los propios legisladores. La Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, aprobada por el Congreso, establece que el secretario de la Defensa Nacional será un general de división del Ejército.
Los términos de esta ley impiden que un general de la Fuerza Aérea sea elegible como secretario de la Defensa Nacional y contradicen el artículo 91 constitucional, que establece que para ser secretario del despacho se requiere sólo ser mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos.
Algunos mandos y jefes militares han empezado a manifestar interés en la idea de un secretario civil de la Defensa Nacional o de Marina y han observado con atención qué sucede con los ministros civiles de la Defensa en otros países de América Latina.
A pesar de que han ocurrido casos aislados de corrupción, la experiencia de los ministros civiles de la Defensa ha permitido una nueva fase de cooperación entre civiles y militares, la elaboración colectiva de una política de Defensa, la modernización del equipamiento militar, la definición del presupuesto necesario y el inicio de una reestructuración de las Fuerzas Armadas que corresponda a los intereses y objetivos nacionales.
Estas ideas no son extrañas en México. En mesas anteriores de la reforma del Estado han surgido otras ideas importantes sobre la reforma militar: la fusión de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en una sola dependencia que podría estar encabezada por un civil o un militar, activo o retirado; la creación de tres Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), cada una con su mando operativo, pero coordinadas por un Estado Mayor conjunto; la revisión de las normas legales para evitar arbitrariedad y favoritismos en materia de ascensos, recompensas, remuneraciones y disciplina; la revisión del fuero militar y la independencia necesaria de los jueces militares respecto de los mandos castrenses, así como el mejoramiento del sistema de seguridad social para los militares.
Algunas de las ideas que han surgido en esta nueva etapa de reforma del Estado tienen el consenso de las fuerzas políticas principales en el Congreso. Entre ellas está el fortalecimiento de las comisiones legislativas. Sin embargo, otras mesas de trabajo con organizaciones civiles y de académicos especializados en temas de seguridad han ido un poco más allá de ese consenso y proponen ampliar las facultades de las comisiones legislativas en materia de defensa nacional para que éstas puedan intervenir en la auditoría del ejercicio de las partidas presupuestales de las Fuerzas Armadas.
Existe el riesgo de que la modernización militar que ya se emprendió desde hace unos 10 años en las Fuerzas Armadas se enfrente con un problema de falta de presupuesto, como está sucediendo con la Armada de México y también en parte con la Fuerza Aérea.
Ambas fuerzas necesitan inversiones considerables en tecnología para vigilar con más eficacia las fronteras aéreas y marítimas y, entre otras tareas, prevenir la introducción de drogas o armas al país. Sin embargo, esa inversión implica una redefinición de los objetivos nacionales en materia de defensa y la redistribución del presupuesto militar.
Si persiste la tardanza en la elaboración de la política de defensa y reforma de las Fuerzas Armadas, los mandos civiles mexicanos reiterarían el mensaje tácito que han enviado a los militares en los últimos 90 años: definan por sí mismos el camino y tiempo de su propia modernización, pero no interfieran con nuestra responsabilidad para gobernar al país y reformar sus instituciones.
Este pacto no escrito ha permitido que los civiles gobiernen al país desde 1946 sin interferencias militares, pero también ha engendrado un grado de autonomía corporativa que podría representar un obstáculo para disminuir las prerrogativas militares en un proceso de reforma del Estado.
Hace ya más de 150 años que México no debate los temas de qué Fuerzas Armadas necesita el país y para qué las requiere. No debería haber ningún impedimento para que legisladores, funcionarios de gobierno, académicos, representantes de organizaciones sociales y miembros de las Fuerzas Armadas empiecen a debatir el contenido de una política de defensa nacional y de una reforma militar.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas