Mauricio Merino
Tengo para mí que la reforma electoral que está en curso puede convertirse, si así se lo proponen los legisladores que la están procesando, en el principio de una verdadera reconstrucción de los acuerdos políticos y de la confianza social que hizo posible la transición democrática en México. Pero no será una tarea fácil, y podría volverse imposible si la nueva composición del Consejo General del IFE se aprueba sin el respaldo de un firme consenso político.
Los desarreglos que hicieron crisis en las elecciones de 2006 comenzaron en el desacuerdo sobre la integración del IFE en el año 2003. Y si bien sería tan injusto como inexacto cargar todas las causas de la crisis política del año pasado a ese desencuentro, lo cierto es que la operación de la reforma constitucional recién aprobada reclamará un compromiso mucho más firme de los partidos políticos con las reglas y con las autoridades que ellos mismos habrán de renovar antes de que concluya este año.
Nadie sensato debería aceptar el desacuerdo político como punto de partida en la elección de las autoridades electorales. Si algo ha justificado el cambio en la integración del Consejo General del IFE ha sido, precisamente, la oferta de un nuevo arreglo político con un horizonte de largo aliento. Tal como sucedió en 1996, los partidos han decidido renovar a las autoridades electorales y otorgarles nuevas atribuciones, como una condición aceptada para reconstruir el consenso y retomar la ruta originalmente pactada para consolidar el régimen democrático.
Además lo han hecho añadiendo el muy sano ingrediente de una amplia consulta a la sociedad y previendo el cambio escalonado de los consejeros electorales. De modo que el consenso en su nombramiento sería una forma de asegurar la equidistancia de los consejeros frente a los partidos políticos, como una clave de su independencia.
Fue una muy buena señal que la reforma constitucional contara con el respaldo de las principales fuerzas políticas del país, pues el consenso no equivale al derecho de veto. Nunca he pensado que la unanimidad deba ser una condición del juego parlamentario, pero lo menos que puede pedirse es que los partidos que diseñaron y defendieron la reforma constitucional sostengan su palabra con las decisiones que siguen y que no serán sino la secuela de sus acuerdos previos.
No obstante, es necesario advertir que el trayecto por recorrer todavía tiene riesgos. El más obvio está en el detalle de los cambios legales que ahora mismo se están discutiendo en las cámaras. No tendrán la misma dimensión que la reforma constitucional ya producida, pero pueden convertirse en la manzana de la discordia si los partidos no actúan con cautela, y pueden acabar influyendo en los acuerdos indispensables para renovar las autoridades. También hay un riesgo evidente en el método que se adopte para consultar a la sociedad, si en lugar de buscar la confianza pública se opta por destruir biografías o por abrir la puerta a las presiones sociales, como si se tratara de una campaña política y no de una elección basada en trayectorias y razones profesionales.
Pero quizá el riesgo más peligroso está, paradójicamente, en la fórmula de la renovación parcial del Consejo General del IFE que acuñaron los propios partidos. Vale la pena explicarlo: según el artículo cuarto transitorio del dictamen finalmente publicado, lo que hará la Cámara de Diputados será integrar ese consejo de manera completa. Para subrayar ese propósito (que apunta bien hacia la reconstrucción del consenso), los redactores de la reforma optaron por el verbo elegir. Lo que significa que todos y cada uno de los nueve nombres que formarán parte de la nueva integración del IFE tendrán que someterse a votación.
No sólo serán electos dos nuevos consejeros electorales y un nuevo consejero presidente, sino todos los miembros de ese cuerpo colegiado. La diferencia estará en el universo elegible y en los plazos de los nombramientos: el consejero presidente se elegirá por separado, y su mandato concluirá el 30 de octubre de 2013; se elegirá después a dos nuevos consejeros electorales, que tendrían ese cargo hasta el 30 de octubre de 2016; y por separado, se elegirá, de entre los ochos consejeros electorales en funciones, a tres más que concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y, finalmente, a otros tres (de este mismo universo restringido) que terminarán su encargo hasta el 30 de octubre de 2010. Pero todos serán electos como si se tratara de la primera vez: desde el punto de vista constitucional (y también político) no habrá tres nuevos y seis veteranos, sino nueve integrantes del Consejo General del IFE electos por igual (y en iguales condiciones formales de origen) para darle cumplimiento a los nuevos mandatos de la Constitución.
El riesgo al que me refiero es que los partidos, del mismo modo que la mayor parte de los analistas que han hablado hasta ahora del tema, supongan que se trata de dos grupos distintos (los tres nuevos y los seis veteranos) y generen consensos diferenciados (o incluso antagónicos) en cada una de las designaciones que ordena la Constitución. Sería lamentable que algunos de esos nombramientos tuvieran el respaldo de todos los partidos, mientras que otros asumieran su puesto en medio de una nueva disputa política, pues el Consejo General del IFE debe actuar como un cuerpo colegiado y articulado. En más de un sentido no sólo significaría la negación de las decisiones ya tomadas en la letra de la Constitución, que ordenan integrar al Consejo en su conjunto, sino que además podría inyectar un nuevo factor de incertidumbre y recelo entre los miembros de ese órgano electoral.
Es preciso que los diputados federales conjuren ese riesgo, para dotar a las nuevas autoridades electorales que designarán pronto, del aval político y la eficacia operativa que necesitarán desde un principio para lidiar con la reforma pactada. Para reconstruir el acuerdo político en esta materia, hay que volver a empezar la tarea, con todos los miembros del nuevo Consejo General del IFE.
Profesor investigador del CIDE